Intereses ocultos en el conflicto minero

América XXI

30/04/2014

Opinión

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El 25 de abril el presidente Evo Morales y los cooperativistas mineros anunciaron
un acuerdo sobre la Ley Minera. (Foto: ABI)

Resabios: los llamados “cooperativistas” mineros presionaron al Gobierno para mantener en la nueva Ley de Minería su atribución de negociar directamente con los capitales privados la utilidad de los yacimientos. Pero el presidente Evo Morales logró preservar el derecho constitucional de que sea el Estado el encargado de firmar los contratos con empresas multinacionales o de la élite nacional. De los 3 mil millones de dólares que dejaron el año pasado las exportaciones de los recursos mineros sólo quedaron pequeñas porciones al Estado y a los trabajadores del sector.

El presidente Evo Morales logró mantener el derecho constitucional del Estado de firmar contratos de asociación con las empresas nacionales y multinacionales, plasmado en la nueva Ley de Minería. Tras duras negociaciones los llamados “cooperativistas” mineros depusieron su reclamo de reservarse el derecho de negociar de forma directa con las compañías privadas sin intervención del Ejecutivo.

El acuerdo se firmó el 25 de abril luego de una crisis que incluyó movilizaciones y bloqueos de carreteras que dejaron un saldo de dos muertos y un centenar de heridos entre trabajadores y policías. Un día más tarde se retomó la discusión de los artículos más conflictivos de la futura ley con la que el Ejecutivo busca evitar que algunas cooperativas cometan irregularidades y que las multinacionales hagan abuso de su poder económico en perjuicio del Estado y de los propios trabajadores cooperativizados.

Una comisión del Gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) analizaba al cierre de esta edición la nueva redacción de los artículos 151, 62 y 132 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia que sería enviado al Legislativo en los días siguientes. Evo Morales explicó que el artículo 151 (el más cuestionado) establece que “las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean nacionales o extranjeras”. El 62 promueve “respetar los derechos preconstituidos” en la Constitución para las cooperativas mineras mientras que el 132 fija un plazo de 90 días para que la Asamblea Legislativa apruebe los contratos firmados por ese sector.

El acuerdo también contempla asistir con créditos a las cooperativas en respuesta al argumento de que un acuerdo entre el Estado y las compañías privadas les generaría pérdidas de recursos financieros.

Intereses ocultos

La crisis había comenzado a fines de marzo cuando los cooperativistas mineros iniciaron una protesta contra las modificaciones que el Senado y el Ejecutivo querían hacer al proyecto de Ley Minera que se había aprobado en la Cámara de Diputados. La discusión de esta iniciativa considerada clave para el Gobierno sacó a la luz intereses ocultos que involucran a funcionarios del organismo estatal de minas, empresas privadas que explotan yacimientos del Estado y algunas cooperativas por firmar contratos irregulares con los capitales nacionales y multinacionales.

El proyecto busca reemplazar el Código de Minería de 1997 con una norma acordada por el Estado, cooperativistas, sindicatos y empresarios del sector. La discusión no es menor: en 2013 ingresaron a Bolivia 3.038 millones de dólares por exportaciones de minerales, una cuarta parte del monto total de las ventas al exterior.

En Bolivia las 1.642 cooperativas mineras registradas tienen un régimen especial por parte del Estado basado en el beneficio netamente social que tiene para cada uno de sus miembros. En los últimos años el Gobierno detectó que al menos un centenar de ellas suscribieron contratos irregulares con empresas privadas. Además sabe que las empresas privadas aprovechan la actual legislación para “beneficiar” a las cooperativas con acuerdos que en verdad encierran la posibilidad de que el capital tome el control de los yacimientos.

La tensión provocó también la designación por parte del presidente Morales del nuevo ministro de Minería Cesar Navarro en lugar del Mario Virreira. El nuevo funcionario puso como ejemplo el contrato por 25 años (vence en 2021) de siete cooperativas con la empresa de extracción de plata Manquiri. Esta filial de la estadounidense Coeur D’Alene Mines Corporation tuvo una utilidad neta de 65 millones de dólares (ingresos por 200 millones de dólares) pero pagó al Estado 5 millones y a las cooperativas 3,5 millones. Agregó el ministro que en 35 contratos se observa que las cooperativas ceden a las privadas el control de los yacimientos a cambio de un porcentaje de las ganancias.

Los convenios denunciados por el Ejecutivo están siendo investigados por la Fiscalía de La Paz en la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en las áreas Administrativa Financiera, Jurídica y Técnica. El presidente Morales lamentó “el trabajo del ministerio saliente (porque) entiendo que hubo intereses ocultos dentro del equipo técnico para hacer daño al pueblo boliviano”.

Sistema en agonía

Con la solución a la crisis el Gobierno ha conseguido paralizar los negocios ilícitos e inconstitucionales de las empresas cooperativas mineras que mueven centenares de millones de dólares en contratos con empresas privadas. Varias de estas compañías son filiales de transnacionales que utilizan concesiones que les da el Estado para explotar yacimientos y conseguir ventajas impositivas y otras facilidades.

Durante dos décadas (1985-2005) imperó en Bolivia un modelo de saqueo de los recursos naturales y el empobrecimiento del país. La manifestación más clara de esta orientación “restauradora” se encuentra en el intento de incluir en la nueva Ley Minera disposiciones que choca con la Constitución Política del Estado, debilita el papel del Estado en su rol de planificador y gestor del sector, impide los procesos de industrialización y amplía el poder económico de las transnacionales, sus socios bolivianos y los grupos de poder de sectores del llamado cooperativismo minero.

La actual estructura del sector minero mantiene las características heredadas del neoliberalismo: las grandes transnacionales Sumitomo de Japón, Kores de Corea del Sur, Glencore de Suiza o Apex Silver Mines de Estados Unidos. Los socios bolivianos son las ex Mineras Medianas Comsur, de la familia del expresidente Gonzalo Sanchez de Lozada; Estalsa, Emusa; Manquiri y otras que tienen el mayor poder productivo y exportador. Las siguen las Cooperativas Mineras con casi 100 mil trabajadores, que han ocupado casi todas las minas que antes eran de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y han conseguido ventajas en impuestos y las regalías. Finalmente la minería estatal que no avanza para convertirse en el eje de una actividad estratégica para Bolivia por el extremadamente lento fortalecimiento de Comibol y las empresas del hierro y del litio.

Los valores de la producción minera han alcanzado en 2013 algo más de 3 mil millones de dólares. Sin embargo los aportes por regalías e impuestos no llegan a 150 millones de dólares. Los miembros de la rosca minera han realizado malabarismos legales y comerciales para mantener vigentes, después de 2006, sus derechos sobre yacimientos mineros que los han convertido en millonarios sobre la pobreza del Estado y los trabajadores mineros bolivianos. Mantienen su poder para influir en los alcances de las nuevas normas legales y en las políticas del sector minero; y utilizan para eso a funcionarios del Gobierno.

Con informes de Eduardo Paz Rada

“No hay defensa de la Patria sin disciplina”

El presidente Evo Morales pidió disciplina en las Fuerzas Armadas y denunció intentos de sedición en el alzamiento de suboficiales que se produjo desde el 20 de abril. Recordó a los guerrilleros de la independencia frente al colonialismo y sostuvo que “sólo se puede asumir la defensa de la Patria cuando hay disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, cuando hay una doctrina que exprese el sentimiento profundo del pueblo boliviano, una doctrina del pueblo y no una doctrina del imperio”.

Al encabezar el acto de celebración del 123 aniversario de la reapertura del Colegio Militar de Ejército, el 25 de abril, Morales reivindicó “una doctrina que exprese esas luchas antes de la fundación de la República, de las Fuerzas Armadas que sientan y piensen y que se organice, no solamente para defender el territorio nacional, para defender sus recursos naturales, sino también para atender y cuidar al pueblo boliviano”.

Las palabras del Presidente coincidieron en los días de movilización de un grupo de suboficiales y sargentos del Ejército en demanda de la “descolonización” de la institución y “discriminación”’, acusaciones que fueron rechazadas por el Ejecutivo.

Los comandos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada Boliviana dispusieron el “retiro obligatorio” de más de 700 suboficiales y sargentos acusados de “sedición, motín, desacato, realizar acción política y atentar contra la dignidad y honor” de la entidad, además de haber abandonado sus lugares de trabajo. “Escaparse del cuartel es traición a la patria”, dijo Morales.

Fuente: http://www.americaxxi.com.ve/revista/articulo/107/p-intereses-ocultos-en-el-conflicto-minero-nbsp-nbsp-nbsp-p

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