Colombia

Santos, Bessudo y el pacto ambiental

Rafael Colmenares

15/07/2010

Opinión

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El nombramiento de Sandra Bessudo como titular del proyectado Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido la excepción a la buena acogida que han tenido los demás ministros hasta ahora anunciados por el nuevo Presidente. Si bien es la segunda ministra que proviene de las ONG´s ambientalistas, como fundadora y presidenta de la Fundación Malpelo, la cuarta mujer que ocupa la cartera, no tardaron en aparecer los reparos a ser la hija de quien detenta importantes concesiones de servicios turísticos en varios de los más emblemáticos Parques Nacionales Naturales de Colombia. Un reciente editorial de El Espectador advierte que “Resta por ver si sus capacidades como activista, que algunos ya reducen a simple hobby, son suficientes para pasar de la conservación al desarrollo sostenible, como quiera que el país está próximo a entrar en una bonanza minera, lo que puede generar, como se sabe, consecuencias irreparables para el medio ambiente”.

Es indudable que el medio ambiente adquiere cada vez más importancia en la política nacional y mundial. Hechos como el angustioso avance de los cambios climáticos y sus secuelas de aumento de la temperatura y eventos extremos como las inundaciones; desastres como el derrame de petróleo en el Golfo de México o en la desembocadura del Níger, reactualiza la problemática ambiental a la cual se ha querido escapar o minimizar.

El asunto entonces deja de ser trivial. Por ello el examen de las perspectivas del nuevo Gobierno y la capacidad de sus principales gestores es importante y legítimo.

Sandra Bessudo y un sector de importantes ambientalistas, en su mayoría ex funcionarios, promovieron el denominado “Pacto Ambiental”, suscrito por todos los postulantes a la Presidencia de la República que midieron fuerzas en la primera vuelta. Dicho pacto visible en “pactoambientalcolombia.com”, identifica una crisis ambiental en torno al cambio climático y la degradación eco sistémica del planeta y el territorio colombiano en particular. Al suscribirlo los candidatos, entre ellos el hoy Presidente electo se comprometieron a ir “… reemplazando un modelo de desarrollo insostenible por otro que coloque la sostenibilidad como el empeño primordial de la sociedad colombiana y de su Gobierno”. Concretando prometieron, entre otras cosas: “Poner en marcha las herramientas económicas, jurídicas, tecnológicas y educativas para adaptar o reducir nuestro consumo en función de las exigencias ecológicas y sociales actuales y futuras” y “Acometer inmediatamente una revisión profunda de las políticas actuales en materia de energía, transporte, minería, urbanismo, educación, agricultura y ciencia y tecnología para enmarcarlas en mi Gobierno en criterios de sostenibilidad.”

El Pacto desarrolla luego propuestas en temas como economía, energía, agricultura y medio rural, territorio, transportes, fiscal, biodiversidad, salud, investigación, política internacional, actividad pesquera y educación. Es notoria la ausencia del agua, a la cual solo se alude a propósito de la contaminación. Es protuberante la omisión del movimiento que recogió más de dos millones de firmas para convertir el acceso al agua potable en derecho fundamental y proteger los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico, entre otras cruciales propuestas.

A pesar de la ausencia anotada no puede sin embargo desconocerse que el mencionado pacto constituye un avance y una acción audaz de un sector del ambientalismo ligado en su mayoría a los gobiernos anteriores y a las grandes ONG´s de perfil conservacionista.

Qué posibilidades tengan de concretarse tan promisorias perspectivas es harina de otro costal. Para empezar el contraste con las 110 iniciativas del “Buen gobierno para la prosperidad democrática” es abrupto. Una de las “cinco locomotoras” de los propósitos desarrollistas planteados por Santos es precisamente la minería (iniciativa 30). Este propósito se reafirma cuando, en la iniciativa 92, se dice: “La minería se mantendrá como punta de lanza del país”, para lo cual “la regla de oro es atraer más inversionistas de talla mundial…”. Interrogada sobre este aspecto por María Isabel Rueda, en reciente entrevista publicad en El Tiempo, la nueva ministra responde que se estudiarán “mina por mina” los impactos ambientales de esta actividad. ¿Dónde queda entonces la revisión profunda de la política minera, que se anuncia en el Pacto Ambiental?

Al respecto vale la pena traer a cuento la siguiente reflexión de Gustavo Wilches: “No se entiende, entonces, cómo es posible que en los mismos días en que el IDEAM presentaba la Segunda Comunicación sobre Cambio Climático y formulaba una serie de recomendaciones basadas en el fortalecimiento de los ecosistemas y de su capacidad para prestar los servicios ambientales de los cuales depende hoy -y va a depender cada vez más- la posibilidad de las comunidades urbanas y rurales para seguir habitando los territorios colombianos, el Estado estuviera subastando en Cartagena 48 millones de hectáreas (más exactamente 47'665.054) del territorio colombiano, para dedicarlas a la extracción de petróleo y a la minería”[1].

Preocupa además que Sandra Bessudo le haya confesado a María Isabel Rueda que su principal preocupación es la minería ilegal. ¿Significará esto que se empleará a fondo en combatir la pequeña minería a que se dedican tantos colombianos carentes de empleo y alternativas, mientras que las transnacionales cuentan con una legislación a la medida? No se desconoce el efecto negativo de la pequeña y mediana minería para el medio ambiente pero, si en vez de buscarle salida al problema social se descarga sobre este sector todo el peso de la Ley mientras la gran minería hace de las suyas y causa un daño mucho mayor no deja de ser incongruente e injusto.

La promoción de energías alternativas (solar, eólica, etc.) es central para combatir el cambio climático y así lo reconoce y proclama el pacto ambiental. Sin embargo el programa de Santos anuncia: “Vamos a encontrar nuestro petróleo” (iniciativa 88), para “crecer y generar empleo”. El nuevo Gobierno apuesta por los combustibles fósiles, entretanto las energías limpias solo se implementaran en las zonas no interconectadas (iniciativa 91), es decir marginales.

El “Turismo por cielo, tierra y mar” y “Colombia, mejor destino turístico de Latinoamérica”, son iniciativas que plantean el ecoturismo y el agroturismo al lado de la concepciones tradicionales de esta actividad, por cierto altamente destructiva del paisaje, en la cual se mezclan grandes puertos fluviales (¿dragados, trasvases, muelles?) en el moribundo Magdalena y el estratégico Amazonas. Aquí se ponen de relieve el conflicto de intereses entre la anunciada Ministra y los negocios de su padre. Es cierto que los servicios ecoturísticos en los Parques Nacionales siempre habían sido entregados en concesión a particulares, que nunca fueron del todo satisfactorios, pero el grado de elitización que han alcanzado desde que fueron confiados a Aviatur no registra antecedentes. Una luna de miel de tres días en el Parque Tayrona vale 3 millones de pesos y la noche adicional $ ¡760.000! (ver aviatur.com). ¿Cuál será la posición de la nueva ministra en la discusión y adopción de las políticas turísticas? ¿Bastará con un Ministro(a) ad hoc?

En cuanto a las metas de reforestación, cien mil hectáreas por año resultan bastante modestas frente a la magnitud que este fenómeno ha alcanzado en el país, con las sucesivas ampliaciones de la frontera agrícola que se aproxima al 40% del territorio nacional. Preocupa la insistencia del Presidente electo en castigar las tierras “ociosas” lo cual ha significado, en el pasado, deforestación a fin de demostrar “mejoras” que eludan las consecuencias de dicha ociosidad. Sin suficiente claridad esto último bien podría anular los propósitos reforestadores. Al tiempo no se dice una palabra sobre las treinta millones de hectáreas destinadas a una ineficiente ganadería extensiva, ligada en muchos casos al narcotráfico y el paramilitarismo.

Mucho se podría decir sobre el programa del nuevo gobierno y sus contradicciones con el compromiso adquirido al suscribir el “Pacto Ambiental” pero es evidente que está lejos de honrar el compromiso de “ir reemplazando el modelo de desarrollo insostenible”. Por cierto, fue entregado esta semana el tercer informe del PNUMA sobre perspectivas del medio ambiente en América Latina y el Caribe (Geo ALC 3). Luego de advertir sobre varias amenazas entre ellas que para 2020 entre 12 y 81 millones de personas se verán afectadas por el aumento del déficit hídrico, el informe señala la necesidad urgente de lograr consensos en materia de construcción de marcos institucionales que promuevan efectivamente el desarrollo sostenible y la integración de las consideraciones ambientales y la internalización del valor de los ecosistemas y los servicios ambientales a las políticas de desarrollo de cara a la cumbre de Río+20 a celebrarse en Brasil en 2012. ¿Con qué balance llegará Colombia a tan importante cita?

- Rafael Colmenares es Ambientalista - Vocero del Comité Promotor del Referendo por el Derecho Humano al Agua

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 215, Corporación Viva la Ciudadanía, www.viva.org.co

[1] Véase “La segunda comunicación …”, 5 de Julio de 2010, en henosaquiwilches.blogspot.com

https://www.alainet.org/pt/node/142876