El chantaje de la renuncia marcó el fin de las fluctuaciones del presidente, ahora claramente aliado con los partidos conservadores. Se unifica el bloque popular. E l presidente sigue siendo Carlos Mesa pero esta semana ha asumido un nuevo gobierno en Bolivia. Habíamos referido en un anterior artículo que este año era el de la grandes definiciones para Bolivia después del compás de espera que había abierto la renuncia de Sánchez de Losada por el levantamiento popular contra su política. Mesa fue el primero en hacerlo: estableció un pacto con los deslegitimados partidos tradicionales para oxigenar el viejo programa de las multinacionales y los organismos internacionales de crédito. El pedido de renuncia al Congreso cotizó su papel en la institucionalidad democrática ya que era inconveniente su paso al costado para los diversos intereses en juego. Los movimientos sociales, y especialmente Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS), razonaron con la teoría del mal menor: no deseaban la llegada del presidente del Senado Hormando Vaca Diez al ejecutivo, un legislador que impulsa por ejemplo la inmunidad de las tropas norteamericanas. Las bancadas tradicionales valoran aún la impronta de Mesa en la opinión pública, especialmente en la clase media urbana. En su mensaje televisivo del domingo, Carlos Mesa, dejó en claro que la llamada Agenda de Octubre era perjudicial para la comunidad internacional. Y pidió auxilio a los sectores de poder para promulgar una Ley de Hidrocarburos que no afecte las inversiones extranjeras. Mesa refundo un programa de gobierno que dejaba inconforme a todo el abanico de las clases sociales. Este pacto de gobernabilidad sirvió también para que los distintos referentes populares alcancen importantes grados de unidad política. Evo Morales despegó totalmente del gobierno -lo había acompañado hasta el referéndum de la Ley de Hidrocarburos- y con un peso parlamentario importante decidió poner su fuerza en la calle junto al líder aymara Felipe Quispe y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto donde la población sigue conservando un inigualable poder de movilización cada vez que decide cerrar los caminos a La Paz. Carlos Mesa comenzó su nueva etapa criminalizando la protesta social, el mandatario pidió el procesamiento de los ciudadanos que bloqueen rutas. Acciones de ese tipo fueron aplicadas en la capital del país contra chóferes en huelga que bloqueaban las calles, con un saldo de más de 80 detenidos y varios lesionados. También llamó a la “mayoría silenciosa” a que concurra a las principales plazas del país para repudiar a las organizaciones sociales que siguen con su plan de lucha. Con esta polarización social busca ser la garantía de la paz y el orden, demanda que ya causo una alarmante receptividad en la clase media poderosa que en sus primeras movilizaciones coreaba insistentemente: “mano dura para Evo Morales”. En Bolivia permanecen alrededor de 30 cortes de rutas. Las reivindicaciones principales siguen siendo son tres. Que se promulgue una Ley de Hidrocarburos que contemple regalías del 50 por ciento a las empresas extranjeras y no un 18 por ciento como piden las multinacionales petroleras, que se convoque a una Asamblea Constituyente para reformular el contrato social de un país que tiene 62 por ciento de indígenas y 63 por ciento de pobres, que se expulse a la empresa trasnacional Suez-Lyonesse des Eaux -la más grande corporación mundial de distribución de agua potable- de El Alto por incumplir los contratos. Carlos Mesa ha dado finalmente el vuelco hacia la derecha que la oligarquía nacional, los empresarios cruceños y las potencias extranjeras esperaban de él. Como periodista sabe del poder de las palabras, el mensaje televisivo por cadena nacional terminó con el “viejo” Mesa que intentaba con medidas populistas navegar en un territorio de claras contradicciones sociales. Pero como historiador conoce mejor la dinámica interna del país. Ahora que se ha colocado definitivamente contra las demandas del pueblo, Bolivia vuelve al escenario del 2003 cuando la política neoliberal chocaba con la resistencia de las organizaciones sociales. El anterior Presidente huyo en Octubre. * Emiliano Guido, Agencia Periodística del MERCOSUR La Plata, Argentina.