Chile

Elecciones municipales, estudiantes, Asamblea Constituyente y bienes públicos

Héctor Vega

15/11/2012

Opinión

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De un universo de 13 millones 143.639 de votantes, sólo votaron 5 millones 261.069, esto es 40%. En la misma votación se contabilizaron 250 mil votos nulos y blancos, es decir 1.8% del universo electoral y 4.75% de quienes acudieron a las urnas. Por diversas razones el 60% de la ciudadanía no participó. La clase política ha abundado en explicaciones. Se habla de desafectación crónica al proceso electoral, lo que quiere decir, falta de conciencia, comodidad, flojera, u otros vicios menores; se agregan obstáculos para concurrir a las urnas, como lejanía, falta de locomoción colectiva, obstáculos naturales, etcétera, en fin, “abstención”, lo cual cubriría desde simple desinterés hasta falta de conciencia ciudadana…

Sabiamente la clase política oculta la palabra protesta; protesta o rabia contenida, frente a un sistema político donde el voto pierde todo significado. La burla de un voto que se anula por sí mismo fue denunciada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios [ACES] que lideró el movimiento “Yo no Presto el Voto”. La ACES, al margen de la farándula de candidatos, llamó a votar por programas; transformar el juego electorero en la manifestación potente de la ciudadanía en cuanto actor de cambios.

El papel de la ACES

Comentarios y publicaciones que siguieron a las municipales del 28 de octubre demuestran lo que la ACES previamente alertó ante la opinión pública. Al día siguiente, la Concertación más el PC y la Alianza, publicaron resultados como si estos correspondieran a la manifestación de voluntad de todo el cuerpo electoral, esto es 13 millones de ciudadanos. En vista de la abstención de 60% esta presentación de datos no podía ser sino una manera mañosa de ocultar que sólo 5 millones 200 mil ciudadanos participaron. Según esas cuentas alegres la Concertación más el PC habrían obtenido 49%; Alianza, 33% y el PRO más el PRI y partidos minoritarios 17%.

La realidad es otra. Si se considera el 100 por ciento del electorado es decir los 13 millones de votantes posibles, la presentación gloriosa de la clase política queda reducida a menos que discretos resultados en que la Concertación más el PC, alcanzan apenas 19%; Alianza, 13% y PRO más PRI y partidos minoritarios 6%. [Véase el detalle en Anexo]. En cuanto a los cálculos presidenciales, el ya proclamado candidato en el 2013, ME-O del PRO, apenas logró 1,8%; el PRI, de Adolfo Zaldívar, comodín indispensable de la derecha, alcanzó apenas 3% y el partido Humanista prácticamente desapareció con el 0.7 %. Obsérvese que la Concertación que ya se calza la banda presidencial con Bachelet a la cabeza, apenas logra un exiguo 19%. En cuanto a la Alianza, ni siquiera con el apoyo del PRI, logra llegar al 15% del electorado.

La incomodidad de la clase política

Resulta incómodo para la clase política reconocer que las grandes transformaciones sociales y políticas que reclamó la ciudadanía durante la dictadura en casi cuarto de siglo de los gobiernos de la Concertación y de la Alianza han quedado frustradas –ello sin agregar los 16 años 7 meses de Pinochet, egregio inspirador del modelo económico de ambas coaliciones. Modelo que profundiza las desigualdades, la especulación financiera y los privilegios y que en estos años no sólo se ha mantenido incólume sino que además se ha perfeccionado. Alianza y Concertación cogobiernan con el objetivo preciso y claro de limitar drásticamente cualquiera participación masiva de la ciudadanía. El sistema binominal de elecciones que impide la participación de cualquier otro actor político que no sean la Alianza y la Concertación es el ejemplo más claro de un sistema fundamentalmente antidemocrático donde todos los dados intervinientes en el juego están cargados.

Manifestaciones imposibles de acallar

La conciencia de más de 3 decenios de abusos y frustraciones se traduce en rabia contenida; es lo que explica las manifestaciones masivas de la ciudadanía en la calle en los últimos 2 años. Tarifas de la educación; el abuso del Transantiago; comisiones usureras de las ISAPRES, de las AFP y del aparato financiero [bancos, aseguradoras] en la cima del negociado; especulación inmobiliaria en el cordón urbano que rodea la ciudad de Santiago, son otras tantas instancias, muy bien identificadas por la ciudadanía, y que no tendrían ninguna chance de subsistir a no mediar la complicidad de la clase política.

La calle reemplazó al Congreso, a los Ministerios y a los tribunales de justicia. A las ya tradicionales protestas de los deudores habitacionales y de la educación; de las demandas sindicales por mejores condiciones de trabajo y remuneraciones vergonzosas, surgieron manifestaciones de nuevo tipo con Hidroaysén a la cabeza en 2011. En esa misma época, de manera rotunda la protesta se plasmó en la demanda de fin al lucro en la educación. No es exagerado decir que esta protesta por el bien público educación resumió la rabia contenida del pueblo de Chile. Hoy la lucha del pueblo mapuche trae a la conciencia nacional su existencia como Nación dentro de las realidades étnicas que existen en nuestro país. La lucha de los pescadores artesanales nos ha hecho tomar conciencia que la riqueza pesquera de nuestro país está en manos de 7 familias. El movimiento de los vecinos de Freirina del Valle del Huasco contra Agropesur exigió que se aplicara la ley del medio ambiente; el sector ambientalista llevó a la paralización de la central termoeléctrica de Castilla en una zona de gran biodiversidad; cortes del tránsito periódicamente dan cuenta de manifestaciones ciudadanas en contra del Transantiago.

Quienes están detrás de las movilizaciones

Consciente del poder de las movilizaciones estudiantiles la clase política ha tratado de minimizarlas. Incurre en un grave error. Olvida que dicho movimiento reúne un grupo etario heterogéneo y multitudinario, con ciudadanos de 18 y más años, estudiantes que desfilan y ciudadanos que apoyan desde sus domicilios o puestos de trabajo, mujeres jefes de familia, padres, apoderados en general que resienten no sólo las tarifas especulativas a que está sujeta la educación sino también de manera muy especial los abusos de la fuerza pública contra la juventud que protesta. Este masivo conjunto de ciudadanos vive una experiencia que arrastra, un decenio en su etapa más activa. Concretamente desde la época del “mochilazo” en 2001, luego el movimiento pingüino en 2006 y las grandes movilizaciones del 2011 y 2012.

De cómo el movimiento estudiantil por el pase escolar se transformó con el correr de los años en un movimiento masivo por los Bienes Públicos

Este movimiento ha ido in crescendo, desde el pase escolar en 2001, pasando por el rechazo a la LOCE en 2006 para llegar en definitiva a exigir un cambio en la institucionalidad de la educación con el reconocimiento pleno de la Educación en cuanto Bien Público en 2011 y 2012. La clase política entiende el peligro que involucra este reconocimiento pues desde allí se descuelgan otros Bienes Públicos a saber, la Salud, la Vivienda, el Medio Ambiente, la Recuperación de los Recursos Naturales que pertenecen a la Nación…Los Bienes Públicos son parte de una matriz civilizatoria que con el tiempo avanza y se perfecciona con lo cual exige cambios trascendentales en la economía, la sociedad y la forma de hacer política. Los Bienes Públicos no entran, ni se justifican en los cálculos de la economía de mercado, por ello reciben el nombre fallas de mercado. Por ello su tratamiento implica un cambio drástico de sistema. Reconocer la vigencia de los Bienes Públicos en un sistema republicano significaría en Chile el fin de la influencia del dinero en su desarrollo y administración y concretamente de aquella clase política cómplice de estos enclaves de poder.

Entre los muchos desafíos que esperan a los movimientos sociales que luchan por ser escuchados existen dos que deben ser mencionados. El primero, se refiere a transformar la protesta social en una lucha propositiva; el segundo consiste en asentar las nuevas propuestas del programa alternativo desde el territorio. Proceso que acarrea por una parte, el reconocimiento de actores para una nueva política desde la realidad de la comuna y por otra transformar las ideas en programa. Camino largo y duro a recorrer porque significa desbancar grupos de presión empresariales, económicos y financieros que se mueven entre influencias del Estado y elecciones dominadas por el poder del dinero.

Cuando el reemplazo de la Constitución busca en el territorio de la comuna el ejercicio político y social que lo valida

Algunos proponen la redacción de una nueva Constitución Política del Estado como base de grandes movilizaciones. Ignoran que la Constitución es la cúpula del gran aparato jurídico que sustenta la vida republicana. No se llega a la Constitución en un ejercicio de meditación sobre principios jurídicos fundamentales. La Constitución es la instancia resumen de la vida jurídica que se construye en la práctica social de los pueblos; es parte de su historia y de su asentamiento en el territorio donde se define su hábitat, sus trabajos, su forma de ocuparlo, es decir su organización. Sin embargo, ese territorio carece de historia, de relato social a menos que se le reconozca como el ambiente fundamental del núcleo familiar. De esa práctica social en el territorio, traducida en cuerpos legales, prácticas, sentencias, surgirá un ordenamiento jurídico y sus autoridades, cuya legitimidad dependerá de la Soberanía del pueblo. Soberanía que se expresa en primer lugar de manera directa y de manera más genuina mediante el Plebiscito y las autoridades que el Pueblo soberanamente se ha dado.

El espejismo de los textos

Pensar la Constitución Política no es pensar en los 400 o 500 artículos que rodean una construcción jurídica donde se confunden declaraciones de principio con la mecánica jurídica de la formación de la ley, elección de autoridades y organización de los Órganos del Estado. En su sentido actual y según el modelo de democracia que se busca construir debe quedar siempre abierta la posibilidad del cambio y la transformación de las instituciones. Lo demuestran las grandes movilizaciones que se desarrollan en el mundo a raíz de la crisis financiera global que azota al planeta. La madurez del pensamiento constitucional, en su largo recorrido, habrá llegado cuando los principios de la lucha ciudadana y republicana puedan ser plasmados en algunos principios fundamentales que la hayan guiado. Esa lucha que hoy vivimos en nuestro país es la lucha de los estudiantes, trabajadores, mapuches, pescadores artesanales, desempleados, pobladores, profesionales, temporeros, pequeños mineros, pirquineros, jubilados, en fin complejo multitudinario de actores que pone en cuestión la institucionalidad vigente. Ya vemos que es un largo recorrido el que deberá habilitarnos para construir los grandes principios constitucionales.

He tenido en mis manos varios textos, presentados como borradores, de constituciones ya redactadas. Son los 400 o 500 artículos a los cuales hago referencia más arriba. Pienso que sus autores yerran el camino. Pues olvidando el trabajoso camino de la construcción de los principios ya están redactando el reglamento de aquello que aún no ha sido acordado por la sociedad. Invierten el camino quienes buscan en las formas la esencia del contenido. Buscar los contenidos del proceso político es parte del terreno que conquista la lucha social palmo a palmo.

Una clase política que tiene muy claro lo que debe defender en una Asamblea Constituyente y otros que en la vaguedad de sus propuestas aún no definen los actores que deben participar

Puedo sin embargo imaginar que aún cuando hayamos acordado esos grandes principios constitucionales de ninguna manera podremos incorporar su reglamentación como parte de la Constitución. Pues la reglamentación es perfectible y debe estar abierta a su modificación. El hecho que la reglamentación, hasta el menor detalle en sus procedimientos, fuera incorporada en la Constitución de Pinochet [1980] fue la jugada maestra mediante la cual se amarró un ejercicio social a leyes cuya modificación requerían quórum especial, imposibles de cumplir pues las autoridades habilitadas para discutir dichas modificaciones son el producto de elecciones binominales donde el empate, por definición, estaba asegurado. Esa es la trampa que esconde una Asamblea Constituyente que muchos senadores y diputados vocean como solución última de las crisis institucionales. Son los mismos actores que emanan de los poderes constituidos mediante la ley binominal y que en su propuesta no vacilan, a sabiendas, en proponer cambiarlo todo para que nada cambie.

Existen otros propagandistas de la Asamblea Constituyente que también llaman a cambiarlo todo sin precisar los actores de los cambios fundamentales que proclaman. No pongo en tela de juicio sus intenciones, pero en su vaguedad reside precisamente la fortaleza de la clase política a que hacíamos referencia en el párrafo anterior. No creo que aquellos en un acto de extrema grandeza renuncien a sus canonjías y privilegios que de ellas derivan. Pienso que quienes hoy propugnan la Asamblea Constituyente debieran integrarse a la discusión sobre los Bienes Públicos en que la sociedad chilena está empeñada. No veo otra forma de construir, en una nueva época que vive la humanidad, los cimientos institucionales del Estado de Chile.

Cuando el quehacer de la realidad social descubre los grandes temas de los Bienes Públicos

En primer lugar, la democracia republicana no puede ignorar el Estado de Chile como una Nación multiétnica a través del reconocimiento de los pueblos originarios: altiplánicos; mapuches; rapa-nui. Tampoco puede ignorar que la lucha de estos últimos años ha sido por la consagración de los Bienes Públicos. Su importancia y alcance es de tal magnitud que sólo la aplicación de los principios de la democracia directa, mediante el Plebiscito y el Referéndum Revocatorio de todas las autoridades de elección popular, podrá garantizar su aprobación. Su administración, control y desarrollo exige la sustitución del sistema binominal de elecciones por un sistema proporcional. La recuperación de los recursos naturales, patrimonio del Estado, junto con el combate a la desigualdad, y el reconocimiento de los bienes públicos permitirá el ejercicio de la Soberanía Nacional y con ello el reconocimiento de las bases esenciales de la democracia en Chile. Tradicionalmente la regionalización sustentable ocupa un lugar en los programas de la clase política. El desarrollo de las regiones es parte esencial de la ocupación del territorio, sin embargo, un territorio que en sus afanes desarrollistas no se ocupa del hábitat de su población yerra el camino hacia el bienestar de sus habitantes. Es la contradicción entre el desarrollo capitalista y las necesidades del ser humano. La reciente discusión sobre la viabilidad del proyecto Hidroaysén colocó en la discusión nacional, como tema regional y nacional, la definición de la matriz energética del país a través de las energías renovables y no renovables incluyendo térmica, hidráulica, gas, solar, eólica. Definición entregada a empresarios nacionales y extranjeros y que en sus crisis periódicas aterriza en los tribunales. Su judicialización es el reconocimiento del fracaso del Estado para resolver un tema central en la ocupación del territorio y el bienestar de la población.

De cómo las clases privilegiadas se sirven del ahorro forzoso de la población, para montar sus negocios de educación, salud, jubilaciones y luego cobrar caro por la prestación de esos mismos Bienes Públicos ¿Su lógica? Comprar barato y vender caro

Por el hecho de ser ciudadanos los habitantes del territorio tendrán derecho a la educación, salud, vivienda, empleo, medio ambiente sin contaminación, energía, recursos naturales…Son algunos de los Bienes Públicos que deberán ser definidos según el ejercicio Soberano del Pueblo en la práctica política de la República. Cuando hablamos de educación involucramos la gratuidad así como su excelencia. La salud, vivienda digna; recuperación del espacio urbano, son también Bienes Públicos hoy sometidos a la especulación de grupos económicos. Recuérdese que en 2011 se presentaron ante tribunales 45 mil recursos por alzas de tarifas de las ISAPRES en sus planes de Salud. El sistema de capitalización, o de ahorro forzoso, consagrado por las AFP consolida y sostiene el conjunto del sistema financiero de Chile, y olvida el principio de solidaridad que implica su existencia. Sus comisiones las más altas del mundo se basan en su cobro por los flujos que provienen de los asociados y no por los resultados que obtienen sus administradores. Cuando mencionamos el sistema financiero nacional no podemos olvidar la especulación bancaria. Nótese que los bancos, en 8 meses [enero-agosto, 2012], obtuvieron utilidades por más de 2 mil millones de dólares, lo cual representa dos veces lo que se recaudará a través de la llamada “reforma tributaria” para fondos de la educación. Cuando mencionamos los recursos naturales y su recuperación, evocamos la larga lucha por rescatarlos de manos de las transnacionales y el cobro de un Royalty a la minería, impuesto que cobran, sin excepción los Estados de la comunidad internacional.

Ninguna democracia puede llamarse tal si la autoridad crea enclaves de privilegio dentro del sistema tributario. Por eso, las empresas deben pagar impuestos en un sistema en el cual sólo las personas pagan. Situación muchas veces ignorada por la ciudadanía y que debe ser corregida paralelamente a la modificación del Impuesto Global Complementario para alinearlo en sus tramos con el nuevo impuesto a la renta de las empresas. En múltiples ocasiones hemos propuesto que este sea elevado a un 25%. Existen privilegios irritantes como son las exenciones tributarias o gasto tributario así como el FUT y que el FMI ha notificado al gobierno de Chile que estas situaciones de privilegio sean eliminadas del sistema económico financiero del Estado.

ANEXO

De cómo se distribuyen los votos en las elecciones municipales del 28 de octubre según el universo que se considere

Se consideran 2 universos: 40% y 100%. 40% son los participantes en la votación, esto es, 5.261.069 ciudadanos. 100% es el total del cuerpo electoral a saber, 13.143.639 ciudadanos.

Distribución de votos según el 40%:

Concertación: 49.44%
Alianza: 33.15%
PRO + PRI + Minoritarios: 17.41%
TOTAL: 100.00%

Distribución de votos según el 100% del electorado:

Concertación: 19.78%
Alianza: 13.26%
PRO + PRI + Minoritarios: 6.96%
TOTAL: 40.00%

Pregunta: ¿Puede alguno de estos conglomerados arrogarse la representación de la ciudadanía cuando el que obtuvo la mayor cantidad de votos no alcanza siquiera al 20%? Ese sería el caso de la Concertación.

La Concertación está dividida en dos bloques cuya distribución de votos según el 40% del electorado es la siguiente:

Bloque Conservador: PDC + PS = 15.71%
Bloque Progresista: PPD + PRSD + PC = 33.72%

Según el 100% del electorado la distribución de esos votos es la siguiente:

Bloque Conservador: PDC + PS = 6.28%
Bloque Progresista: PPD + PRSD + PC =13.48%

Los minoritarios o chicos saltaron del 11,58% en 2008 a 17,41%. Cifra esta última que considera sólo el 40% del electorado. Su distribución es la siguiente:

Importancia de los minoritarios según el 40% del electorado:

PRO: 4.51%
PRI*: 7.63%
MAS: 1.19%
Igualdad: 0.81%
Pacto por el desarrollo del Norte : 0.45%
Independientes fuera de Pacto: 0.96%
Humanistas: 1.86%
Total: 17.41%

* PRI = Partido Regionalista de los Independientes

Importancia de los minoritarios según el 100% del electorado:

PRO: 1.8%
PRI*: 3.0%
MAS: 0.5%
Igualdad: 0.3%
Pacto por el desarrollo del Norte : 0.2%
Independientes fuera de Pacto: 0.4%
Humanistas: 0.7%
Total: 6.9%

Si se ordena a los mismos conglomerados minoritarios considerando el 100% del electorado se obtiene la siguiente distribución:

PRO: 4.51
PRI [Partido reg. De los Indep] : 7.63
MAS: 1.19
Igualdad: 0.81
Pacto por el desarrollo del Norte : 0.45
Independientes fuera de Pacto: 0.96
Humanistas: 1.86
17.41

- Héctor Vega es Director de Fortinmapocho.com y Secretario General del MSPS

http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=2505

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