Antes de la instalación formal del segundo período del gobierno de Álvaro Uribe, que ocurrirá el próximo siete de Agosto, han sucedido hechos de la mayor trascendencia política. Primero, el ajuste en el gabinete ministerial que muestra las nuevas relaciones del Presidente reelecto con la clase política. Los tires y aflojes de Uribe en su proyecto personalista con la nueva correlación de fuerzas políticas resultantes de las elecciones legislativas realizadas el pasado 12 de marzo. Luego, los episodios vinculados con la conformación de las mesas directivas del Congreso de la República y la puja por el poder en las comisiones constitucionales de Cámara y Senado. Todo esto ha sido cuidadosamente adobado por las revelaciones de la ex diva Virginia Vallejo que comprometen seriamente al establecimiento político con el narcotráfico, pues, revela detalles de la financiación de las campañas desde Belisario Betancur con los dineros del cartel de Medellín, la puja por la extradición como política de Estado y los nexos profundos de sectores del establecimiento con los poderes mafiosos. También adelanta detalles de lo que siempre se supo: entrega de dineros del cartel de Medellín a través de Ernesto Samper para la campaña de Alfonso López Michelsen en 1982. La primera constatación de la puja por el poder de las mesas directivas del Congreso puso de manifiesto la fragilidad y el oportunismo con el que se ha constituido la coalición Uribista. En el fondo, el distanciamiento de Cambio Radical del bloque de la coalición forjada alrededor de la figura de Uribe, no solo tiene que ver con discrepancias con el estilo autoritario del Presidente, sino también y en primer lugar, con parte del contenido de la propuesta uribista a pesar de que Uribe y Vargas Lleras forman parte de la derecha en el país. En términos simples, los rumores de una nueva reforma constitucional para seguir empujando la reelección indefinida de Uribe a través de una reforma constitucional y la adopción de un régimen parlamentario para facilitar esta propuesta han puesto a Vargas Lleras al filo de pasar del uribismo a la oposición. Pero, también, se han escuchado discrepancias con relación al reparto burocrático en que el partido más clientelista de todo el espectro que conforma la coalición de gobierno, el Partido de la U, ha salido ganando en toda la línea. También han salido a flote discrepancias que veremos como se desarrollan en el futuro sobre el contenido de la reforma tributaria. Sectores de cambio radical han dicho que no apoyarán el impuesto a productos básicos de la canasta familiar ni un nuevo recorte a las transferencias destinadas a la educación y a la salud. Falta a ver si estas fracturas son suficientes para que Vargas Lleras asuma una posición más crítica con el gobierno y se acerque al Partido Liberal. Por lo pronto, Vargas Lleras ha reconocido el carácter transitorio de Cambio Radical y ha alimentado la posibilidad de la reestructuración del Partido Liberal. Un segundo hecho que se desprende de esta primera crisis de la coalición tiene que ver con el peso del clientelismo y la corrupción que son parte de esta coalición. Uribe, él que prometió la lucha contra la politiquería y la corrupción ha terminado cogobernando con lo peor del clientelismo liberal y conservador y rodeado de escándalos por tráfico de influencias y corrupción. No se había calmado el debate sobre los préstamos a través del Fondo Ganadero del Caquetá para el narcotraficante “Micky” Ramírez, cuando ahora se comprueba el cambio de una legislación que prohibía la entrada al país de productos tóxicos y contaminantes para favorecer a uno de sus ministros. El cambio lo hizo la saliente Ministra de Medio Ambiente y Vivienda, Sandra Suárez a favor del Ministro de Minas y Energía, Luís Ernesto Mejía cuya familia es la propietaria de baterías Mac. Un tercer elemento de la crisis tiene que ver con la entrada de los llamados purgados a la coalición de gobierno para conformar las mayorías que permitieron la elección de las mesas directivas del Congreso. Allí terminaron las exigencias del Presidente al Fiscal General de la Nación para que investigara los recursos de Convergencia Ciudadana, agrupamiento liderado por Luís Alberto Gil, pero también, a los senadores expulsados del Partido de la U en las pasadas elecciones: Habib Merheg y Dieb Maloof. Estos voticos resultaron decisivos a la hora de subordinar a Cambio Radical. Fueron ellos los que decidieron al final las mayorías a favor del Partido de la U en la conformación de las mesas directivas. En suma, el gobierno para lograr mayorías en el Congreso de la República incluyó dentro de la coalición a los parlamentarios cuestionados por sus nexos con los grupos al margen de la ley o al narcotráfico. Una cosa sobre la que no se ha profundizado tiene que ver con el espionaje que se dice ejerció el gobierno sobre el senador Germán Vargas Lleras: motos buscándolo para ver con quien se reunía e interceptación de comunicaciones. Este estilo político desdice mucho de un gobierno que se proclama respetuoso de la Constitución y de las leyes, pero que en la práctica recurre a métodos que se acercan a la intimidación y a la violación de la intimidad de las personas. Hasta dónde todo esto afecte a la coalición de gobierno y a la permanencia de Cambio Radical en el Uribismo lo sabremos en pocas semanas, cuando comience la discusión de los proyectos regresivos del gobierno en materia tributaria y en materia de transferencias a departamentos y municipios. Allí se advertirá si existen reales diferencias y entonces se podrá reflejar la fortaleza o la debilidad de la coalición de gobierno. Sobre las revelaciones de Virginia Vallejo solo resta señalar que lo que muestran con mayor evidencia es la profunda crisis de la justicia en Colombia. La impunidad es rampante y muchos de los personajes mencionados por Vallejo no solo no fueron vinculados a investigación alguna, sino que siguen en funciones públicas. El cuadro es patético. La Fiscalía debió ofrecer protección a esta calificada testigo. Esto no ocurrió como ya se sabe. Ahora la valiosa información y las pruebas que dice tener reposarán en la Fiscalía de los Estados Unidos y servirán para poner de rodillas a una clase política genuflexa ante el imperio. Ninguna autonomía nacional, ninguna justicia. Madrid, 27 de julio de 2006 - Ricardo De Lima, ensayista Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas N° 0023