Presupuesto en la mira

América XXI

06/08/2013

Opinión

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Contrapunto: tras la presentación de la rendición de cuentas el 30 de junio, sindicatos de la educación y la salud públicas salieron a las calles y cuestionaron la política económica del segundo gobierno del Frente Amplio. La movilización ciudadana creció y expuso tensiones entre el Gobierno y los trabajadores. Los sindicatos saben que este año es vital lograr cambios en materia presupuestaria porque en 2014 habrá elecciones presidenciales y la ley prohíbe cambios en la asignación de los recursos. El 25 de julio la central única de trabajadores realizó una jornada nacional de movilización.

Desde la llegada del Frente Amplio al poder en 2006 el destino de los fondos públicos ha sido motivo de debate. Cuando Mujica asumió la presidencia en marzo de 2010 continuó con las prioridades establecidas por el gobierno de Tabaré Vázquez cuatro años atrás y prometió impulsar la política en materia de viviendas. Hasta hoy había predominado el consenso. Ya no. Ahora los sindicatos protestan decididamente contra los bajos salarios y los sectores más organizados exigen una mayor redistribución del ingreso.

El ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo defendió la cautela con la que se mueve el Gobierno en materia presupuestaria tras presentar el 30 de junio, al filo del plazo constitucional, el proyecto de rendición en el Parlamento. Sostuvo que “el fortalecimiento de políticas y programas realizado a lo largo de esta ejecución presupuestal alcanza los 1.375 millones de dólares anuales con una clara distribución de prioridades”, que fueron educación, salud, vivienda, infraestructura y políticas hacia la minoridad, según sus palabras.

Para Mujica, “lo aconsejable hoy es la prudencia, cuidar lo que hemos logrado para mantener el reparto social”. Explicó que el contexto económico internacional obliga a tomar precauciones y se dirigió a los trabajadores: “Daremos todo lo que podamos pero no vamos a construir castillos de ilusiones o dar aumentos que al otro día hay que tirar al suelo con un espiral inflacionario”.

Disconformidad

Según el Instituto Cuesta Duarte de la central única de trabajadores Pit-Cnt, si entre 1998 y 2009 el 34% del PIB quedaba en manos de los trabajadores, ese porcentaje se redujo al 30% en 2010. Y “las ganancias del capital e impuestos pasan del 50 al 59% del PIB en el mismo período”, denunció la central. Otro ítem preocupante es la deuda externa, que se duplicó en esos 12 años, pasando de 13 mil millones de dólares a 26 mil millones.

Durante la presentación de la rendición de cuentas sobre la situación y perspectiva de la economía, Lorenzo resaltó que cada vez más trabajadores perciben ingresos por encima de los 10 mil pesos uruguayos (unos 500 dólares). Entre 2010 y 2012 se redujo en un tercio la cantidad de personas con ingresos menores a esa cifra: pasaron de ser 495 mil a sólo 330 mil. También defendió la reducción de la pobreza, que hoy es del 13% y el gobierno pretende disminuirla al 10% para 2015.

En materia de viviendas, si bien se declaró la emergencia habitacional y se lanzó el Plan Juntos para realizar obras en las zonas más humildes, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda (Fucvam) explicó que la administración de Mujica destinó en realidad un 23,54% menos de presupuesto a la vivienda que la de Vázquez.

Otro de los cuestionamientos que recibió el Gobierno fue por el incremento del déficit fiscal, que alcanzará el 2,1% del PIB. El ministro explicó que la baja en el crecimiento económico (fue de 3,9% en 2012) y una menor recaudación, sumados a una mayor ejecución presupuestal, más jubilaciones y los altos niveles de liquidez exigidos provocaron el aumento del déficit.

Lorenzo ponderó también el papel de la inversión extranjera directa, tras asegurar que aumentó la cantidad de proyectos productivos afincados en el país. Y destacó el incremento de los recursos que se destinan al Ministerio del Interior y al sistema penitenciario, que aumentaron un 50% desde 2005. Uruguay terminará el año con 10 mil presos en una población de tres millones 300 mil habitantes.

A la calle

Descontentos con las partidas presupuestarias y el aumento salarial propuesto, los gremios de la enseñanza salieron con fuerza a imponer sus reclamos, ocupando el centro de la atención ciudadana y mediática. Su rápida salida a las calles provocó un incremento adicional de 45 millones de dólares para la Administración de la Enseñanza Pública (Anep) –que reúne a la educación inicial, primaria, secundaria, técnica y de formación docente– y de 9 millones para la Universidad de la República. En realidad, los 45 millones de dólares representan un adelanto de una partida que se iba a ejecutar el próximo año.

Pero las cifras quedaron lejos de los reclamos. La Universidad de la República, por ejemplo, pide un incremento de 140 millones de dólares, muy lejano a los 9 millones adicionados. El principal reclamo de la institución, que realiza las principales investigaciones del país, es la financiación del Hospital Universitario, hoy subutilizado y deteriorado. Parte de la población más pobre del país se atiende en este hospital-escuela.

El Gobierno sostiene que la educación tiene asignado el 4,5% del PIB, un viejo reclamo de las gremiales, aunque ahora la Unesco exige a los países el 6% de inversión en este sector clave. Informó, además, que al inicio de la gestión del Frente Amplio un docente “grado uno” tenía un salario nominal de 6.054 pesos (unos 300 dólares) y hoy casi triplica esos ingresos: recibe 17.104 (850 dólares). Pero los sindicatos aseguran que la inflación ha licuado buena parte de los aumentos salariales. El propio Presidente explicó que el Gobierno no puede dar más de lo ofrecido: “Hoy no podemos, pero no por ello dejamos de reconocerlo”, dijo en referencia al pedido que hacen maestros y profesores.

Sectores políticos de oposición, menos sensibles con las demandas de los trabajadores, plantean que los educadores trabajan pocas horas (aunque para subsistir muchos tienen dos empleos), que la educación ha empeorado y que los sindicatos “manejan la enseñanza”. Confrontan así con el Gobierno de cara a la campaña electoral que comenzará próximo año.

Algunos parlamentarios oficialistas buscan mecanismos para mejorar la asignación sin incrementar el gasto. Pero Mujica se preguntó: “¿A qué cosas vamos a renunciar para darle recursos a la educación?”. Muchos le recordaron su discurso de asunción cuando al enumerar las prioridades de gobierno repitió: “educación, educación, educación”. Aseguraron que el Estado renuncia a cobrar impuestos a los grandes inversores y luego aduce no tener más recursos para distribuir y atender demandas justificadas. Doreen Ibarra, diputado oficialista, plantea –por ejemplo– subir el Impuesto a la Renta de Actividades Empresariales (Irae) del 25 a 30% y reimplantar el impuesto de Primaria en el sector agropecuario. Pero esas políticas no cuentan con el consenso necesario dentro del Frente Amplio.

Mientras, los gremios de la educación continúan sus protestas en la calle, ahora junto al numeroso sindicato de la salud pública. Las demandas: aumento de los salarios, incorporación de más personal y más inversión. La salud pública, tras su reforma, también vio mejorada su dotación presupuestal luego del fuerte deterioro de los servicios por las políticas privatizadoras de gobiernos anteriores. Pero los trabajadores aseguran que faltan recursos para realizar las inversiones que se necesitan en el sector.

Son días de fuertes movilizaciones y debates, tanto en el Gobierno como en los sindicatos y la sociedad. En cierta medida este enfrentamiento expresa un malestar con el gobierno progresista, muestra la independencia política de algunas organizaciones y su intento por empujar las transformaciones prometidas.

Fuente: http://www.americaxxi.com.ve/revista/articulo/98/p-presupuesto-en-la-mira-p

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