Un prolongado estancamiento económico que lleva casi 20 años, la aplicación de medidas neoliberales, la crisis de un régimen político con más de 50 años en el poder y la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas de la clase dominante se unieron al derrumbe de la economía argentina para dejar al gobierno de Luis González Macchi (del Partido Colorado) al borde del abismo, con pocas chances de enfrentar los reclamos populares, mientras el Estado va quedando sin recursos para atender el crecimiento de las necesidades básicas como educación y salud públicas. La renuncia del vicepresidente Julio Cesar Franco (del opositor Partido Liberal), con el objetivo de ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2003, abre otra fase de una crisis política que forma parte de la vida cotidiana del país. Como no había ocurrido en mucho tiempo, este año la economía tendrá un decrecimiento de –3 por ciento. Al mismo tiempo se articuló un amplio bloque de organizaciones sociales golpeadas por los planes de ajuste y las recetas del FMI que en cada una de sus movilizaciones desequilibran y hacen temblar los cimientos del debilitado gobierno. En efecto, el movimiento popular organizado tuvo una importante recuperación en los últimos años, luego de la decadencia de las centrales sindicales a finales de la década de los años 90 golpeadas por la corrupción, el manejo burocrático de sus dirigentes y la crisis económica que cada año deja a miles de trabajadores en la calle (el sector industrial no supera el 14 por ciento de la economía). El hecho más importante fue la movilización de los meses de mayo y junio que logró la paralización de la venta de la empresa telefónica Copaco, mediante la articulación de un bloque de organizaciones como no se veía hace años: el Congreso Democrático del Pueblo (CDP). Si bien muchos de sus integrantes en los últimos meses se han vuelto a cobijar en sus “territorios”, la experiencia victoriosa demostró que es posible la unidad y la movilización por objetivos comunes, que se repetirán en un futuro muy cercano por las condiciones en que se desenvuelve la situación económica, política y social del país. En septiembre se movilizaron los productores agrícolas, camioneros, taxistas y otras pequeñas organizaciones por la reducción del precio del gasoil y del servicio de agua potable, la modificación de un proyecto de ley denominada “De transición económica” enviada al Congreso por el gobierno para aumentar sus ingresos mediante la subida de los impuestos y de las tarifas públicas. Luego de dos días de huelga se logró un acuerdo en la mesa de negociaciones para reducir los niveles de incremento. Asimismo, los sindicatos de choferes del transporte público de pasajeros hicieron una huelga los días 10 y 11 de octubre por la liberación de dirigentes detenidos, la reposición de algunos despedidos y el cumplimiento de las leyes laborales en las empresas, en particular, las ocho horas diarias de trabajo y el pago del seguro social. Luego de un poco más de 12 horas de paro total del servicio en la capital y el área metropolitana, los sindicatos en la mesa de negociaciones llegaron a un acuerdo para analizar cada uno de los problemas planteados a través del Ministerio de Justicia y Trabajo. El año concluirá con más reclamos y protestas por la modificación del presupuesto general de gastos de la nación para ampliar las inversiones sociales y reducir los gastos innecesarios. Además, contra el proyecto de modificación del seguro social que aumenta el descuento a los trabajadores del 9,5 por ciento al 18 y deja sin obligación similar a las patronales, como parte de un nuevo proceso de privatización. Sin embargo, falta conocer si las dos principales organizaciones componentes del CDP (el Frente por la Defensa de los Bienes Públicos y la Plenaria Popular contra el Terrorismo de Estado) volverán a realizar acciones unitarias como ocurrió en mayo y junio pasados o cada una corre por senda separada, dejando de lado la emblemática experiencia anterior ante otra ofensiva neoliberal, apenas recuperada de los últimos golpes recibidos. A medida que la situación económica se acerca peligrosamente a un derrumbe similar a la Argentina, la crisis política no se resuelve y los reclamos populares aumentan, la salida se vuelve incierta y se acerca un periodo aun más borrascoso que antes. Un solo ingrediente más para agregar al panorama señalado. Desde los primeros días de octubre, Brasil y Argentina cerraron sus mercados a la carne paraguaya (el tercer rubro en importancia de producción) por rumores de aparición de la fiebre aftosa en el ganado, situación que pone al borde de la paralización a los frigoríficos y a un amplio sector de productores. Chile, uno de los principales compradores de Paraguay, no puede recibirla porque los camiones tienen prohibido cruzar territorio argentino. Calendario electoral y alternativas El partido de gobierno, la Asociación Nacional República (Partido Colorado) se encuentra en el poder desde el año 1947 y se está acercando al récord del PRI mexicano. Un partido ligado a las Fuerzas Armadas y a los principales grupos económicos favorecidos en los últimos 50 años (agroexportador, ganadero, comerciante-importador, ligado a las mafias de todos los tipos), con una política populista y prebendaria a través del aparato de Estado, siempre mantuvo una línea de represión y cooptación política en todos los niveles. La caída de la dictadura de Stroessner (1954-1989), a quien dio respaldo político permanente, constituyó una de sus principales crisis y con ella la crisis del régimen de poder político de dominación. Sin embargo, se mantiene en el gobierno por la extrema debilidad de sus opositores (también salpicados por la corrupción y el descrédito generalizado ante la población) y la falta de una izquierda unitaria que pueda representar una alternativa política a corto plazo. En medio del temporal ocasionado por el neoliberalismo y el derrumbe argentino, con las elecciones presidenciales de 2003 el Partido Colorado buscará un reacomodo que le permita ordenar su espacio de poder con vistas a gobernar otros cinco años, manteniendo en pie su antiguo régimen y su misma estructura económica, sin crecimiento, con un aparato estatal agigantado y corrupto, fuente principal de acumulación de “operadores” políticos y de pago a caudillos. Sin embargo, el contexto regional e internacional será diferente, con mayores problemas en Argentina y Brasil, la exigencia de nuevos planes de ajuste y privatizaciones del FMI, la falta de mayores de recursos, el crecimiento de las protestas y el bajísimo perfil de los dirigentes políticos de los partidos conservadores tradicionales. Con una oposición debilitada en el periodo de transición que abarca a partir de 1989 y la ausencia de un movimiento político del campo popular, aparece la disidencia del Partido Colorado, el “oviedismo” (seguidores del ex general golpista Lino Oviedo, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en 1999 y de la matanza de jóvenes en la plaza frente al edificio del Congreso en ese mismo año) como una de las principales fuerzas de oposición al gobierno de Luis González Macchi. Este sector representa la línea dura de vuelta a un poder concentrado en un militar autoritario de derecha, con un discurso populista y demagógico, pese a que su principal líder se encuentra refugiado en el Brasil para evadir una condena de diez años de prisión por intento de golpe de Estado. La falta de un proceso de articulación más firme de la izquierda socialista hace que su poder de convocatoria aún sea escaso, pese a los avances que tuvo (con muchos altibajos) a partir de los años 90. Durante la dictadura de Stroessner sufrió una persecución implacable con asesinatos, detenciones y confinamientos masivos. Su recuperación es lenta y si bien existe una posibilidad de obtener buenos resultados en los próximos comicios debido al profundo desprestigio de los partidos tradicionales y de las “nuevas alternativas” surgidas en la última década, no sería posible esto por la dispersión de fuerzas, pese a un reconocimiento a la mayoría de sus dirigentes por su dedicación honesta a la causa de los desposeídos y marginados. La campaña conjunta encarada por organizaciones progresistas y de izquierda en enero pasado, cuando grupos parapoliciales y paramilitares secuestraron a los activistas del Movimiento Patria Libre (MPL), Juan Arróm y Anuncio Martí, resultó en una victoria contundente al ser hallados con vida y al articular un amplio movimiento de solidaridad, pero luego no pudo continuar un trabajo político más permanente. De manera que se mantiene el legendario desafío dirigido a Convergencia Popular Socialista (CPS), al viejo Partido Comunista, a Paraguay Pyahurä, al Partido de los Trabajadores y otros. Como ocurre en otros países es muy poco probable que el avance se de en base al proceso de “autoconstrucción” -y autoafirmación- de cada grupo, descartando (de hecho, no de palabras) la posibilidad de una construcción unitaria en base a la discusión de un programa y un plan de acción. Poca chance tienen las masas al luchar por sus reivindicaciones urgentes ante el avance de la miseria, si es que no aparece una dirección política articulada con una agenda hacia el poder. Profundización de las luchas La situación nacional e internacional auguran un prolongado periodo de agitaciones y dificultades en todos los niveles, entre un régimen que mantiene elementos del viejo Estado de bienestar, paternalista y autoritario, y un bloque de organizaciones afectadas por el neoliberalismo que desplaza a la pobreza a miles de personas al año. Las referencias políticas intermedias que buscaron ubicarse como opción centrista han fracasado hasta ahora, como es el caso del ex intendente de Asunción Carlos Filizola y del Partido Encuentro Nacional (este último forma parte del gobierno a partir de marzo de 1999). No obstante, el triunfo de Lula en Brasil tendrá un impacto en el escenario político paraguayo aunque sus efectos todavía no pueden medirse. Los resultados electorales del año venidero no representarán la polaridad que se plantea en el conjunto de la sociedad, agobiada por la crisis y el desempeño alevoso de la mayoría de los políticos, parlamentarios, jueces y policías, sumergidos en la corrupción y la impunidad a delincuentes, por lo que es probable que el ausentismo electoral aumentará como una forma de protesta. Sin embargo, permanecen en pie los mismos puntos no resueltos años anteriores como los planes de ajustes, las privatizaciones, la deuda externa, los derechos humanos, el presupuesto de la nación, la situación de la salud y la educación, la falta de desarrollo económico, el ALCA, entre otros, que seguirán presionando como pesadilla incurable al nuevo gobierno.