El 10 de junio se cumplen seis meses de la asunción de la presidenta Cristina Kirchner. El balance de estos 180 días de gobierno es a todas luces desalentador e invita a reflexionar sobre las razones que otra vez frustran el desarrollo del país. Digo otra vez porque ya son bien conocidas las cíclicas crisis que más o menos cada diez años parecen conjurarse para sabotear los no menos cíclicos resurgimientos que el país viene experimentando desde hace décadas.

Durante el último lustro Argentina transitó la senda del crecimiento económico, la inclusión social y la estabilidad política. Atrapados en una coyuntura favorable, la recuperación socioeconómica fue generalizada y contundente. Sin embargo, nada o casi nada se hizo desde el gobierno nacional para asegurar la continuidad del proceso. Abocada a la eterna coyuntura, la dirigencia política priorizó la concentración de poder por sobre la construcción de un modelo de desarrollo.

La creciente inflación, el feroz enfrentamiento entre el gobierno y el sector agropecuario y la acechante crisis energética han puesto de manifiesto esa eterna falencia argentina. En efecto, la ausencia de mecanismos políticos e institucionales orientados a desarrollar políticas de mediano y largo plazo hipoteca, una vez más, la oportunidad de crecimiento genuino y sustentable.

A los problemas de fondo, la administración de Cristina Kirchner sumó no pocas falencias de gestión. Tal vez, la más grave sea haber dado lugar a la percepción de la existencia de un doble comando en la toma de decisiones gubernamentales. La asunción de Cristina Kirchner no provocó ninguna modificación en el rumbo político del gobierno y conllevó escasos cambios en el gabinete de ministros y en los puestos clave la administración nacional, que continuaron en manos de funcionarios que responden ciegamente al ex presidente Néstor Kirchner, jefe político de la maquinaria político-electoral más poderosa de la Argentina: el Partido Justicialista.

La promesa electoral de fortalecer la institucionalidad del país naufragó mucho antes de ser cumplida. El Congreso Nacional, con amplia mayoría oficialista, sigue funcionando como una muda escribanía donde se convalidan las decisiones del gobierno nacional. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC-, intervenido por emisarios del gobierno, difunde información apócrifa sobre la inflación con el objeto de morigerar mayores expectativas inflacionarias. Los índices de pobreza, calculados entonces sin tener en cuenta la inflación creciente, se vuelven inútiles y muestran descensos allí donde ha habido aumentos.

También la prometida reinserción internacional continúa pendiente y la Argentina se mantiene aislada del mundo, atrincherada en la estrategia de "vivir con lo nuestro”. Las inversiones extranjeras en el país decaen e incluso España, único país desarrollado con el que Argentina tiene una alianza que excede la coyuntura, comienza a observar con desconfianza el rumbo del nuevo gobierno.

En este contexto, la imagen y la autoridad de la presidenta Cristina Kirchner se han visto fuertemente erosionadas. Según los últimos estudios fiables de opinión pública, sólo uno de cada cuatro argentinos posee una imagen positiva de la Presidenta, cuando seis meses atrás eran dos de cada cuatro los ciudadanos que la evaluaban positivamente. La crisis de confianza desatada en la opinión pública se suma entonces a los problemas estructurales y gestión que acechan al futuro del país.

El gobierno aún tiene armas para revertir este desfavorable inicio de gestión. El contexto económico internacional es muy positivo; la macroeconomía es sólida; las elecciones de mitad de mandato recién serán en octubre del año próximo; y verdaderamente no existen actores interesados en precipitar una salida anticipada del gobierno. El rumbo puede ser corregido, pero el momento de actuar es ahora.

Nicolas Solari
Politólogo (USAL). Analista Político.