El ganador del premio nobel de economía Douglas North, sostiene que el propósito de toda institución es otorgar previsibilidad y confianza. Por eso, para la vida social, política y económica de una nación, la instituciones constituyen una condición sine qua non del desarrollo genuino y sustentable. En la Argentina, la ausencia de este tipo de reglas ha resultado ser el detonante principal de las recurrentes crisis que enfrenta el país. Más aún, el riesgo de que el actual conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario llegue a niveles intolerables para una democracia saludable, sólo es posible en el marco de la debilidad institucional que caracteriza a la Argentina. El desencuentro entre el campo y el gobierno es en realidad el producto de una pugna por decidir como se reparten los beneficios provenientes del excepcional contexto internacional que beneficia a países agro exportadores como la Argentina. En las democracias desarrolladas existen una serie de canales institucionales -basados en el diálogo, el debate y la deliberación- que permiten arribar a consensos más o menos estables sobre como se distribuyen los beneficios de la cooperación social.

En la Argentina, la ausencia de este tipo de prácticas transforma lo que debiera ser un debate amplio, inclusivo y estratégico en enfrentamientos a muerte donde ninguno de los contendientes puede ceder un palmo sin que el resto de la sociedad vea allí una derrota.

El conflicto entre el gobierno y el agro se encuadra en este diagnóstico. Las instituciones que debieran haber prevenido y canalizado el conflicto no funcionaron. Es que si bien le corresponde al Congreso Nacional legislar en materia impositiva, el Parlamento delegó esa atribución fundamental, junto a muchas otras, en el Poder Ejecutivo. De ese modo, la hechura de la política quedó sujeta a la voluntad de una sola persona y el debate mortalmente lesionado. Por si fuera poco, las retenciones impuestas por el Gobierno no son coparticipadas con las provincias. De este modo, los fondos provenientes de su recaudación son de uso exclusivo del gobierno nacional, que los utiliza arbitrariamente para disciplinar gobernadores e intendentes necesitados de recursos.

Este tipo de distorsiones facilitan el periódico surgimiento de graves crisis que minan el desarrollo y ponen en jaque al sistema político. En situaciones de emergencia, los gobernantes pueden verse obligados a tomar medidas excepcionales, pero en momentos de crecimiento económico y estabilidad política las instituciones son la principal salvaguarda frente a la crisis. El gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner ha sido incapaz de comprender esta distinción y sufre en consecuencia una innecesaria merma de capital político que seguramente condicionará el resto de su mandato. Argentina no es el país de las normas y las instituciones. De haberlo sido hoy no existiría la fenomenal crisis que enfrenta al gobierno nacional con el sector agropecuario. De haberlo sido, las fuerzas de seguridad no habrían liberado la Plaza de Mayo para que grupos paragubernamentales dispersarán a los caceroleros que protestaban allí contra las medidas del gobierno. De haberlo sido, nos estaríamos nuevamente temiendo el regreso de las antinomias y la violencia.

Nicolás Solari, Politólogo (USAL). Analista Sr. de Poliarquía Consultores.