"Caminaban con la única certeza de que atravesarían la barrera policial... pues como la fiesta conmemoraba los 500 años del Brasil, el gobierno no atacaría a los indios... Ellos querían hacer un ritual, una danza, tenían la certeza de que, 500 años después de una masacre, el gobierno, con un presidente de la República sociólogo y una primera dama antropóloga, no conmemoraría solo con el colonizador... Luego de 3 kilómetros de caminata cayó la primera bomba lacrimógena". La cita corresponde al relato que la senadora Marina Silva profirió en el Congreso Nacional sobre la violenta represión policial contra los indígenas ocurrida durante la conmemoración de los 500 años. El sábado 22 de abril, día de la conmemoración, una marcha pacífica organizada por los pueblos indígenas fue duramente reprimida por la Policía Militar, con balas de goma y bastonazos, para impedir su paso a Porto Seguro, estado de Bahía, donde tenían lugar las actividades oficiales con ocasión de la fecha. Entre los manifestantes, además de los indígenas se encontraban senadores estatales y representantes de partidos políticos, movimientos sociales, de las iglesias y algunos turistas. Como resultado varios líderes y participantes de la marcha, inclusive niños fueron heridos y otros tantos tomados presos. Los indígenas intentaban llegar hasta el presidente Fernando Henrique Cardoso para entregarle personalmente el documento final de la "Conferencia de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Brasil", celebrada en los días previos con la participación de más de 3.000 representantes de 140 pueblos indígenas del país. Los 20 puntos acordados en este evento tratan principalmente del cumplimiento de los derechos del los pueblos indígenas garantizados en la Constitución Federal, exigiendo la demarcación, durante el presente año, de todas las tierras indígenas; la devolución de los territorios reivindicados; el desalojo de invasores de las tierras demarcadas; apoyo a proyectos agrícolas para las comunidades indígenas; entre otros. También se pide la aprobación de estatutos que se tramitan en el Congreso Nacional desde 1991; finalizar con todas las formas de discriminación, expulsión, masacres, amenazas a líderes, violencia e impunidad y sanción a los responsables de todo esto. Demandan, asimismo, la reestructuración del órgano indigenista y su vinculación a la Presidencia de la República, por medio de una secretaría específica dirigida por indígenas electos por ellos mismos. En el tema de la educación, se exige que la historia de los pueblos indígenas sea reconocida para que se fortalezca su cultura, así como apoyo a un sistema propio de enseñanza. En lo que se refiere a salud se propone, que le estado federal asuma su responsabilidad, fortaleciendo y ampliando la participación de las comunidades, respetando las culturas, valorando y fortaleciendo la medicina tradicional. Para todo esto, precisa el documento, es necesario la "Formación específica y de calidad para profesores, agentes de salud y demás profesionales indígenas que actúan junto a las comunidades". Durante la Conferencia, que se llevó a cabo en Coroa Vermelha, cerca de Puerto Seguro, los indios realizaron un detenido análisis de los últimos 500 años, estableciendo que "esta sociedad, fundada en la invasión y en el exterminio de los pueblos que aquí vivían, fue construida en la esclavitud y en la explotación de los negros y de los sectores populares. Es una historia infame, es una historia indigna". Por lo mismo, señalaron, "ya lanzamos nuestro grito de guerra y fundamos el inicio de una nueva historia, la gran historia de los 'Otros 500'. Nuestra lucha es para nuestros hijos y nietos, pueblos libres en una tierra libre".