¿Que dizque después de la desmovilización paramilitar de 2004 se acabaron sus crímenes?

El último boletín de noticias del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, un proyecto de producción agropecuaria que viene adelantándose en esa región desde 1992 bajo orientación de la comunidad jesuita, dice otra cosa. “El 5 de febrero de 2007 —afirma— fueron los funerales de Gilberto Hernández en San Vicente de Chucurí. Lo asesinaron en Llana Caliente. Dos hombres en una moto se le acercaron cuando llegó a despresar la res semanal para la vereda. Delante de los vecinos le entregaron un mensaje escrito y le descargaron cinco disparos. Gilberto era el líder de cohesión del pueblo y su liderazgo se extendía sobre gremios y asociaciones de la parte baja de San Vicente; casado con Rosmira, presidenta de la Junta de Acción Comunal, deja dos hijos y dos hijas. Era secretario de la junta directiva de Agroinsa y operador del proyecto de yuca del Laboratorio de Paz, que financia la Unión Europea. Fue un asesinato selectivo, para crear pánico. Todos los indicios recaen sobre un grupo paramilitar que llegó cobrando impuestos para ofrecer seguridad y Gilberto se negó decididamente, advirtiendo que el Estado había definido que no había más paramilitarismo”.

“Hace quince meses, a diez kilómetros de allí, en Albania, los paramilitares asesinaron a Abel Cossio, quien coordinó el proyecto de letrinas para los campesinos de la vereda, otro proyecto del Laboratorio de Paz; Rosalía, la mujer de Abel, puso un puesto de comida en las calles de Bucaramanga para financiar el futuro de sus hijos porque temía quedarse en la zona”.

“Los líderes de la cordillera de San Lucas, un hombre y dos mujeres de claridad y grandeza, que han llevado las conversaciones en la montaña, tienen ahora casa por cárcel gracias a un juez de Simití que comprendió que no estaba ante terroristas sino ante trabajadores por la paz que dialogan con los actores armados para proteger a sus comunidades. Estamos esperando la sentencia definitiva del juez después de la audiencia pública del 18 de enero. Han pasado 14 meses detenidos. Habían defendido la hegemonía de su comunidad de Micoahumado ante paramilitares y guerrilleros. El fiscal, llevado en un helicóptero por los militares, los sacó de sus casas, en el pueblito, señalando que eran guerrilleros porque habían conversado con la guerrilla. No se los retuvo por hablar con los paramilitares, igualmente considerados terroristas por el Estado. Se los judicializó por hablar con la guerrilla. Nadie en el Magdalena Medio ha sido judicializado por hablar con los paramilitares”.

El 9 de febrero de 2007, cuando terminaba sus labores diarias, fue detenido Alberto Pumarejo, de profesión albañil. Tres personas armadas llegaron a su lugar de trabajo (la construcción del supermercado Mercadefur, de Bucaramanga) y lo obligaron a subir a un vehículo de color rojo, de cuatro puertas, en el cual fue conducido a las afueras de la ciudad, por la vía que conduce a la ciudad de Cúcuta. Los captores iban acompañados por una mujer que lo señaló como comandante del 24 frente de las Farc. Le manifestaron que si no colaboraba con ellos lo matarían. Las amenazas de muerte lo obligaron a admitir que era guerrillero y que entregaría unas supuestas caletas de armas en la ciudad de Barrancabermeja. Lo trasladaron a las instalaciones de la Quinta Brigada y posteriormente lo llevaron a su casa de Bucaramanga, donde vive con su esposa y sus cinco hijos menores. A la esposa le entregaron veinte mil pesos, le dijeron que eran ingenieros y que se llevaban a Alberto a realizar un trabajo en Mercadefur. Lo regresaron a las instalaciones de la Brigada y a las 5 de la mañana del 10 de febrero emprendieron viaje hacia Barrancabermeja. Entraron al barrio Boston, donde supuestamente habría una caleta con armas de la guerrilla, y lo pusieron a cavar el terreno para localizarla. Como nada se encontró, le advirtieron que lo iban a matar y a enterrar en la zanja que él mismo había abierto. Después lo trasladaron al barrio Primero de Mayo, a la casa de una hermana suya, de donde logró escapar de los captores. La Organización Femenina Popular puso la denuncia ante la Policía y los supuestos militares fueron capturados y entregados al Batallón Nueva Granada. Ahora Pumarejo y su familia temen por sus vidas, pues fueron advertidos de que si el rehén escapaba serían asesinados. Una persona que denunció la desaparición de Pumarejo, Katherine González, fue desaparecida durante 27 días, y solo la rápida y eficaz denuncia regional, nacional e internacional obligó a los criminales a cambiar sus planes el pasado 12 de marzo, cuando fue dejada con los ojos vendados en los alrededores de la Terminal de Transporte de Bucaramanga.

Esa es la verdad de las cosas, no la propaganda del Gobierno. El 6 de noviembre del año pasado el Pnud denunció una vez más los alcances del delito de desaparición forzada en Colombia, que viene rastreándose desde 1977, cuando se hizo público el primer caso: el de Omaira Montoya, bacterióloga de 34 años y militante del M19 que desapareció en la ciudad de Barranquilla junto con su novio (él fue torturado y ella nunca regresó). Hoy los desaparecidos suman entre 3.000 y 14.000. Nadie tiene una cifra definitiva. La información está completamente dispersa y viene clasificándose solo a partir de noviembre de 2006. La Asociación de Familiares de Desaparecidos tiene registrados 7.800 casos en 27 años, aunque asegura que hay por lo menos 7.000 casos más que nadie ha reportado. En su informe de 2005 el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que había entonces 3.600 desaparecidos por la fuerza. La Comisión Colombiana de Juristas reporta 3.588 desaparecidos en ocho años, es decir, 448 personas cada año. De todas esas víctimas, 507 fueron encontradas asesinadas, en algunos casos con señales de tortura, y del resto (3.081) aún no hay rastro. Por ser un crimen cometido preferentemente por agentes estatales o con su tolerancia, las familias temen denunciar al perpetrador. La desmovilización de más de 30.000 paramilitares ha permitido la ubicación de decenas de fosas comunes: 240 cuerpos de colombianos han sido encontrados y, según la Fiscalía General, se espera encontrar 2.500 más.

Pero el delito de la desaparición forzada sigue su marcha. 839 personas desaparecieron por la fuerza en 2005, y 175 en el primer semestre de 2006, según el Instituto de Medicina Legal. En julio de 2005 el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, entonces de visita en Colombia, conceptuó que la desaparición forzada es un crimen "cometido por agentes estatales o personas que perpetran el delito con su tolerancia, aquiescencia o apoyo". La Comisión Colombiana de Juristas tiene claro que en la lista de presuntos perpetradores aparecen los grupos paramilitares, el Ejército, la Policía y la Armada, en macabro orden de importancia.

Las organizaciones de derechos humanos, desde luego, siguen resueltas a descubrir toda la verdad y denunciarla al mundo entero. Este 13 de abril, en Barranquilla, tiene lugar un encuentro nacional de victimas y familiares de sindicalistas asesinados, y del 26 al 28 estará sesionando en Popayán el encuentro nacional de víctimas afiliadas a organizaciones sociales, cuyas conclusiones serán trasladadas a la Asamblea General de Naciones Unidas.

- Álvaro Delgado, Investigador del Cinep

Fuente: Actualidad Colombiana, Boletín Quincenal, Edición 449
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