En casi tres décadas la transición frustrada pone en el tapete el verdadero significado de las izquierdas y derechas en el espectro político chileno. Los tres tercios se acabaron con el golpe de 1973 y nunca más se rearmaron como clave para entender la política chilena.

Fue un ambiente donde los derechistas que habían propiciado el golpe y que escuchaban las directivas del Departamento de Estado entendieron que Pinochet (no el pinochetismo) era inviable para que llegaran inversiones extranjeras. Un repudio internacional hacía inmanejable la situación desde Chile. La privatización del cobre llegó con la Concertación. En 1990, cuando se inauguraron los gobiernos democráticos, Codelco concentraba 70 % de las ventas del mineral. Diez años más tarde la situación se había invertido: el 70 % de las ventas correspondía a las mineras privadas.

La Concertación (1990-2010), de manos de la socialdemocracia, gobernó en un ambiente de consensos. Estrategia que de manera gruesa se reproduce en la Nueva Mayoría de Bachelet (2014-2018) y el interregno de Piñera (2010-2014). Así como lo quiso Jaime Guzmán, esta Santa Alianza de izquierdas y derechas admite todas las reformas siempre que estas tengan lugar dentro de los consensos del binominal y la institucionalidad regidos por la Constitución de 1980.

Sobre esta piedra fundacional, que ha dado gobernabilidad a las convicciones socialdemócratas de las izquierdas y derechas del espectro político chileno, se consolidó el sistema de fondos de pensiones (AFP), la salud (Isapres), la educación, el medio ambiente, las inversiones en lo que en virtud de la concesión plena minera se considera como propiedad privada; en fin se glorificó la administración del dinero, la deuda y la caridad pública (Teletón) como opción al combate contra la desigualdad. Es la razón de fondo por la cual en casi tres décadas nunca hubo transición.

En las recientes elecciones con un padrón electoral de 14.347.258 ciudadanos, participó un 46,7 % es decir, 6.699.627. En segunda vuelta el desafío y el éxito será para quien logre movilizar parte importante del 53,3 % restante es decir, más de 7 millones de votantes potenciales, autodefinidos como no participantes de un proceso que no les concierne.

Este telón de fondo explica el surgimiento del Frente Amplio. Lo cual no es un fenómeno repentino. Es algo que se viene fraguando al calor de los movimientos sociales al menos desde hace 10 años. El 20 % obtenido por el Frente Amplio en las elecciones del 19 de noviembre hace posible de manera general, el advenimiento de los movimientos sociales a la política del Congreso.

Es aún muy temprano para saberlo pero es probable que el 20 % del Frente Amplio haya sido la traducción en política de los movimientos sociales y estudiantiles de los últimos 20 años. Fuerza social al margen de los consensos del poder político.

Se constituye además como fuerza política, aunque no hegemónica, por la Asamblea Constituyente, la educación pública gratuita, NO + AFP y consagración del sistema de reparto; rescate de los deudores habitacionales y de la deuda histórica de los profesores; fin del CAE; por reivindicaciones del sector público; movimientos autonómicos; el medio ambiente; matrimonio igualitario, etcétera.

En el futuro su potencial de expansión se encuentra entre aquellos que se abstuvieron en primera vuelta. Es sobre ese margen que se definirá la segunda vuelta del 17 de diciembre.

La práctica política de los movimientos sociales en el último tiempo dio al traste con la hegemonía de los dirigentes de los partidos de afuera. Eso ya no funciona. Tampoco parece aceptable que los Bienes Públicos como la educación, las pensiones, la salud, la ecología (el emblemático Hidroaysén entre muchos otros), sean objeto de un precio de mercado. Pues, la reivindicación de dichos bienes representa la valorización social del trabajo, sea esta al nivel de la unidad productiva o en su defecto como política de Estado.

La valorización social del trabajo desencadena dinámicas insospechadas de transición. Más aún, es posible pensar en el futuro en un trasvase de parte del sector social capturado por la vieja política a posiciones de izquierda que hoy aparecen bajo el alero del Frente Amplio. Esto podría ser la oportunidad para que se viabilicen las primeras propuestas para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.

Estas cuestiones de fondo permiten entender el emplazamiento que realiza el Frente Amplio al ala izquierda del Conglomerado socialdemócrata y su candidato Guillier. Si dicha ala pugna por los votos del Frente Amplio deberá entender que lo que está en juego es un programa. Corresponde a la Nueva Mayoría probar su voluntad de transitar hacia una nueva política y por tanto obtener de esa manera la votación que obtuvo el 19 de noviembre el Frente Amplio.

Es una realidad que cualquiera de las tendencias del Conglomerado en caso de ser elegida no tendrá mayoría en el Congreso. Por otra parte, el Frente Amplio tampoco cuenta con los 2/3 o los 3/5 necesarios para las grandes reformas que proclama. El impasse queda en manos de la dinámica que le impriman al proceso político los movimientos sociales y el eco que esta tenga en el Congreso. El tercer factor, para el caso que resulte elegido, corre de cuentas de Guillier. Su pronunciamiento por una nueva Constitución y la Asamblea Constituyente constituyen el eje del proceso político que se abre a partir de marzo de 2018.

Entendemos con ello un plebiscito sobre lo que llamamos los Principios Constitucionales, diez o quince, para luego en base a lo aprobado remitirlo a una Asamblea Constituyente.

Desde ya se inaugura la política según la dinámica que le imprimen los movimientos sociales. Esperemos que el Frente Amplio sepa leer el mensaje.

El tiempo dirá si estuvieron o no a la altura de la tarea.

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