Tres hombres del V Frente de las FARC salieron a la carretera Medellín - Uraba, el domingo de Resurrección, y en par de patadas agarraron las primeras cinco personas que por allí transitaban y las internaron en la montaña, secuestradas. Horas después liberaron al “retenido” menor edad, una muchacha de 20 años, incapaz de seguirles el paso a sus captores por dolencias físicas evidentes e insuperables. En este hecho están pintados los de las FARC. No tienen ningún escrúpulo, ideológico, político, de clase o de lo que sea, y secuestran al primero que se les atraviese. Si el secuestro de un rico es repudiable, el de un pobre es execrable. Los cinco secuestrados son simples empleados y estudiantes. Recuerdo el caso de un funcionario de la Gobernación de Antioquia, técnico agrícola, vinculado al Sindicato de trabajadores, quien en desarrollo de su función de acompañar a los campesinos del municipio de Urrao fue secuestrado por el 34 Frente y luego de infructuosas negociaciones para sacar algún provecho económico por su “mercancía” durante largos meses, fue liberado con la condición de que se hiciera liquidar las cesantías y se las entregara. El compañero se tuvo que ir del país, incapaz de soportar la “proletaria” persecución.

Aguantar el secuestro de cinco personas con el Ejército pisando los talones no es fácil. Requiere una gran capacidad operativa y logística que creo debilitada en las FARC. No otra explicación existe para entender la reducción tan considerable de los secuestros por culpa de esta guerrilla el año anterior: 38% respecto al año 2005, mientras el maltrecho ELN tuvo una reducción del 32%, según Fondelibertad. Lógico, no se trata de que haya replanteamiento interno sobre el tema del secuestro, sino que las condiciones han cambiado: más capacidad preventiva y de respuesta por parte de la fuerza pública aunada al cada vez más contundente rechazo social.

Además de confrontar de una manera indiscriminada a la población civil – lo mismo que ocurre con las abominables minas antipersonales- el desespero o la ligereza con que actúan lleva a los guerrilleros a realizar acciones sin ningún tipo de planeación, ni previsión de las implicaciones políticas y sociales de sus hechos. El acto terrorista con la bomba de Cali a comienzos de la semana de pascua, afectó más a los habitantes y pequeños comerciantes de los alrededores, que a los miembros de la fuerza pública contra quienes supuestamente iba dirigida la acción.

La desaparición forzada y el desplazamiento de la población son dos modalidades bárbaras violatorias del derecho Internacional Humanitario, propias de un conflicto degradado, convertidas en prácticas recurrentes por parte de los grupos armados ilegales. Pero cada una de estas modalidades tiene un sello propio por parte de las agrupaciones de extrema derecha o de extrema izquierda: el paramilitarismo hizo de la desaparición forzada de las personas su propio sayo lleno de terror y la guerrilla hizo del desplazamiento también forzado una cruel estrategia de guerra.

En plena celebración de la semana santa, 300 campesinos de la vereda El Cedral del municipio de Ituango, recibieron la orden de miembros de las FARC, de agarrar sus cosas y desplazarse hacia el casco urbano de la localidad para reclamar el retiro del Ejército de su territorio. Fue una semana santa de penitencia. En otros municipios ha ocurrido lo mismo. Los pobladores viejos y los niños son obligados a largas jornadas para desarraigarse simplemente por que son utilizados como carne de cañón. En lugar de confrontar a la fuerza pública, se hace de la comunidad una mampara. Todo es a las malas. El trabajo político de masas, buscando generar identidad y comunión con la causa, no tiene ningún sentido ante la preeminencia del fúsil y la amenaza.

La Defensoría Nacional del Pueblo acostumbra registrar día a día todas las manifestaciones del conflicto que afectan la seguridad, la convivencia y la integridad de los ciudadanos del país y para ello emite inicialmente Informes de Riesgo a partir de diagnósticos y testimonios recepcionados con rigor que dan cuenta de la vulnerabilidad de la población considerada y se establecen directrices a las entidades públicas comprometidas –fuerza pública, Administraciones locales etc.- de obligatoria atención. Posteriormente, los Informes de Riesgo se pueden transformar en Alertas tempranas, cuando la Defensoría considera que el peligro es inminente. El Sistema muchas veces funciona para bien de la gente. Así, por ejemplo, el año anterior la entidad alertó sobre las situaciones de riesgo para la población civil de 149 municipios en 25 departamentos. Las FARC aparecen como el grupo con mayor influencia en la generación del riesgo para la población civil (34%). Le siguen los nuevos grupos armados (30%), el ELN (15%), otros actores (14%) y la Fuerza Pública (7%).

Un caso: el 15 de marzo la Defensoría emitió el Informe de Riesgo No. 007-07 llamando la atención sobre la condición de exposición que se cierne sobre 4.522 personas residentes en los corregimientos y veredas de Cedeño, El Cedro y El Pueblito del municipio de Yarumal, en la subregión norte de Antioquia. El 28 de marzo el Informe de Riesgo se convirtió en Alerta temprana, dado el deterioro de la situación. Descripción del riesgo por parte de la Defensoría: las FARC en el último año han incrementado sus medidas de coerción contra los lugareños con el objetivo de prohibir cualquier tipo de interacción entre las comunidades agrarias, la administración municipal y la Fuerza Pública, ajusticiando a los campesinos considerados como colaboradores de sus adversarios, sembrando minas antipersonal en los caminos, senderos, trochas y campos abiertos por donde se pueda movilizar la Fuerza del Orden, creando además un clima de pánico colectivo como escenario propicio para generar terror, obediencia, control social, político y económico, especialmente sobre los cultivos de uso ilícito.

El 1 de enero de 2007, el Frente 36 de las FARC incursionó al caserío corregimental del Cedro, ejecutando extrajudicialmente al Presidente de la Junta de Acción Comunal y a otros tres líderes comunitarios, por sus supuestos acercamientos con los funcionarios de la administración municipal. Las FARC promueven los cultivos de coca y controla su comercialización. Cualquier contravención se paga con la muerte. Como los funcionarios oficiales fueron declarados objetivos militares y como la inversión en proyectos productivos legales, se realiza a cambio de erradicar los cultivos ilícitos, estas poblaciones están condenadas al abandono y a la desprotección. A la par, los guerrilleros con la intención de proteger las áreas sembradas, los sitios de procesamiento, las rutas de acceso y contener el avance del Ejercito Nacional, están plantando minas antipersonal, como sembrando papas. En julio de 2006, ocho personas, cuatro adultos y cuatro menores, resultaron heridos al accionar un artefacto abandonado por el Frente 36 en el único parque público del lugar. Con razón el Secretario de Salud municipal ha identificado deterioro de la salud mental, como la problemática mayor en estas poblaciones. El temor y el estrés acosan más que los grupos armados. Pero ningún servidor público profesional se atreve a ofrecer allí sus servicios.

La historia consignada en el Informe de la Defensoría, no es cotidianidad única de los pobladores rurales de Yarumal. En los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio, podemos encontrar cientos o miles de campesinos atrapados por la insensatez y la miopía de las FARC. Así será posible que sus alforjas permanezcan constantemente abultadas por los billetes conseguidos a sangre y fuego, pero será imposible que por el cada vez más menguado respaldo popular, puedan aspirar a convertirse en una opción de poder a nombre de la población que no hacen más que aterrorizar.

- Jorge Mejía Martínez, Secretario de Gobierno de Antioquia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 57
Corporación Viva la Ciudadanía.www.vivalaciudadania.org