Venezuela: el espacio radioeléctrico, ¿bien de dominio público o negocio familiar?

Democratizar los medios de comunicación

01/01/2009
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Debate: el 4 de agosto se realizó en Caracas el foro sobre el uso del espectro radioeléctrico. La reunión se llevó a cabo en el auditorio de Cantv y contó con la participación de Franco Silva, vicepresidente ejecutivo de Cantv, Luis Bilbao, escritor, periodista y director de la revista América XXI, María Alejandra Díaz, consultora jurídica de Venezolana de Televisión (VTV) y ex representante del Minci ante Conatel, Carlos Arvelaiz, consultor jurídico de Cantv y Carlos Lugo, comunicador popular, miembro de Anmcla (Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos). A continuación se reproducen las exposiciones que desmontan las matrices construidas por los grandes medios de comunicación.

Franco Silva: introduciré el tema de los medios de comunicación con sus múltiples interrogantes: ¿los medios son un bien de derecho público o de las familias que tienen concesiones? Y en torno a los acontecimientos que ha habido en Venezuela en todos estos años uno se podría hacer muchas más preguntas: si existe o no concentración en los medios de comunicación o si esos medios están democratizados; si existe o no libertad de expresión, que es un tema que se debate en el país y en foros internacionales; hasta se ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro tema es hasta dónde llega el derecho del concesionario y de la administración del Estado. Hablaré en base a mi experiencia en Conatel durante nueve años. El otorgamiento de las concesiones de radio y televisión implica siempre dos cuestiones: una es la legalidad (cuándo es legal o no una concesión y cuándo deja de serlo), la otra es la legitimidad: cuándo es legítimo por parte de un Estado redistribuir el espectro radioeléctrico en manos distintas de las que ha estado. El tema de la legitimidad tiene que ver con la política, con el bienestar social. El espacio radioeléctrico es el derecho de usar el espacio eléctrico para transmitir determinada frecuencia que, de acuerdo al desarrollo tecnológico, permite difundir radio en Amplitud y Frecuencia Modulada y televisión en VHF y UHF, lo que llamamos habitualmente radio y televisión abierta. Eso es un bien del dominio público, no pertenece a nadie, nadie puede tener la propiedad particular del derecho del uso del espacio porque es de toda la sociedad. Por eso en Venezuela y en todas partes del mundo existe la figura de la concesión: el Estado administra en nombre de todos los ciudadanos de una república o de cualquier nación ese derecho de uso y entonces entrega un permiso de carácter temporal de esa frecuencia a un particular. ¿Qué ocurre entonces con las decisiones recientes de Conatel? En todos los casos lo que ocurre es que el que tenía esa radio, no tiene la concesión, tan sencillo como eso. La situación de muchísimos medios de comunicación en Venezuela es que quienes se dicen concesionarios no tienen el documento que lo acredite, por ende no es legal la operación. Esa situación se ha presentado repetidas veces, pero no es sencillo corregirla porque tiene implicaciones políticas y sociales: se incurre en el tema de la libertad de expresión, etc, etc. Pero una de las cosas que experimenté en Conatel es que con estos señores de los medios de comunicación –que se sienten con poder y realmente lo tienen– cualquier tema que uno vaya a tocar coarta la libertad de expresión. La primera situación que encontramos es que ellos no pagaban impuestos. Es sabida la importancia de la opinión pública que se fue contra nosotros por cobrar los impuestos. Ni hablar entonces del tema de ordenar el espectro. En la mayoría de los casos esas radios están en litigio: hay emisoras que se entregaron a personas hace 50 o 60 años, esas personas hoy ya no viven, entonces, en algunos casos, los hijos quedan operando las radios, pero en muchos casos no. Una vez nos tocó el caso de un hombre que tenía dos mujeres que se peleaban por la radio. En esas circunstancias no está claro quién es el que eventualmente podría tener la concesión porque hay un litigio sobre el particular y está metido en tribunales. No se termina de comprender quién es el dueño de la emisora, no vamos a decir de la concesión porque de la concesión está claro que no son dueños. Existen otras situaciones que no dejan de asombrar y es que muchas de estas radios se entregan a instituciones religiosas porque las piden bajo el argumento de que las necesitan para la evangelización, para difundir su creencia pero luego son comercializadas, vendidas o arrendadas. Por eso apenas les hablan de legalidad arman el escándalo sobre la libertad de expresión porque no tienen el papelito de la concesión y no tienen ni siquiera una explicación racional de por qué están operando esa radio si nadie se las ha entregado. Ahora profundizaré en el tema de la legitimidad: ¿es legítimo quitarles esa concesión y asignarlas a otro? Fíjense, les voy a contar unos datos sobre las radios: Circuito Unión Radio tiene 53 emisoras a nivel nacional; FM Center tiene 64 emisoras a nivel nacional; en Caracas nada más este circuito tiene seis AM y dos FM. Una sola persona concesionaria de ocho emisoras de radio en Caracas; el circuito Arcr, 14 emisoras; circuito Rumbera, 28 emisoras; circuito Triple F, 22 emisoras; circuito La Romántica, 11 emisoras; circuito CNV, 10 emisoras. Estos ocho circuitos tienen más de 200 emisoras que por cierto son las de mayor raiting, las de mayor cobertura y las de mayor ingreso, eso es más de la mitad de las radios comerciales que hay en Venezuela y aproximadamente la mitad de las radios que hay en todo el país. Los dos dueños de los dos más grandes circuitos son ex ejecutivos de un canal de televisión. Existe una estricta relación entre los que concentran las radios y la televisión y los que concentran la prensa, es por eso que uno se empieza a preocupar. En Venezuela tenemos un grave problema con el tema de la concentración de los medios: nueve familias concentran todos los medios. Esa gente se reúne, se pone a hablar de lo que le da la gana, hacen agenda noticiosa e informativa permanentemente y deciden de qué van a hablar. Para el año 2006 había 617 emisoras, 450 de alcance normal (no se puede comparar una emisora normal con una comunitaria que tiene un alcance muy reducido). De esas 450 emisoras, 440 son privadas, 422 están en la cámara de la radio y más de 200 pertenecen a estos ocho grandes circuitos. 167 son comunitarias gracias al esfuerzo por democratizar el espectro radioeléctrico. Con todo, sí existe un gravísimo problema de concentración de medios de comunicación. Tomemos el ejemplo del famoso canal de noticias que despachó la concesión al periódico El Universal. Allí hay una vinculación directa que poca gente conoce, hay vinculaciones comerciales y familiares que tienen una hegemonía comercial y comunicacional en todo el país.

Desmontar las matrices mediáticas

María Alejandra Díaz: yo quisiera hablar menos de derecho y más del impacto que tiene la concentración en pocas manos de la titularidad de las concesiones en Venezuela, aunque es un fenómeno que ocurre en toda Latinoamérica. Los modelos comunicacionales occidental y venezolano fueron copiados del norteamericano. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Siguiendo la concepción del Estado liberal, entregaron a privados las concesiones y lo hicieron de forma vertical porque quien controlaba la concesión hacía la inversión en infraestructura y controlaba el mensaje, se daba entonces un monopolio y en algunos casos oligopolio, no solamente de la titularidad de la concesión sino además del contenido del mensaje, que es lo más grave. Aquí entra en juego el concepto de hegemonía comunicacional; ellos sí supieron interpretar que para poder seguir dominando a las masas tenían que tener el control de los medios de comunicación. Desglosaré un poco las matrices mediáticas ya que es un tema que se ha manejado como una especie de mito. Ningún gobierno a nivel latinoamericano se ha atrevido a enfrentar el oligopolio mediático, porque quien lo hace, quien ha intentado hacerlo –como se intentó en 2002 con el tema de la discusión de la ley de responsabilidad social– intentan tumbarlo porque como tienen el control de la radio, la prensa y la televisión, imponen las matrices y simple y llanamente nos venden su ideología. Los medios de comunicación son un aparato ideológico que sostiene el sistema neoliberal, que sostiene el status quo. Ése fue el modelo que copió Venezuela y toda Latinoamérica. En Uruguay tres familias controlan los medios de comunicación y en Ecuador la mayoría de los medios es controlada por la banca, allí el Estado se desentendió del tema y se lo entregó a los privados siguiendo la visión liberal del Estado. Ahora estamos presenciando la voluntad política de aplicar la ley. ¿Por qué Conatel toma la decisión que toma en este momento? Porque en principio se consideró que era el momento político adecuado para eso. Este es un momento de definiciones en materia política, porque resulta que vamos a la construcción de un Estado social, entonces es lógico que ese Estado esté en permanente conflicto, porque hay intereses creados que están por encima del interés general. No se puede permitir que unos privados se apropien de un bien que es de dominio público. ¿Qué han dicho los medios nacionales e internacionales? Dicen que Venezuela con esta decisión está atentando contra la libertad de expresión, ése es el primer argumento. En algunos casos las concesiones fueron verbales, por amiguismo, sin papeles, sin acto administrativo y sin embargo se dicen titulares de las concesiones y llevan 50 años explotando la concesión. Si aplicamos la ley, estamos violando la libertad de expresión, es decir, que el tema es jurídico pero también político. Esa es la matriz de pensamiento que se ha construido:el gobierno venezolano está atentando contra la libertad de expresión porque no permite la disidencia. Si a mí no me interesa una medida que va a tomar el Gobierno simple y llanamente yo construyo una matriz de opinión, la bajo a radio, televisión y prensa y destruyo la posibilidad de que el Estado tome alguna decisión por miedo. Esa hegemonía mediática se ha convertido en una manera de presionar a los Estados para seguir defendiendo sus intereses particulares, no es un tema del ejercicio de la libertad de expresión. Un medio es eso, un intermediario y resulta que aquí los medios de comunicación no son de comunicación, sino de difusión de la ideología dominante y del interés particular de esos grupos. Ésa es la primera matriz de opinión que debemos destruir: no es un tema de libertad de expresión. La libertad de expresión en Venezuela está garantizada, la disidencia está garantizada, es un problema de legalidad: cómo es posible que un Estado que se dice democrático y que está en la búsqueda de un Estado social permita un monopolio de cualquier tipo. La OEA y los relatores de la ONU han dicho en repetidas oportunidades, incluso está escrito, que el monopolio, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación atenta contra la democracia. Yo escuchaba la opinión de Nelson Belfort que decía: “yo quiero seguir siendo concesionario, yo tengo derecho a seguir siendo concesionario independientemente de que mi papá, el titular de la concesión, murió yo tengo derecho a seguir explotando el espacio radioeléctrico”. Hay otra matriz que se está manejando, una matriz estrictamente legal y es que Conatel, el ente rector, no actuó de manera diligente después de que se firmó la Ley de Telecomunicaciones para transformar los títulos, y resulta que la propia ley dice que si bien es cierto, que se puede hacer la transformación de títulos, el artículo 33 establece que si el ente regulador (Conatel) no te da respuesta, eso opera como silencio administrativo negativo. Ellos sabían desde 2002, cuando solicitaron la transformación de título, que si Conatel no les daba respuesta, eso significaba una negativa. Ellos llevan, en el caso de que lo hayan solicitado en 2002, siete años operando esas concesiones de manera ilegal y a conciencia. El tema de fondo es que el Estado decidió acabar con el oligopolio mediático, el Gobierno tomó la decisión política de poner orden. Qué se va a hacer con esas concesiones, es la otra discusión, porque no tendría sentido acabar con un oligopolio para constituir otro: ahí está el tema medular de discusión en donde tiene que participar todo el mundo porque además no es lógico que en un Estado social de justicia y de derecho no exista la posibilidad de que cualquiera tenga acceso a manejar un medio de comunicación para construir además un modelo comunicativo que sí permita la bidireccionalidad, que no nos invisibilice sino que muestre nuestros valores. Recuerdo cuando se debatió la ley de Responsabilidad Social, daba pena ver la actitud, sobre todo de la gente de la radio, sobre el tema de la música tradicional venezolana. Ellos se dicen empresarios nacionales y resulta que el Estado tuvo que establecer una cuota en una ley para obligarlos a difundir música tradicional venezolana, ése ha sido el comportamiento de los medios en este país.

Derecho de la comunicación

Carlos Arvelaiz: vamos a tratar, desde la historia y el derecho, de institucionalizar una matriz jurídica que desmonte un poco los argumentos de defensa que estos ex concesionarios de radio han esgrimido a través de los medios. Cuando revisamos el desarrollo del otorgamiento de la regulación y de los permisos de radio y televisión nos encontramos con escenarios bastante similares. Es importante diferenciar en un escenario como el que estamos viviendo hoy que la regulación de las telecomunicaciones en Venezuela hace un corte en el año 2001 con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que como muy bien nos explicaba María Alejandra, sólo se limita a las regulaciones técnicas de la prestación de servicios de telecomunicaciones mas tiene un artículo que le prohíbe expresamente entrar a regular el contenido. Para tratar de entender qué es lo que está pasando me voy a permitir hacer una corta cronología de cuál ha sido la regulación de las telecomunicaciones en ambos dispositivos legales refiriéndome a la Ley de Telecomunicaciones de 1940 y a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2001. Dentro de la Ley de Telecomunicaciones de 1940 –más estricta que la de 2001– las comunicaciones estaban concebidas como un servicio público y no como un servicio de interés general tal cual está establecido en la legislación de 2001. Ese servicio público requería, independientemente de cuál fuera el tipo de servicio que se fuese a prestar, que fuese otorgado a través de un contrato de concesión entregado personalísimamente por el propio presidente de la república para que un particular pudiese explotar, lucrar un servicio de telecomunicación. En materia de radio y televisión cuando se tenía que pedir una concesión bajo la ley de 1940 había que pasar por cuatro etapas: la primera consistía nada más en reservar la frecuencia, toda vez que el espacio radioeléctrico es un bien de dominio público finito. Independientemente de que podamos, a pesar de como lo han dicho muchas matrices de opinión, concebir al aire como un espacio ilimitado e infinito que une el espacio con el ultraespacio, el conjunto de frecuencias que cruzan por ese bien infinito y que pueden ser explotadas para un servicio de telecomunicación y que a su vez son subclasificadas para prestar el servicio de radio y televisión lo hace cada vez más limitado. El primer paso que estableció la regulación de 1940 para poder proceder al otorgamiento de un título en materia de radio y televisión era reservar la frecuencia y eso implicaba, en todo caso, ese derecho de preferencia que había tenido el primer interesado al intentar que se le otorgase un derecho de concesión antes que a otras personas. De esa reserva de frecuencia, el interesado tenía que satisfacer algunos requisitos técnicos, legales y económicos que le permitían que una vez que hiciera una revisión el extinto Ministerio de Telecomunicaciones o inclusive el anterior de Obras Públicas, se le permitiese instalar equipos de telecomunicaciones para que operase esa frecuencia. Pero la instalación de esos equipos no le daba derecho en ningún momento a operar la frecuencia para sí; en todo caso, una vez comprobado que la instalación de los equipos era adecuado al proyecto técnico que había presentado para que se le reservara la frecuencia, restaba el tercer paso que consistía en un período de prueba. Recuerdo cuando era niño que para mí no había nada mejor que una radio en período de prueba porque no tenía propaganda y con un casete podías grabar toda la música que querías. Con la ley de 2001 y la transformación de la adecuación de títulos se encontró el mayor desastre administrativo que ustedes pudieran imaginar. Como lo explicaba el ingeniero Franco Silva, muchos concesionarios no eran aquellos a los que originalmente se les había otorgado el título, otros nunca lo habían sido. Entonces Conatel entraba en la evaluación necesaria o legitimaba la ilegalidad. Considero que la mayor responsabilidad de un Estado es hacer valer sus derechos. En mi experiencia como abogado de la Conatel he tenido la oportunidad de explicar la adecuación de este marco jurídico a representantes de estas concesiones y en muchas oportunidades han llegado a la posición inclusive de chantajear al Estado venezolano, de chantajear el derecho regulatorio en materia de telecomunicaciones porque saben expresamente que no tienen el conjunto de condiciones que les permita de una forma jurídica el otorgamiento de su derecho de transformación de título. Cuando escuchamos declaraciones de algunos concesionarios como Nelson Belfort que dice: “yo tengo el derecho de explotar ese servicio, de ser un radiodifusor”, es cierto, él tiene el derecho pero lo tiene conjuntamente con 26 millones de venezolanos y dentro de esos 26 millones tenemos el derecho de que nuestra conciencia, nuestros conocimientos, nuestros valores estén verdadera y plenamente identificados con los contenidos que allí se están reproduciendo. Cuando revisamos un poco el ejercicio de la potestad de sanción que ha ejercido el Estado venezolano con estos medios de comunicación, se podría decir que es casi nulo. Cuando entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión se les impuso la obligación a los medios de comunicación antes de cada programa de informar a los usuarios sobre su contenido para que los padres y representantes pudiesen tener la oportunidad de saber qué iban a ver ellos o sus hijos. Es gracioso pero eso le costó una gran crítica a la entrada en vigencia de esa ley porque consideraban que se estaba perdiendo tiempo del aire, que era fastidioso que a cada hora o dos tuviéramos que escuchar lo mismo. Pero irónicamente esa resolución estaba vigente por la norma 1024 del Ministerio de Comunicaciones del gobierno de Luis Herrera Campins. Entonces cuando el Estado llegó a rescatar esta normativa, lo que hizo fue aplicarla y dar vigencia a lo que ya se encontraba vigente. Lo que podemos decir en materia regulatoria es que las decisiones del Estado venezolano en materia de sanciones han sido bastante tímidas. Hace unos años la sanción a Radio Caracas Televisión y las de las 37 emisoras que estamos viviendo hoy en día son estrictamente regulatorias y cuando digo regulatorias no es que se haya hecho una evaluación sobre los derechos al concesionario sino que se ha determinado que no existe derecho alguno por parte de ese concesionario para continuar con la prestación de ese servicio.

Radios comunitarias

Carlos Lugo: me centraré en el tema de las radios comunitarias, sobre todo ahora que está en debate todo lo que respecta a los medios comerciales. Desde el Anmcla (Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos) la organización a la cual pertenecemos varios colectivos de radios comunitarias, consideramos que el espectro radioeléctrico es un bien común, un bien colectivo. Reconocemos que desde el año 2002 hemos levantado alrededor de 500 radios y televisoras y experiencias comunitarias, pero hay que ir un poco hacia atrás en términos históricos para saber cuáles han sido las luchas del movimiento popular, del movimiento social para ver adónde hemos llegado con el tema del espacio radioeléctrico. A partir de la asunción del presidente Chávez nos llamaron de manera abierta a formular lo que hoy se conoce como el Reglamente de Radio y Televisión Comunitaria. Fue el primer avance en el término de la Revolución Bolivariana, de la mano del Presidente, para que los actores populares entráramos en el tema mediático. Hace poco estuvimos en Honduras, Paraguay, Argentina y Uruguay donde se han formulado grandes debates e incluso se han avanzado con reglamentos y leyes. A partir de 2006 empezamos con el lema de avanzar con la comunidad y decíamos “abajo el latifundismo mediático, haremos una reforma en el cielo como también en la tierra”. Entendiendo que estábamos en la conformación del socialismo, precisamente colocamos en la calle el hecho de que existía y existe un latifundio mediático. Hoy aplaudimos al ministro Diosdado Cabello que ha tomado parte de esos elementos que vienen del movimiento popular y los está colocando en el tapete. No obstante, esa lucha también nos llevó a marchas y actividades que lógicamente fueron invisibilizadas por los mismos actores que hoy están en las entidades comerciales. Entre otras también ha habido luchas en donde compañeras y compañeros han desaparecido no sólo en Venezuela sino en América Latina. Nosotros sostenemos que el espectro radioeléctrico debe estar en manos de las comunidades con un sistema público de comunicaciones, ni del Estado, ni privado. Los conglomerados han intentado incluso tumbar y han tumbado gobiernos, es la experiencia que hoy se está viviendo en Honduras donde hay un cerco mediático y fueron precisamente 12 familias las que con el cerco mediático han promovido y establecido una agenda para luego repetirla en todo el continente; por eso es que incluso Correa habla de que hay una amenaza específicamente sobre su gobierno como también la hay en Venezuela. Debemos seguir estableciendo dinámicas en las cuales las propias comunidades puedan visibilizar sus actividades y los grandes logros que se han hecho sobre todo en la Revolución Bolivariana. Tenemos que desmontar algunas leyes que favorecen específicamente a las altas burguesías y de manera particular a quienes hasta ahora han secuestrado el derecho colectivo, por eso estamos solicitando que avancemos dentro de este tema, no sólo con el conocimiento de la conformación de nuestras comunidades, sino también con plena claridad del lugar hacia dónde queremos conducir el país que queremos. También hay que revisar el espectro radioeléctrico; revisar el contenido implica también saber qué país queremos para reconstruir el mensaje. Por ello solicitamos específicamente que espacios como éste sean abiertos a la comunidad para que ésta también avance en el conocimiento del poder que significa llevar adelante su propio medio comunitario, la construcción de su propio destino que hasta ahora había estado silenciado.

Medios, capitalismo y socialismo

Luis Bilbao: buenas tardes, muchas gracias a Cantv por esta invitación. Me ha parecido extraordinariamente ilustrativo, educativo. Voy a tocar el tema desde una perspectiva diferente. Entre otras cosas porque ha sido muy exhaustivo el tratamiento del problema. Quisiera decir que esta situación denominada concentración de medios en realidad responde a una ley intrínseca del sistema capitalista. Una ley conocida desde hace mucho y verificada fuera de toda discusión en cualquier parte del mundo. Varios hacen una distinción entre concentración y centralización, y la palabra más adecuada para este caso es centralización, porque hay concentración –según Marx– cuando se crea nuevo capital. En realidad hay centralización cuando a ese capital ya creado se lo centraliza en pocas manos, y esta ley se verifica en cualquier ámbito de la sociedad capitalista, desde la fabricación de aviones hasta la fabricación de vasos y por supuesto en los medios de comunicación que son un mecanismo más dentro del sistema. En primer lugar, es muy importante subrayar el carácter objetivo de este problema: no se trata de la perversión de tal o cual individuo y por lo tanto no se resuelve controlando que ese tal o cual individuo no incurra en perversiones. Es una ley necesaria, intrínseca del funcionamiento del sistema capitalista. Expresión y comunicación son condiciones excluyentes para que un individuo sea un ser humano pleno. Si una persona no tiene la posibilidad de expresarse y de comunicarse le falta algo esencial, y puede tener muchas riquezas de distinto tipo pero algo esencialísimo le estará faltando para ser un hombre pleno. Tanto en las exposiciones de este panel como en la introducción del video de VTV, queda muy claro que el ser humano y por lo tanto la sociedad completa pierde valores esenciales con este sistema de medios de comunicación, pierde su capacidad de expresarse, de comunicarse, y esta conjunción lleva incluso a perder la capacidad de pensamiento y de discernimiento. Hay un párrafo en el video que dice que el opresor hace que el oprimido defienda a quien lo oprime, y efectivamente esto ocurre con carácter de necesidad, porque aquel sistema de comunicaciones centralizado ya no es una empresa (en el sentido más genérico y lato de la palabra), no es una empresa de alguien que tenía el afán –como tenemos todos los que de una manera u otra ejercemos el periodismo– de comunicarnos con nuestros semejantes, no. Centralizado el capital en los medios de comunicación, ese medio tiene como función defender al sistema mismo. Es otra ley inexorable: no se le puede pedir a aquella expresión máxima del crecimiento y del desarrollo del capitalismo que ataque a aquello que le da vida. De manera que para defenderse a sí mismo el sistema comunicacional capitalista necesita enajenar al individuo y a la masa. Y al enajenarlo no solamente lo despoja de su condición humana, sino que además sienta las bases para explotarlo más y más en todos los sentidos y esa explotación tiene distintos niveles y características pero opera sobre la totalidad de la población, es decir, si nosotros hacemos una extrapolación un poco rápida de todo esto, el papel de los medios de comunicación es negar la condición humana de los componentes de una sociedad y de la humanidad. No estamos ante un problema menor. Lo que está ocurriendo en Venezuela está en las primeras planas de los diarios de todo el mundo. Por eso fue tan nefasto el acto de ayer, porque los diarios de hoy, justamente, pudieron mostrar a un gobierno, supuestamente tiránico y además criminal que, según ellos dicen, manda a un grupo de personas a hacer un acto como el que vivió ayer Globovisión (el expositor alude a un ataque al canal Globovisión por parte de Lina Ron y su partido Unidad Popular Venezolana quienes dicen apoyar a la Revolución). Fue muy contundente y muy claro el presidente Chávez cuando habló al respecto, señalando que esa actitud tiene un carácter contrarrevolucionario. Para romper con esta lógica intrínseca del sistema no hay otra salida que romper con el sistema mismo, no es posible humanizar, hacer de los medios entes solidarios, educativos, que contribuyan a la plenitud humana, sin romper con el sistema al que pertenecen. Esto es muy importante porque va más allá del problema de Venezuela. Los medios de comunicación en Estados Unidos, en la Unión Europea, y en el resto del mundo capitalista, pero particularmente en el Primer Mundo, cumplen una función multiplicadora en su calidad destructiva. Por otro lado nos han impuesto todos esos mecanismos a nosotros. Lo que está haciendo Venezuela es una bandera para la humanidad en su totalidad. Es absolutamente necesario hacer que el mundo comprenda exactamente qué se está haciendo aquí. Es necesaria una batalla comunicacional de gran envergadura y de alcance mundial para que esa campaña destinada a condenar al presidente Chávez y a la Revolución Bolivariana como una dictadura, como un régimen totalitario, pueda expresarse y decirle al mundo que en realidad es exactamente lo contrario. Ahora bien: si es imposible resolver el problema de la lógica destructiva de los medios de comunicación sin trascender el sistema capitalista, también es verdad lo inverso: no se puede dar el paso en la transición hacia el socialismo sin acabar con estos medios, porque son instrumento de negación del pensamiento, del discernimiento, de la reflexión, y por lo tanto de la plenitud humana. Y cualquier paso verdaderamente revolucionario, en el sentido del socialismo, requiere precisamente del conjunto social, necesita que cada individuo y la sociedad como conjunto sea plena. Que cada individuo y la sociedad en conjunto piensen por sí mismos, actúen por sí mismos, no se vean manipulados absolutamente por nadie. Es otra cuestión si eso se hace al margen del Estado o no; es otro debate. Creo que llegar a la posibilidad de que los medios se puedan manejar en un futuro sin el papel del Estado requerirá mucho tiempo y mucha lucha. Pero en todo caso es un tema secundario. Lo cierto es que no hay la menor posibilidad de continuar positivamente el desarrollo actual de la Revolución Socialista Bolivariana sin acabar con este sistema de medios. Por eso hay que reflexionar sobre el inmenso valor de lo que se está haciendo en este momento, para ustedes, para toda América Latina y para el mundo en su totalidad. En ese sentido quiero desde aquí expresar mi apoyo incondicional, mis felicitaciones, mi respaldo total al ministro Diosdado Cabello que seguramente con plena conciencia de la campaña que se redoblaría en su contra, de la cruz que se le carga a quien sea capaz de oponerse a los medios y sabiendo el precio que tiene y tendrá que pagar, ha decidido asumir esta tarea clave.


América XXI, Año 7, No. 53, septiembre 2009
http://www.americaxxi.com.ve/numeros/0053/index0053.html
 

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