Cada 1 de enero en Argentina y en otros lugares del mundo, al levantar las copas se pide prosperidad para el año que se inicia, pero al parecer el 2009 no dio sus primeros pasos de la forma esperada, y todo indica que el transcurso del mismo será por lo menos inestable. No hay lugar para la duda: en un principio fue la crisis la que amenazó con disminuir la producción y las exportaciones; y hoy, la sequía se ha transformado en la principal amenaza para los productores nacionales.

Utilizando una definición vieja -pero no por eso equívoca- dada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la sequía que afecta al país “puede ser considerada como la insuficiente disponibilidad de agua en una región, por un período prolongado para satisfacer las necesidades de los elementos bióticos locales. Estas necesidades dependen de la distribución de las poblaciones de plantas, animales y seres humanos, de su modo de vida y del uso de la tierra".

El amplio territorio nacional de acuerdo a sus características se divide en dos. Por un lado una Argentina árida que abarca el 75 por ciento del país, y por el otro, una Argentina húmeda que incluye el restante 25 por ciento.

“Suena irónico que a esta zona se la designe como la Pampa Húmeda, cuando por donde se mire, solo vemos tallos quebrados, cubiertos de polvo", sostiene Ricardo Negri, técnico de la Asociación Argentina de Experimentación Agrícola (AAEA). Pero en esta oportunidad, las paradojas naturales han hecho que sea justamente el espacio húmedo el más damnificado.

Estos fenómenos no ocurren de la noche a la mañana, de hecho hace 8 meses el país viene sufriendo la peor sequía de los últimos años.

El director científico de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, José Luis Aiello, explica en un artículo de su autoría, que ya en junio de 2007 se había alertado “que en el 75 por ciento de los casos en que se instala una Niña, las lluvias se ubican por debajo de los valores normales entre los meses de noviembre a marzo, en una región que va desde Mato Grosso do Sul en Brasil hasta el centro de la región pampeana, abarcando sin dudas los núcleos sojeros y maiceros de Argentina.

La falta de precipitaciones redujo notoriamente la superficie de siembra, y a eso hay que sumar que la temperatura que se registra este verano es por lo menos 4 grados por arriba de la media.

Por lo tanto, la falta de agua, la temperatura elevada y la acción del viento, han sido los causantes de un “stress” grave en el suelo, lo cual hasta el momento ha impedido la siembra de casi tres millones de hectáreas con diferentes cultivos. Cifra que representa el 10 por ciento de la superficie agrícola, de acuerdo a datos extraídos del matutino argentino Clarín.

En zonas como el Chaco, se registró “una reducción importante en el rinde: antes el rendimiento por hectárea oscilaba entre los 1.700 y los 2.000 kilogramos, y hoy apenas llega a 800”, de acuerdo a lo confirmado por el ministro de Economía, Producción y Empleo de la provincia, Eduardo Aguilar.

De acuerdo a los efectos que provoca la escasez de agua, en cada productor, los gobiernos de las diferentes provincias han declarado emergencia o desastre agropecuario.

En el caso de la emergencia, el dueño del campo afectado puede postergar por 6 meses o un año el pago de impuestos; si se tratara de un desastre, se exime además, al productor, del Inmobiliario Rural.

La magnitud del fenómeno obligó, semanas atrás, a que el gobierno nacional presidido por Cristina Fernández, declare emergencia agropecuaria en la pampa húmeda.

Sin dudas el año ha comenzado de la peor manera posible. A la crisis del sistema capitalista -profundizada en los últimos meses del año 2008-, ahora hay que sumar un acontecimiento natural -o no tanto- que pone en peligro la producción de los principales cultivos.

Análisis realizados por la Sociedad Rural, aseguran que el crecimiento económico nacional disminuirá, ya que la histórica sequía obligará a restar 1,6 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Lo que se traduce en una pérdida estimativa de 7.800 millones de dólares.

Si bien estos porcentajes llaman la atención y alertan a cualquiera, se sabe que son mínimos, dado que no se tiene en cuenta el “efecto multiplicador” que genera la crisis climática. No hay que olvidar que la agricultura y la ganadería tienen ramificaciones hacia toda la economía.

Es decir, la falta de agua no sólo trae consecuencias directas en la producción de granos, sino que además hay que tener en cuenta la pérdida de cabezas de ganado (hasta el momento más de 700.000) y de terneros que no nacerán en la próxima temporada invernal (aproximadamente 500 mil).

Todo esto provoca consecuentemente, una disminución en la producción de la industria lechera y en las exportaciones de carne vacuna, por citar algún ejemplo.

Por ese motivo, el economista Agustín Monteverde, afirma que el efecto de la sequía sobre toda la agroindustria, se traducirá en una pérdida equivalente a 2,5 puntos del PIB, cifra a la que hay que añadir otros 2 puntos si se tiene en cuenta el efecto de la crisis internacional.

Lo cierto es que, como suele ocurrir siempre, los mayores damnificados no serán los empresarios de la soja o dueños de los grandes tambos, sino que una vez más la crisis -en esta ocasión climática- afectará a los pequeños y medianos productores.

Si bien hacia casi dos semanas una de las noticias más importantes fue la lluvia en las zonas afectadas, lamentablemente esas precipitaciones permitirán sólo una leve recuperación de los lotes por cosechar, ya que hacen falta lluvias de al menos 150 milímetros por centímetro cuadrado para comenzar a aliviar la situación del sector agropecuario.

A nadie sorprende que dentro del mundo del poder los problemas sean utilizados para posicionarse en la política. En esta oportunidad, la sequía se ha politizado, y otra vez han vuelto a aparecer las mismas caras y los mismos reclamos.

Para comprender el accionar y la situación que se vive entre los productores y el gobierno, es importante no olvidar el conflicto que el año pasado estuvo en el centro de la escena.

Pero está claro, que los pedidos que hoy realiza la Junta Agraria (más conocida como la “Mesa de Enlace”) y que siguen muy vinculados a las retenciones -a su reducción y/o eliminación- no solucionan la millonaria pérdida, ni mejoran el panorama de los productores familiares.

Tal como asegura la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, “al productor que se le perdió la cosecha, al productor que no está pudiendo dar alimento a sus vacas, el tema de la baja de retenciones no los beneficia en nada”.

De hecho hay que resaltar que muchos exportadores de soja, por ejemplo, se verán beneficiados con esta catástrofe climática, ya que al reducirse la exportación, y gracias al juego de la oferta y la demanda, lograrán sostener el precio internacional del producto.

Un dato que no se debe olvidar es que si bien la sequía es un fenómeno natural, que en teoría ocurre cada 20 años -aunque la actual es la más profunda de las últimas 7 décadas-, si ahondamos en el tema de los monocultivos y su producción, sale a la luz una realidad.

Para Estos cultivos agotan los nutrientes del suelo y además los fertilizantes que se utilizan perjudican al medio ambiente, acciones que repercuten y modifican el clima.

Por lo tanto, los grandes sojeros que buscan resarcimientos, en realidad deberían pagar al país una indemnización por los daños ambientales y productivos.

Hoy la solución depende de medidas concretas, porque el problema de la sequía se debe atender "con políticas de Estado".

No es novedad hablar de la falta de solvencia económica de los pequeños y medianos productores. Justamente a ellos el gobierno debiera ayudar, porque no han tenido las reservas necesarias de forrajes para alimentar animales ni ahorros para soportar una sequía como la que se esta viviendo.

Por eso los productores que vienen padeciendo hace años la ausencia de medidas agropecuarias, merecen una salida acorde a sus necesidades. Es verdad que la sequía no es culpa del gobierno, pero si les cabe la responsabilidad de que los tamberos por ejemplo, hayan cobrado un 30 por ciento menos que los de Brasil, Chile o Uruguay y que los precios sean ínfimos.

Según Guillermo Perco, de la Asociación de Productores de Benito Juárez, el precio de una vaca en la actualidad -o de dos de las flacas por la sequía- equivale a un par de zapatillas. O para ser más gráficos “el kilo de carne cuesta 12 pesos, mientras que la misma cantidad de helado cuesta 40".

No hay razón para que el Estado subsidie a los grandes empresarios, pero lo que no se puede negar, es que el gobierno debe ayudar a los más afectados, ya que la quiebra está a la orden del día entre los pequeños productores. Y eso puede derivar en una cadena de pérdidas enorme.

Algunas medidas ya han comenzado a aplicarse, obviamente se busca no caer en el mismo enfrentamiento feroz que se inició en marzo del año pasado y que aun persiste.
Por esa razón el secretario de agricultura de la Nación, Carlos Cheppi, al referirse a la situación que se esta viviendo en el agro, aseguró que ya se dispusieron 230 millones de pesos “extra al presupuesto de la Secretaría”, que servirán para auxiliar a las zonas más afectadas.

Por su parte, los gobernadores de dos de las provincias productoras más importantes, Juan Schiaretti y Hermes Binner, de Córdoba y Santa Fe respectivamente, pidieron a la presidencia que se postergue el pago del impuesto que se aplica sobre el comercio exterior de granos y ganado, para ayudar de esa manera a los productores.

Conocido el pedido y la magnitud del acontecimiento agrícola, Cristina Fernández, declaró la emergencia agropecuaria a partir de la cual se ``prorroga por un año, a todos los productores realmente afectados por la sequía, el pago del impuesto a las ganancias, a las ganancias presuntas y a los bienes personales``.

La ayuda económica que desde la presidencia se destina al agro, es un avance enorme que podría facilitar la conciliación entre las partes, y por eso merece ser reconocido. Pero es importante no olvidar que si el gobierno no ayuda a los productores, es mucho el dinero que se pierde: con la catástrofe climática se calcula que el Estado deja de percibir unos 2.340 millones de dólares.

A más de ocho meses de haberse desatado una de las peores sequías del siglo, la desesperación se ha instalado en todos y cada uno de los productores que ven tambalear sus cosechas y su futuro.

Hoy, a pesar de las lluvias que se han registrado y de las políticas que desde el Estado han sido impulsadas, solo resta esperar. Pero lamentablemente el panorama sigue siendo sombrío en un país rico en agua que espera con ansias lluvias que puedan salvar la cosecha.


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