La dictadura inauguró en Chile una doctrina que ha imperado en tribunales y administración del Estado durante los gobiernos de la Concertación, el de la Alianza y el actual de Bachelet, que los conflictos sociales son conflictos entre privados. La confrontación entre los habitantes de Caimanes y el grupo Luksic no es una excepción. El derecho a la vida y a la salud está en juego [garantías constitucionales del art. 19 de la Constitución] cuando se plantea la contaminación de las aguas de consumo humano provocada por el tranque de relaves de la minera Los Pelambres del grupo Luksic.

Caimanes es una pequeña población de Chile de 17453 habitantes de la IVa Región de Coquimbo, provincia de Choapa, comuna de los Vilos, a unos 10 kilómetros de un tranque de relave más grande de Latinoamérica construido por la Minera Los Pelambres [MLP] del grupo Luksic [Antofagasta Minerals] en el fundo El Mauro.

El embalse es una construcción de un muro de alrededor de 1.400 metros de longitud, con una altura de 237 metros y una capacidad total de relaves de 1.7 millones de toneladas de materiales tóxicos de la mina Los Pelambres. La construcción obstruye el libre curso de las aguas superficiales y subterráneas del estero Pupío, contaminando la napa freática que alimenta el pozo de agua del pueblo Caimanes, única fuente de agua potable de la comunidad.

Las acciones judiciales de denuncia de obra nueva iniciadas por las comunidades se basan en la amenaza a los recursos hídricos y a la vida de las comunidades del Valle del Pupío, por relaves compuestos por desechos mineros que contienen tóxicos como arsénico, estroncio, óxido de silicio, cloro, plomo, óxido de aluminio y azufre, entre otros.

Originalmente los permisos para la construcción fueron otorgados por la Dirección General de Aguas [DRA] en Resolución 1795 del 30 de noviembre de 2005. Esta resolución fue revertida el año 2006 por la Corte de Apelaciones de La Serena. Sin embargo, las actividades de la Minera, con el velado apoyo de los gobiernos de turno continuaron en oposición a las resoluciones de la justicia.

Judicialmente la sentencia de la Corte de Apelaciones fue confirmada en fallo de la Corte Suprema en octubre de 2014, donde se ordenaba a la minera restablecer el normal cauce del estero El Pupío y demoler total o parcialmente el tranque de relaves El Mauro. En su sentencia la Corte Suprema concluye que la obra nueva denunciada, conjuntamente con alterar y obstruir el libre curso de las aguas superficiales y subterráneas que el estero Pupío conduce hasta el pozo de agua potable rural del pueblo Caimanes, contamina la napa freática y pone en riesgo la salud física y mental de los habitantes, violándose así las garantías constitucionales consagradas en los números 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado [1980].

Sin embargo Minera los Pelambres no ha cumplido con el fallo de la Corte Suprema. Sin solución aparente el conflicto ha escalado con el corte de caminos por los habitantes de Caimanes y la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros que finalmente despejaron la ruta al mineral.

Siete años atrás el conflicto escaló a nivel internacional.

En 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua en Guadalajara [México], falló el caso. Literalmente, la sentencia del Tribunal Latinoamericano del Agua acordó:

[i] Responsabilizar a la empresa Minera Los Pelambres Ltda., por la destrucción del sistema hídrico natural y de un ecosistema único, y censurarla por haber continuado los trabajos a pesar de una decisión judicial que anula la autorización;

[ii] Censurar a las autoridades gubernamentales por la falta de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones y por sus acciones contradictorias, siempre en perjuicio de la vida, la salud y la naturaleza; por no acatar un fallo judicial que prohíbe la construcción del tranque de relaves que quedaría con millones de toneladas de residuos tóxicos a perpetuidad;

[iii] Exhortar a la Empresa y los organismos gubernamentales pertinentes la cancelación inmediata y definitiva de las obras de construcción del tranque El Mauro por los daños presentes y futuros.

En virtud de estos Acuerdos, el Tribunal recomienda: [1] Ejecutar una evaluación independiente y participativa, financiada por la empresa, respecto al grado y la reversibilidad del daño causado al sistema hídrico natural y a la población afectada; [2] Elaborar y ejecutar, por parte del Estado de Chile y con la participación de las comunidades afectadas, un plan de reparación integral de los daños, de tal manera que el fundo recupere en la medida de lo posible su estado original, costeado por la empresa; [3] Indemnizar, por parte de la empresa y eventualmente del Estado, los daños ecológicos y arqueológicos causados al sitio y los perjuicios a la población.

El desarrollo del conflicto prueba una vez más la relación de los negocios con la política y el predominio de uno de los grupos económicos y financieros más poderosos del país en el financiamiento de la política.

Ninguno de los mandatarios bajo cuya presidencia se ha desarrollado el conflicto –Lagos, Bachelet, Piñera y la reelecta Bachelet– ha impuesto el ordenamiento legal vigente. Los aportes financieros a las candidaturas de los 4 mencionados fueron decisivos en su elección. El poder del dinero sobre los fallos judiciales es evidente. Una vez más se demuestra que las instituciones no funcionan –menos aún cuando se trata de defender el derecho a la vida de los habitantes de Caimanes.

Héctor Vega

Editor de Fortinmapocho.com

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