Cristina Fernández de Kirchner vive por estas horas los momentos más difíciles de su breve presidencia. El paro agropecuario, que incluye cortes de ruta en todo el país, ya cumplió trece días y amenaza con extenderse indefinidamente hasta que el gobierno dé marcha atrás con los últimos aumentos dispuestos en las retenciones con que son grabadas las exportaciones de productos agropecuarios. El discurso que la presidenta Kirchner pronunció ayer martes en la Casa Rosada, terminó por exacerbar aún más el conflicto. Los huelguistas renovaron su compromiso de no levantar la huelga y endurecieron su postura, mientras que vastos sectores urbanos de todo el país protestaron contra la política del gobierno nacional con cacerolazos y bocinazos, haciendo recordar la gravísima crisis sociopolítica de 2001, que desembocó en la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa.

El enfrentamiento entre el gobierno y el sector agropecuario es el producto de un conflicto de fondo en torno al rol del Estado en la economía. Argentina ha crecido en los últimos años a un tasa anual de alrededor del 8% y entre los sectores más beneficiados por el tipo de cambio alto que adoptó el país luego de la crisis de 2001, está el campo. En este sentido, el gobierno nacional manifiesta que aplica las retenciones a las exportaciones con el objeto de redistribuir solidariamente las riquezas que genera el sector agropecuario. Por su parte, los ruralistas declaran que las retenciones son abiertamente confiscatorias y anticonstitucionales. Vale recordar que las retenciones a la soja (principal cultivo del país) son superiores al 40%, sin incluir allí cargas impositivas, seguros, salarios y todos los demás costos que corren por cuenta del productor.

Lo cierto es que desde el año 2003, el gobierno ha utilizado las retenciones como una herramienta de financiamiento para impulsar tanto políticas sociales como obras públicas y para consolidar el proyecto político que encabezan los Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, fiel al estilo confrontativo y maniqueo que caracterizó la presidencia de su marido, no ha querido o sabido encauzar el conflicto con el campo y seguramente pagará las consecuencias. En lugar de priorizar la reflexión, el diálogo y la construcción conjunta, optó por el desagravio y la descalificación al adjetivar a los huelguistas de extorsionadores.

La gravedad de la crisis se ve reflejada, no solo en el desabastecimiento de alimentos y en las millonarias pérdidas en las que incurre el país tras cada día de huelga, sino, principalmente, en la polarización existente entre los sectores que apoyan el proyecto político del kirchnerismo y quienes lo comienzan a enfrentar. En este escenario, ¿cuanto tiempo más podrá el gobierno mantener su postura inflexible de no negociar? La pregunta es esencial para vislumbrar el fin del conflicto. Si Cristina Kirchner cree, como hasta ahora, que negociar es manifestar debilidad, el conflicto se exacerbará aún más en una espiral sin fin de la que no hay que excluir la violencia. En un contexto de esas características, las riesgos para el país son ilimitados, y ni siquiera la renuncia del la Presidenta debe ser descartada.

Nicolás Solari
Politólogo (USAL). Analista Sr. de Poliarquía Consultores.