Los recientes hechos de la política nacional evidencian con claridad como el actual gobierno de Colombia y su política de seguridad democrática valora la violencia como un mecanismo idóneo de su actuación.

El ingreso de fuerzas militares de Colombia al territorio ecuatoriano, que produjo una de las crisis más graves de Latinoamérica, es el primer hecho esclarecedor, especialmente en la argumentación de los funcionarios del gobierno colombiano y del propio presidente, quienes presentaron disculpas por la "incursión" pero se sostuvieron en la prevalencia de un objetivo mayor, la lucha contra el terrorismo, sin importar el derecho internacional, ni los pactos suscritos entre las naciones, para justificar la incursión. Este operativo fue planeado durante más de una semana, lo que da lugar a entender que los costos políticos fueron evaluados y que el gobierno y sus fuerzas militares decidieron asumirlos.

El segundo hecho es la decidida voluntad del gobierno de pagar un jugosa recompensa a alias "Rojas" quien deserto de las filas de la guerrilla después de haber dado muerte a su jefe guerrillero "Ivan Rios" y haberle cortado la mano para mostrarla como prueba a las autoridades. El gobierno en cabeza del ministro de la defensa y la fiscalia, han dado declaraciones a favor no solo del pago de 5 mil millones de pesos, sino de no realizar ninguna acción penal por el asesinato del jefe guerrillero y su compañera y ello tal vez incluya las investigaciones que se le venían realizando a alias "rojas" por terrorismo y autoria de dos masacres en el Departamento de Caldas. La argumentación de fondo se sustenta en que no se puede poner en peligro la credibilidad del sistema de recompensas aunque ello implique poner en duda principios básicos del Estado Social de Derecho, la garantía de los derechos humanos y abrir una puerta a la pena de muerte y la impunidad en nuestro país.

El tercer hecho de relevancia es el anuncio del gobierno de hacer reparación a las victimas de los grupos armados ilegales por la vía administrativa, reparación que consistiría en 40 salarios mínimos mensuales a precios actuales serían 18'460.000 pesos colombianos. En términos económicos alias "Rojas" recibirá alrededor de 10.835 salarios mínimos legales unas 270 veces más que una victima del conflicto; pongámoslo en estos términos sí un familiar de la compañera de alias "Ivan Ríos" se acogiera al proyecto del gobierno recibiría 18 millones como victima mientras su victimario recibiría cinco mil millones, más irónico todavía es que mientras a "Rojas" le pagarían de inmediato, a las victimas le harían pagos mensuales y solo después de 18 meses, tiempo en que el gobierno decide si acepta o no la petición de la victima.

Este mensaje implícito del gobierno ha rondado por las mentes de las victimas del conflicto y no solo por la recompensa de "rojas" sino por que la política de desmovilización del gobierno da mayores incentivos y mejores garantías a los desmovilizados. Cómo una ironía, mayor el proyecto de reparación a las victimas por vía administrativa terminara favoreciendo a los victimarios puesto que debilita los componentes de verdad y justicia. Además propiciara la evasión de la responsabilidad del Estado, que se declara solidario, cuando se ha demostrado en varios casos ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos como el derecho a la vida, el caso de la masacre de Mapiripan, las Palmeras, el caso de los 19 comercientes, entre otros, que hacen cuestionar a todas luces que el Estado sea simplemente solidario.

Otra mención, el gobierno se comprometió con toda su institucionalidad en la marcha del 4 de febrero en contra de las FARC y a pesar del apoyo que Mancuso jefe paramilitar le dio a esta marcha el gobierno se sostuvo, lo cual es destacable, pero lo enormemente criticable es que al llamado de las organizaciones de victimas del conflicto para marchar el 6 de marzo en solidaridad por las victimas y en contra de todas las formas de violencia, el gobierno no solo se abstuvo de participar sino que le dio credibilidad –ahora si- al comunicado de la guerrilla apoyando la marcha.

Esto refleja una situación preocupante en la cual el gobierno prefiere la salida violenta para generar resultados pasando por encima de los ordenamientos jurídicos que debe hacer cumplir y en la cual hasta el momento se percibe una tendencia a favorecer a los victimarios y a desconocer a las victimas. Preocupante además porque una encuesta realizada - a mil personas - en pleno fervor patriótico por la crisis diplomatica, mostró como la popularidad del presidente había aumentado a un 84% lo cual indicaría o bien que los ciudadanos están de acuerdo en el uso ilegitimo de la violencia, el pago a asesinos, la pauperización y discriminación de las victimas del conflicto o que los ciudadanos están mal informados y solo los motiva la imagen de Uribe.

Para finalizar: la profecía de Alfredo Rangel sobre el debilitamiento progresivo e irreversible de las FARC, no hace más que apoyar una salida que a todas luces conduce a mayor guerra, los argumentos que enuncia para mostrar como las FARC han perdido capacidad operativa, financiera, territorio, hombres y jefes del secretariado son validos, pero lo conducen a desestimar la salida negociada - aunque los convoca a negociar - y a ocultar dos dinámicas del conflicto una que a pesar de los "avances" del gobierno la guerrilla tiene la capacidad de adecuarse a las coyunturas, hacer repliegue estratégico para esperar el momento adecuado y actuar, las FARC no solo combinan todas las formas de lucha sino que tienen la paciencia campesina y no la premura de los gobiernos por mostrar resultados. Dos mientras el gobierno niegue el conflicto armado y niegue el carácter político de las FARC, solo podrá avanzar en los resultados que mostró Rangel, reducción de hombres, captura o muerte de jefes –que serán reemplazados por otros, sin importar si son mejores o no-, reducción de sus finanzas y capacidad operativa, incluso no es del todo claro que las FFMM puedan ir más allá de lo que hasta el momento han hecho, recordemos que las ultimas dos acciones en contra de las FARC se han llevado poniendo en riesgo la constitucionalidad, el derecho internacional y los pactos entre naciones y a pesar de ser duros golpes a su estructura de mando la han favorecido políticamente, poniéndolas en la escena internacional y cuestionando los mecanismos que el gobierno esta dispuesto a utilizar para derrotarlas.