Las recientes revelaciones desprendidas, a cuenta gotas, del computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, por filtraciones que se han dado desde la Fiscalía General de la Nación, han comprobado lo que el parlamentario Gustavo Petro Urrego había denunciado desde hacia ya dos años, y que luego la columnista e investigadora Claudia López confirmó en una investigación --sencilla como dice ella—, a través de la revisión juiciosa de las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que los paramilitares habían constreñido a los electores, creando distritos ilegales de votación en los cuales se obligó a los ciudadanos a votar por un determinado candidato al Congreso de la República en las elecciones del 2002.

La prensa viene documentando varios casos. Pongamos, por ejemplo, la elección de Muriel Benito Rebollo, Representante a la Cámara por el Partido Conservador en el período 2002 a 2006. Ella habría sido elegida con el apoyo de alias “Cadena” y alias “Diego Vecino”, quienes tenían un dominio paramilitar, para esa época, en zonas amplias del departamento de Sucre. Según el diario El Tiempo la representante Muriel Benito se hundió en las pasadas elecciones al Senado de la República porque Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” no la apoyó y por el contrario obligó a alias “Diego Vecino” a que se dedicara a la política y a sus negocios de narcotráfico y de muerte en el departamento de Bolívar, mientras que alias “Cadena” desapareció y según lo que aparece en el computador de alias “Jorge 40”, éste decidió apoyar otras candidaturas en el departamento de Sucre en donde ahora manda.

En el Senado de la República según las publicaciones sucedió lo mismo. La Revista Semana señala que los votos del Hospital del municipio de Soledad en el Atlántico se dividieron entre David Char y Dieb Maloof, mientras que se mencionan reuniones sostenidas con alias “Jorge 40” por parlamentarios como la anterior Presidenta de la Cámara de Representantes y actual senadora de la República, Zulema Jattin. En total aparecen mencionados en el computador la senadora Zulema Jattin Corrales, y los senadores Dieb Maloof Cuse, Álvaro García Romero, David Char Navas y Javier Cáceres Leal. Además se menciona a los representantes a la Cámara Héctor Julio Alfonso L, hijo de Enilce López alias “La Gata” y a Lidio García Turbay, representante a la Cámara por el Partido Liberal. También aparece el gobernador del departamento del Magdalena, Trino Luna de quien se recordará fue candidato único a la gobernación de dicho departamento en el 2003 y quien actualmente, dicho sea de paso, además de tener completamente quebrado al departamento pugna por hacerse al control de la Universidad del Magdalena que es la única entidad viable en dicho departamento. La Revista Cambio publicó fotocopias de recibos de pago en el que se desvían dineros públicos para el pago de gastos de la campaña de Trino Luna a la gobernación del departamento.

Entre tanto, la lista es complementada por ex congresistas como la ya mencionada Muriel Benito Rebollo, Vicente Blel –-expulsado de las listas liberales por el Partido Liberal-- , el ex gobernador del departamento de Bolívar, Luís Daniel Vargas y el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, presuntamente implicado en el crimen del Alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz.

Hay que recordar que el computador solo compromete un sector de la Costa sin que hasta ahora tengamos información sobre otros departamentos en los cuales el dominio paramilitar y mafioso es igualmente grave tales como los Departamentos de Bolívar, Guajira, Córdoba, Antioquia, Cesar, Meta, Santander, Guaviare, Norte de Santander y sectores importantes de Risaralda, el Eje Cafetero y norte del Tolima. El Fiscal General de la Nación reconoció, recientemente, que se había encontrado otro computador que se atribuye a Diego Fernando Murillo, Alias “Don Berna”. En esta misma entrevista concedida al periodista Yamit Amad para el diario El Tiempo, Mario Iguarán Arana reconoció que las infiltración de la clase política en la Costa había sido muy amplia, además que también estaban muy infiltrados los poderes locales y regionales así como la fuerza pública y los organismos de la justicia. Esta afirmación no es una novedad, como ya dijimos, el hoy Senador Gustavo Petro Urrego, había denunciado la infiltración de la propia Fiscalía y de los organismos de control en la región de la Costa Norte del país y en el Departamento de Santander.

Aquí afirmamos que lo que se ha configurado en una buena parte de estos departamentos es un poder mafioso, donde éstas mafias controlan importantes sectores como los juegos de suerte y azar, los expendios de contrabando (los famosos San Andresitos como se les dice en Colombia), las redes de la salud pública, pero además, extorsionan tenderos, como el caso de los tenderos de la Ciudad de Barranquilla, a quienes les “cobraron” 500 millones de pesos en siete meses del año 2004 (según las informaciones del computador, la mayor parte de los 36 tenderos asesinados en ésta ciudad desde el año 2004, lo fueron por el grupo criminal de Rodrigo Tovar Pupo, alias “jorge 40”). Además, estos grupos roban gasolina, extorsionan taxistas, cobran porcentajes por los contratos de entidades públicas municipales y departamentales, calculado en el 10%, al punto que se llega a afirmar que el Hospital Materno Infantil de Soledad era una especie de Caja Menor de este grupo criminal.

Pero los poderes mafiosos también se extienden a la justicia y a los organismos de control. ¿Dónde estaban los fiscales y los jueces cuando ocurrieron las masacres en éstos departamentos? ¿Dónde estaban los organismos de control como la Procuraduría que tiene capacidad de sanción disciplinaria contra los funcionarios públicos que violan las leyes flagrantemente como en estos innumerables casos? ¿En dónde estaban los líderes políticos que no promovieron los debates respectivos y las denuncias respectivas, estaban como dice el senador Gustavo Petro, aliados con los victimarios, aliados con los grupos paramilitares?

La reconstrucción de la institucionalidad y de la democracia en estas regiones del país dependerá de las características que finalmente tenga el proceso con los grupos paramilitares. Un proceso sin verdad, sin justicia y sin reparación no restituirá la institucionalidad democrática municipal ni departamental, seriamente infiltrada y corrompida por las estructuras armadas del paramilitarismo y del narcotráfico. Las investigaciones judiciales son fundamentales en el empeño de reconstrucción de la democracia. Infortunadamente las investigaciones avanzan muy lentamente en la Corte Suprema de Justicia y contra esas investigaciones conspiran las estructuras fuertemente tradicionalistas que son mayoritarias en éstos organismos de la Justicia.

Por lo pronto y como signos alentadores podemos registrar la detención de cuatro diputados en el Departamento del Cesar y el llamamiento a indagatoria de tres congresistas del departamento de Sucre y por supuesto, y esto es más importante, la revitalización y resurgimiento de la sociedad civil de la región. Comienzan a circular balances de todos estos años de dominio paramilitar, se realizan encuentros como el recientemente celebrado de los premios de paz en los Montes de María, para denunciar y entregar las fosas comunes, lugares donde los paramilitares enterraron a cientos de sus víctimas. El nubarrón: por una parte, el gobierno nacional continua con su política de intimidación a las comunidades a través de las detenciones masivas en éstas regiones; y por otra, la guerrilla realiza acciones violentas como la efectuada este primero de noviembre en el municipio de Tierra Alta, en donde fueron asesinados 17 policías. En medio de esta situación, la Fiscalía tampoco avanza en los procesos investigativos y se denuncia el rearme de por lo menos 22 grupos paramilitares en éstas regiones del país.

Como lo señaló el Senador Petro es posible que el proceso se salve, sin embargo, para ello tendría que aplicarse el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz y la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia deberían entender que para que el proceso siga adelante se requiere de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

- Ricardo de Lima, ensayista y consultor, desde Madrid, España

Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía.
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