El próximo referendo constitucional ya tiene fecha y servirá para fortalecer un mandato que siempre actúo democráticamente. Un mandato que es saboteado por la derecha separatista.

La crisis que actualmente se está viviendo en Bolivia parece no tener fin. Poco más de dos semanas han pasado desde que el gobierno encabezado por Evo Morales, recibió el apoyo del 67,4 por ciento de la población, en el referendo revocatorio del 10 de agosto. Los resultados oficiales despertaron la ira de los sectores opositores al mandatario, que a través de paros y bloqueos de caminos, buscan hacer tambalear al actual gobierno, por lo que la situación social del país parece calentarse cada día un poco más.

Los cívicos y prefectos opositores, reunidos el viernes 22 en Villamontes (Tarija), convocaron a los grupos civiles de derecha a realizar un bloqueo indefinido en los caminos internacionales, así como también llevar a cabo tomas de pozos petroleros y gasoductos, en la región del chaco boliviano. Esta situación se hizo tangible el lunes 25 de agosto, día en que se reanudaron las movilizaciones callejeras contra el gobierno de Evo Morales.

Poco parecen importar los 2 millones 102 mil 872 votos que recibió Evo Morales el pasado 10 de agosto, ya que la situación social que se está viviendo en el país sudamericano, se debe a que los grupos de extrema derecha se oponen al modelo propuesto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que alza las banderas de la igualdad y el respeto de todos los ciudadanos, además de los principios de soberanía, dignidad, solidaridad y equidad en la distribución y redistribución del producto social.

Algunas poblaciones del Gran Chaco, ubicadas en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, con el apoyo de la denominada “Media Luna”, están llevando a cabo un paro general, exigiendo la devolución del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH). Desde enero, mes en que se comenzó a cobrar dicho impuesto, se estima que se han recaudado aproximadamente 166 millones de dólares, dinero que el gobierno utiliza para financiar la Renta Dignidad. Gracias a ese bono destinado a la vejez, más de 800 mil personas mayores de 60 años se ven beneficiadas, según datos del Ministerio de Hacienda de Bolivia.

Además hay que tener en cuenta, que un proyecto de ley del Gobierno, que ya fue enviado al legislativo, prevé que con el dinero que se recauda con el IDH, se incrementen en un 25 por ciento, los ingresos de los jubilados bolivianos. Actualmente los ancianos cobran 30 dólares mensuales, es justamente por esta razón, que más de 100 mil afiliados a la Confederación de Jubilados de Bolivia, se movilizaron a favor de Evo Morales y en contra los prefectos opositores de la “Media Luna”.

Los focos de tensión se fueron extendiendo a lo largo del país, por lo que las regiones productoras de gas, cortaron carreteras que conectan con Argentina y Paraguay, como parte de las medidas llevadas a cabo por el bloque autonomista contra el presidente Morales.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Félix Rojas, afirmó que el bloqueo “hace que no cumplamos con los compromisos que tenemos con los países vecinos que necesitan de nuestro gas, lo que representa una perdida diaria de 22 millones de bolivianos”.

Los grupos que mantienen los cortes en el sur de Bolivia, donde se encuentra el 85 por ciento de las reservas de gas -estimadas en 1,36 billones de metros cúbicos- tienen el apoyo de las prefecturas y comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, todos contrarios a Morales. En un intento por evitar “el cierre de válvulas de gasoductos”, el presidente envió a las Fuerzas Armadas, para proteger las instalaciones hidrocarburíferas.

Ante esto, el vicemandatario, Álvaro García Linera, dijo que el bloqueo que la derecha está realizando, “afectando el sustento energético, el fluido que garantiza el dinero para salud, para los profesores, las alcaldías, prefecturas, (…) es sin duda una agresión brutal y criminal contra Bolivia”.

Por eso, si las medidas tomadas por la oposición, siguen perjudicando la economía nacional, los prefectos serán castigados, de acuerdo a un anuncio realizado por el presidente, cuando se conoció la intención de los opositores de cortar los principales caminos bolivianos.

El decreto establece que "los gastos que demanden la reparación y puesta en funcionamiento de las instalaciones afectadas así como los recursos que el Estado deje de percibir, serán cubiertos por recursos que les pudiera corresponder a dichas entidades (Prefecturas), los cuales serán debitados automáticamente de sus cuentas por el Ministerio de Hacienda", anunció el ministro de hacienda, Luis Arce.

La solución a los conflictos que vive Bolivia, necesariamente implica un diálogo, entre Evo Morales y los prefectos opositores. Pero claramente, ese acuerdo es muy lejano, porque hay una negativa muy grande, por parte de las fuerzas opositoras de las regiones autonómicas, contra todo accionar y propuesta que llegue desde el gobierno.

Tanto es así, que los gobernadores que forman el Consejo Nacional Democrático (Conalde), se declararon "en pie de guerra" contra la convocatoria a cualquier referendo para aprobar la nueva Constitución Política del Estado y pidieron la mediación de la Iglesia Católica y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para impedir que el gobierno de Evo Morales, ponga en marcha el proceso de aprobación final de una nueva constitución.

En la carta enviada al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza y al cardenal boliviano Julio Terrazas, los prefectos se manifestaron en contra de la pretensión del oficialismo de "imponer por cualquier medio" una reforma constitucional "que no expresa un pacto nacional y además contraviene el ordenamiento jurídico".

Tras el otro referendo (el revocatorio), el Presidente y los Gobernadores regionales intentaron una mesa de diálogo donde Morales ofreció a sus opositores varios pactos políticos para lograr la estabilidad al país. Pero dicho encuentro fracasó por las diferencias existentes en torno al IDH.

El vicepresidente hizo declaraciones al respecto y afirmó que ya se han "hecho tres diálogos -desde enero- y la oposición y las fuerzas conservadoras han respondido con la violencia y con bloqueos", sin embargo aseguró que "hay la voluntad de acordar".

En diferentes oportunidades, Morales manifestó estar dispuesto a sentarse en la misma mesa con los prefectos opositores, para lograr un acuerdo. Pero aseguró que de repetirse el fracaso -que ya ha ocurrido en otros diálogos, que también fueron mediados por la OEA, la Iglesia Católica y un grupo de países de la región- “por decreto supremo vamos a aprobar la nueva Constitución".

Dado que nunca se alcanzó un diálogo cordial y consecuentemente los acuerdos esperados nunca llegaron, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo nº 29691, a través del cual se convoca a referendo el 7 de diciembre próximo, para dar luz verde a la aprobación de la nueva Constitución de Bolivia. Para superar la crisis generada en torno a este decreto, el Presidente encomendó a cinco de sus ministros negociar con los prefectos opositores.

Por su parte, las autoridades representantes de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, ratificaron el rechazo a la consulta y aseguraron estar "muy indignados por la forma en que se quiere gobernar al país”, por eso una vez más, afirmaron que el referendo no se realizará en esos departamentos, porque para ellos Morales quiere imponer “una Constitución redactada de manera irregular”.

Tal como afirma el mandatario -primer gobernante indígena de Bolivia desde su fundación en 1825-, el referendo de diciembre satisface "la lucha histórica por la refundación de Bolivia" ya que "por primera vez la Constitución será sometida al voto del pueblo”.

La presión al Gobierno desde las regiones opositoras crece cada día, y a pesar de que los resultados del plebiscito del 10 de agosto fueron contundentes, algunos sectores, sobre todo dirigentes y autoridades de ultra derecha, se niegan aceptar la voluntad del pueblo boliviano.

Hay que tener en cuenta que el conflicto que actualmente se vive en Bolivia, se agravó tras el fracaso de la Asamblea Constituyente de aprobar una reforma constitucional de consenso hace más un año, ese acontecimiento derivó en un modelo autonómico y separatista, planteado por las 6 regiones más ricas del país: “La Media Luna”.

Además, de cortar caminos estratégicos, que derivan en desabastecimiento de alimentos y pérdidas millonarias, los opositores benianos -en este caso- cercaron los aeropuertos para evitar que Evo llegue al lugar. Horas antes el presidente boliviano y su comitiva, habían viajado a la localidad de Cachuela Esperanza para firmar un contrato con la empresa canadiense Tecsult International Limitée para realizar los estudios y el diseño final de una central hidroeléctrica.

El presidente de la Union Juvenil de Beni, Luis Peña, confirmó que los miembros de esa organización tomaron los aeropuertos de Trinidad, Riberalta y Guayaramerín, razón por la cual el helicóptero en que se trasladaba el mandatario no pudo cargar combustible. Esta situación hizo que el regreso de Morales a La Paz, tuviera que realizarse desde el aeropuerto de la población brasileña de Guajará-Miri, para lo cual fue necesaria la intervención del cónsul brasileño en Bolivia.

Es importante tener presente una situación similar que se vivió a principio del mes de agosto cuando Evo Morales y los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Cristina Fernández de Argentina, debieron suspender una reunión programada en Tarija, como consecuencia de las violentas protestas que se desarrollaban cerca del aeropuerto local.

En este contexto de crisis, y desafiando a la figura presidencial, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg -así lo revelo el canal estatal-. Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), la reunión se celebró 9 días después de un discurso pronunciado por el prefecto cruceño, en el cual insultó y ofendió al presidente Evo Morales.

Es muy importante tener en cuenta que Goldberg, es un diplomático acusado de ser un especialista en "separatismos" por su experiencia en la antigua Yugoslavia donde se desempeñó como embajador en Kosovo, desde donde trabajó para la separación de los Estados de Serbia y Montenegro.

Al respecto el senador Félix Rojas aseguró que el diplomático lo que busca es dar “lecciones separatistas a los representantes de la oligarquía del oriente boliviano”. Por eso se especula que el encuentro que durante una hora y media se llevó a cabo en el Palacio Prefectural, es “peligroso” para el gobierno boliviano.

Por el encuentro Goldberg-Costas, el canciller David Choquehuanca, le recomendó al embajador manejar más cuidadosamente las relaciones políticas. Para justificarse, el estadounidense dijo que el viaje realizado a Santa Cruz, para participar en la inauguración de las olimpiadas especiales, fue aprovechado para reunirse con Costas, porque “es parte de mi labor diplomática”. Lo cierto es que no es la primera reunión que comparten, y según Rojas “no va con los bolsillos vacíos, lleva dinero para esa prefectura".

A pesar de contar con un fuerte respaldo social, con el apoyo de países vecinos y de otros gobiernos latinoamericanos, Evo Morales sigue siendo víctima, a través de protestas, reclamos y amenazas, de un plan impulsado por la derecha racista, que busca desestabilizarlo políticamente.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata,  Argentina. 

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