Difícil equilibrio entre unidad social y demandas sectoriales

Apoyo de masas para frenar una embestida con base en la COB

02/07/2013
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Actores: campesinos, indígenas y obreros respaldaron a Morales frente a la huelga general lanzada por un sector beligerante de la Central Obrera Boliviana (COB). Salieron a las rutas a disputar espacios al sindicalismo tradicional, denunciaron un intento de desestabilización y juraron defender con su vida al Presidente.
 
Las protestas se extendieron 16 días en reclamo de un aumento de las pensiones que el Gobierno consideró excesivo e incluyeron cortes de carreteras, uso de dinamita y protestas violentas. La firmeza del Gobierno permitió ganar la pulseada. Con la creación de un partido político, un ala de la central obrera piensa en las próximas elecciones presidenciales
 
Organizaciones sociales respaldaron desde calles, rutas y plazas al Gobierno Plurinacional frente a lo que denunciaron como un intento de desestabilización encabezado esta vez por la Central Obrera Boliviana (COB). La dirigencia sindical resignó sus pretensiones de aumentos en las pensiones luego de 16 días de protestas que dejaron decenas de heridos, detenidos y millones de dólares de pérdidas en la producción, pusieron en riesgo la paz social y el abastecimiento de mercadería.
 
Las protestas de la COB se iniciaron en la primera semana de mayo para reclamar por un aumento de las pensiones muy por encima de lo propuesto por el Gobierno y modificaciones al sistema previsional.
 
Ante la negativa del Ejecutivo a conceder el incremento, la dirigencia de la central obrera dispuso una huelga por tiempo indefinido.
 
Desde entonces hubo bloqueos de rutas, movilizaciones, choques con la policía, uso de dinamita e incluso algunos sectores plantearon la necesidad de un amotinamiento de las fuerzas de seguridad.
 
La protesta fue encabezada por trabajadores mineros a los que se sumaron sectores fabriles, trabajadores de hospitales y maestros de algunos distritos. Frente al endurecimiento de la demanda, las fuerzas leales al gobierno decidieron actuar.
 
El punto culminante de ese respaldo social se produjo el 23 de mayo en La Paz, durante el llamado “Cabildo Patriótico y Revolucionario por la Defensa de la Democracia”, en el que indígenas, campesinos y trabajadores renovaron su apoyo a la revolución. El presidente Evo Morales cerró la jornada con un discurso en el que afirmó que “la verdadera COB es la que lucha contra el imperialismo y defiende al pueblo” y denunció que algunos dirigentes obreros priorizan sus propios privilegios y responden a intereses foráneos. Se preguntó “cómo es posible que dentro de la Central Obrera Boliviana pueda haber dirigentes al servicio del imperio, del capitalismo, todavía coordinando con politicos neoliberales”.
 
El cabildo fue organizado por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que reúne a las organizaciones afines al Gobierno. Pero el apoyo al Presidente llegó incluso de sectores que son leales aunque críticos de algunas políticas del Ejecutivo, como las organizaciones de El Alto, la región más combativa de Bolivia y la más poblada luego de La Paz. El alcalde de esta ciudad, Edgar Patana, alertó que desde las organizaciones alteñas “estamos dispuestos a defender este, nuestro proceso, y hacer respetar a nuestro gran líder”. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Remigio Condori, señaló que “el pueblo alteño siempre va a defender este proceso de cambio por la unidad del pueblo boliviano y la unidad de los trabajadores”. Lo mismo ocurrió con la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), cuyos afiliados están mayormente instalados en El Alto. Su presidente, Víctor Ramírez, recordó que “la derecha debe entender que un congreso ampliado de la organización determinó que seremos soldados incondicionales para defender el proceso de cambio”. También apoyó el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Alejandro Santos, al sostener que “el pueblo no permitirá que pequeños sectores manoseen las arcas del Estado Plurinacional”, avalando la negativa oficial a ceder a las presiones de una fracción sindical. El Gobierno insistió desde el comienzo mismo del conflicto que al otorgar el increment pedido por la COB se pondría en riesgo el Fondo Solidario, creado para mejorar las pensiones de aquellos que percibieron salaries bajos durante sus años de actividad.
 
Violencia
 
Más de dos semanas después de haber iniciado la huelga general por tiempo indeterminado, la COB firmó un acuerdo con el Gobierno con el cual admitió una jubilación 70% por debajo de lo reclamado en el inicio del conflicto. La central obrera exigía cambios en el Sistema de Pensiones para jubilarse con el ciento por ciento de un sueldo promedio de los últimos 24 meses de actividad.
 
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó que el Gobierno “ratificó la propuesta más óptima (de las tres que se negociaban) porque garantiza la sostenibilidad del Fondo Solidario y por lo tanto garantiza la pensión para los jóvenes y para quienes hoy se están beneficiando de ese fondo y su pensión actual. Por lo tanto, no hay un cambio en la posición del Gobierno”. Sobre este mismo asunto, el presidente Morales dijo en el Cabildo Patriótico y Revolucionario que “todos tienen derecho a una renta jubilatoria, y no vamos a aceptar que sólo beneficie a los de más altos ingresos”.
 
Si bien se declaró en estado de emergencia por 30 días, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, oficializó el acuerdo con el gobierno y rechazó las acusaciones de “golpista”. Las denuncias de funcionarios del Ejecutivo contra los dirigentes sindicales se conocieron luego de que en los primeros días de la huelga se produjeran detenciones de personas “portando dinamita, lanzando materiales contundentes y provocando a la policía”, según el informe que realizó al tercer día de protestas el ministro del Interior, Carlos Romero. También fueron capturados una ambulancia y un minibús portando explosivos. En esos días, mineros del yacimiento Huanuni dinamitaron un puente para cortar la ruta en el poblado andino de Caihuasi, a 200 kilómetros de La Paz, que une la región central de Cochabamba con la oriental de Santa Cruz.
 
También el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, criticó la radicalización de la protesta: “quiero pedir a algunos dirigentes de la COB que se parezcan más a sus bases y se alejen de las tentaciones de violencia, de golpismo, de toma de instituciones públicas, como lo han señalado de manera temeraria”, dijo.
 
Partido
 
Esta prolongada huelga general fue convocada en momentos en que la COB encara una estrategia política para el año próximo con la creación del Partido de los Trabajadores. El primer congreso de este incipiente partido se realizó en marzo pasado en Huanuni, como expresión de alineamiento de la conducción de la central sindical con los sectores mineros enfrentados a Morales. En la central sindical convergen sectores reaccionarios, corrientes moderadas y otras izquierdistas.
 
Las mayores movilizaciones de la COB fueron encarnadas por los mineros de Huanuni y Colquiri, los dos yacimientos más grandes del país. Aun así, existen diferencias entre mineros asalariados y los agrupados en cooperativas, con los cuales disputan condiciones de trabajo y mercado laboral. En el centro del conflicto de la COB se ubicó la Empresa Minera Huanuni (EMH), emprendimiento que llevan adelante los trabajadores tras la nacionalización de la empresa que hasta el año pasado estaba en manos de capitales suizos. Este yacimiento fue uno de los ámbitos de la producción más afectados por la huelga de la COB, ya que buena parte de los cortes de rutas que aislaron poblaciones se produjeron en Oruro, departamento en el que se ubica Huanuni. El ministro de Minería, Mario Virreira, informó que EMH, donde trabajan 4.700 mineros, perdió casi 500 mil dólares diarios durante las jornadas que duró la protesta. Morales dijo que “las empresas del Estado no son sólo para los trabajadores sino que también deben dar utilidades al Estado”.
 
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