La Paz

La extrema decisión que hizo conocer la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, el pasado 22 de agosto del año en curso, de suspender indefinidamente el desarrollo de las sesiones plenarias debido a la falta de garantías para hombres y mujeres constituyentes que denunciaron persecución, allanamientos, desalojo, agresión psicológicas y físicas, en la ciudad de Sucre, que se acrecentaron ante la decisión de sacar el tema de la capitalía de la Asamblea Constituyente, motivó la preocupación de autoridades nacionales y políticos de distintas tiendas partidarias

El gobierno invitó a las autoridades de los departamentos de Sucre y La Paz, entre los que figuran políticos, cívicos, municipales y dirigencia de organizaciones sociales, a reunirse en la ciudad de Cochabamba, para buscar el diálogo entre los diferentes movimientos cívicos confrontados, y lograr la solución de un problema que fue agudizado políticamente, por sectores afectados ante el proceso de cambio que lleva adelante el actual gobierno.

A esto, se suma el recurso de amparo constitucional presentado la semana pasada por el representante del Comité Interinstitucional de Defensa de la Capitalidad, Jaime Barrón, que pretende incluir el tema de la capitalidad en el debate de la Asamblea Constituyente, que sin embargo ha encontrado la paulatina excusa de los vocales de la Corte Superior de Chuquisaca, “sin que exista presión alguna del Gobierno Nacional menos de la Bancada de Constituyentes del Movimiento al Socialismo”, sostiene el vocero del partido en gobierno

Excusa que estaría en relación a su clara parcialización con los dos paros cívicos del 17 y 21 de agosto del presente año, convocada por los cívicos de Sucre exigiendo la inclusión de la capitalía en la Asamblea Constituyente, que según los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Ley del Tribunal Constitucional, el magistrado comprendido en cualquiera de las cuatro causales de excusa deberá excusarse en su primera actuación, de oficio o a petición de parte y sino se apartare del conocimiento del proceso, “será pasible de responsabilidad penal”, señala.

Al respecto los empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, “que confían en el país, que invierten y pagan sus impuestos exigen a todos los actores involucrados en este ‘entuerto’, que depongan actitudes intransigentes e irresponsables y se sienten a dialogar no importando el lugar ni los caprichos de uno y otro lado, con la única premisa de salvar Bolivia, señala en un comunicado.

"No podemos olvidar que todos estos conflictos no sólo afectan directamente a la economía nacional, sino que el daño más grande es a la imagen del país a nivel internacional y este concepto obviamente se contrapone a nuestros pedidos de seguridad jurídica, estabilidad y respeto al Estado de Derecho", "Tenemos que respetar la Ley para no poner en riesgo la democracia. Evitemos enfrentamientos porque con ello nadie saldrá victorioso", precisa el documento.

- Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación, Red-Ada