Desde el principio su gestión, el presidente boliviano se vio amenazado por el separatismo opositor y los múltiples ataques a su persona. El Gobierno dijo basta, “el que traiciona la patria será juzgado”.

Hace un mes se supo que un grupo de extranjeros estaba involucrado en un intento de magnicidio contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo cual derivó en una intensa búsqueda de los implicados. El jueves 7 de mayo, el vicepresidente del país andino, Álvaro García Linera aseguró que los responsables serán juzgados por “traición a la patria”, delito sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Ajustándose al artículo nº 124 de la nueva Carta Magna, traidor a la patria es aquel que "tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia; que viole el régimen constitucional de recursos naturales; y que atente contra la unidad del país".

Los mismos prefectos opositores que el año pasado estuvieron involucrados en los intentos separatistas y que buscaron llevar a cabo un golpe de estado, hoy aparecen vinculados con el grupo armado que fue neutralizado el 16 de abril en Santa Cruz. (Ver: “Bolivia al borde del precipicio”. APM 14/09/2008)

El fiscal que tiene a cargo la causa, Marcelo Sosa, basándose en las declaraciones de los detenidos, enlazó a la banda con un amplio grupo opositor integrado por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, al ex líder cívico Branko Marinkovic y al vicepresidente del opositor Comité Pro Santa Cruz, Guido Náyar.

Bajo ese marco, los derechistas bolivianos negaron toda vinculación, y además acusaron al gobierno de "manosear con fines políticos" los nombres de autoridades y empresarios de Santa Cruz.

La noche del miércoles pasado el presidente boliviano llevó a cabo una reunión para condenar el terrorismo, pero a la misma solo acudieron los sectores oficialistas. Allí pidió a todos los sectores sociales, autoridades e instituciones, que pongan en marcha un pacto antiterrorista que permita defender la unidad y la integración del pueblo boliviano, ya que esa es la única forma de hacer frente a los grupos desestabilizadores internos y externos.

La oposición política y regional no respaldó el pedido de Evo Morales y haciendo referencia a las citaciones judiciales que recibirán los implicados, decidieron condenar la “actitud del Gobierno de amedrentar a los líderes autonomistas del país con este complot absurdo".

Alcides Mendoza, uno de los detenidos y acusado de proveer armas al grupo que lideraba el boliviano-croata Eduardo Rózsa, declaró que fue Branko Marinkovic “quien financió inicialmente al grupo con 200 mil dólares para armas”. Sin embargo los dirigentes derechistas siguen desvinculándose del intento de magnicidio.

Ante esto, el vicepresidente boliviano manifestó que quienes han financiado y han intentado dividir el país “no se merecen más que la sanción de la justicia y la cárcel”.

Esta postura es compartida por Félix Rojas, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), que sostiene que se deben tomar todas las medidas legales para evitar que se incuben "afanes terroristas separatistas" en Bolivia.

Al respecto Marinkovic, ex líder cívico dijo estar de acuerdo en someterse a la justicia, pero no a la del MAS, sino a una investigación internacional, porque es victima de un “montaje del gobierno”.

Por otra parte, pero para frenar el avance de los grupos derechitas, el mandatario boliviano ordenó reforzar la presencia militar, principalmente en el departamento de Santa Cruz.

Los ciudadanos bolivianos que podrían ser juzgados por traicionar la patria, según declaró el gobierno, son miembros de “una banda internacional de terroristas y mercenarios (...) de la extrema derecha fascista”, sentenció el mandatario.

Según investigaciones oficiales, esta banda tenía planes para separar la región de Santa Cruz del resto de Bolivia y pretendía atentar no sólo contra la vida del presidente, sino además del vicepresidente, del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y del prefecto cruceño, Rubén Costas. (Ver: “De esto también se habla en el mundo”. APM 03/05/2009)

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, sostuvo en su momento, que este grupo que operaba en Santa Cruz de la Sierra y tenía células en otras ciudades bolivianas, ya había intentado llevar a cabo algunos ataques contra la figura presidencial. De hecho en la capital cruceña, desde el año pasado se han llevado a cabo más de 12 atentados con explosivos contra Evo Morales.

Las autoridades confirmaron que no sólo los prefectos opositores se vinculan a ese grupo armado, sino además la Fundación Human Rights (FHR).

Esto no es un hecho menor dado que una investigación realizada por la Red Patria Nueva sostiene que la filial boliviana de la fundación tiene sede en Estados Unidos y está integrada por uno de los mentores del proyecto autonómico cruceñista: Fernando Cuéllar.

Dentro de un sistema democrático los intentos de magnicidio de por sí son más preocupantes. Y más cuando empresarios y autoridades de un departamento parecen estar atrás de los planes. En ese sentido, la justicia boliviana tiene que actuar rápidamente para condenar a los ejecutores de este intento fallido de magnicidio. Y a todos los mentores también.

Fuente: APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.