Cómo en un acto de metamorfosis del famoso Harry Houdini el fiscal Néstor Humberto ha preparado un escenario en el cual se muestra atado y atrapado con el fin de ambientar un espectacular final en el que se mostraría al frente de una gran movilización arengando contra la JEP y pidiendo su reforma. Este acto teatral acaso tiene como telón de fondo las recientes derrotas sufridas por el gobierno en las objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP) , el hundimiento de la reforma a la justicia y de la reforma política, la Tutela que ganaron el senador Iván Cepeda y el ex ministro Álvaro Leyva pidiendo rescatar los acuerdos con el ELN, o la fallida intervención del gobierno para impedir la audiencia de la JEP con la Corte Interamericana de Derechos Humanos - prevista para presentar informe de monitoreo de los avances y dificultades-, entre otras derrotas.

Como era de esperarse los sectores de la derecha comenzaron a alinearse a través de distintas declaraciones que buscan deslegitimar no solo la decisión de la JEP respecto a Santrich, sino su existencia misma; el centro democrático se mostró indignado y con burda retórica emprendieron su campaña de desprestigio por redes sociales donde calificaron la decisión como “daño a la institucionalidad y a las relaciones de cooperación internacional”, mostraron la decisión como un premio a los victimarios e incluso calificaron a la JEP como “excrecencia”.

Este tipo de reacciones no son nuevas, basta recordar cómo el expresidente Uribe ha arremetido contra la institucionalidad en diferentes ocasiones cuando sus fallos han sido en contra de sus intereses, este es el caso del ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo acusado de peculado por apropiación por la falsa desmovilización que le causó un detrimento patrimonial al Estado de 1.156 millones de pesos que fueron pagados a los supuestos 66 desmovilizados del Frente Cacica Gaitana. Otro caso es el de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado condenada por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica, en lo que se conoció como las chuzadas del DAS. Un tercer caso es el del exsecretario de presidencia Bernardo Moreno condenado por su participación en dichas interceptaciones. Por último, mencionar el caso del ex ministro Andrés Felipe Arias condenado por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros en el llamado escándalo de agroingreso seguro. También vale recordar cuando se fue lanza en ristre contra la Corte Constitucional que frenó su reelección, o cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria.

El problema no es solo de un descuerdo con la institucionalidad que emite fallos contrarios, sino que se arremete contra ella intentando socavar sus cimientos, la disputa que yace al fondo es que la única institucionalidad funcional a la derecha uribista es aquella que está sometida a sus mandatos y hasta el momento el uribismo ha fracasado en someter a la institucionalidad democrática, por ello necesita un gran acto de magia que le permita una mejor posición para reencausar su objetivo de someter a la institucionalidad.

En este contexto deben leerse los mensajes de la derecha uribista. El daño a la institucionalidad democrática no lo hace la decisión de los magistrados de la JEP, que además cuentan con los mecanismos de control y balance, sino aquellos que arremeten contra esta institucionalidad pensada para superar el conflicto, y en este sentido tampoco es cierto que la decisión de no extraditar a Santrich vaya en contra de las víctimas al contrario ello se constituye en una oportunidad para esclarecer la verdad, premio a los victimarios es lo que pretende la derecha al socavar la JEP y mantener oculta la verdad lo cual entorpece la reparación y el acceso de las víctimas a la justicia, premio a los victimarios es asediar la institucionalidad democratica para fortalecer la impunidad.