El futuro gobierno de Nicanor Duarte, si bien representa una recomposición parcial de un régimen político en crisis hace más de dos décadas, es muy difícil que pueda cambiar su pésima imagen ocasionada por la corrupción y los costosos escándalos protagonizados por los componentes de la llamada "clase política", al igual que el profundo deterioro económico y social del país. "Es como echar a andar un carro con dos cabezas", dijo un analista político a una radioemisora asunceña al referirse al trabajo que le espera al presidente electo en un ambiente en que las divergencias surgen por todas partes a consecuencia de una falta de consenso a nivel de los mas importantes bloques de la clase dominante sobre un nuevo modelo de acumulación que permita dar cierta tranquilidad a una institucionalidad que va de tumbos en tumbos. Duarte no podrá resolver la contradicción profunda que desorienta a la mayoría de la población: ¿cómo es que 14 años de apertura democrática luego de 35 años de dictadura no produjo mejoría en el nivel de vida de la gente ni detuvo la dilapidación de los bienes públicos? Desde 1995 cayeron más de 30 bancos y empresas financieras cuyos accionistas se alzaron con más de 800 millones de dólares, de los cuales sólo podrá recuperarse alrededor del 50 por ciento. El último caso ocurrió el 30 de mayo pasado cuando fue intervenido por el Banco Central una entidad llamada Multibanco (de capitalistas locales) que hizo operaciones fraudulentas con el dinero de sus clientes, dilapidando 25 millones de dólares del seguro social estatal que antes ya perdió varios millones más en otros bancos. El desempleo y el subempleo se encuentran entre el 21 al 34 por ciento, la evasión fiscal es del 73 por ciento, el 30 por ciento de la población no tiene cobertura de salud, el analfabetismo funcional es del 60 por ciento y faltan más de 4.000 aulas para atender la demanda de educación primaria. El salario mínimo es de 148 dólares, pero lo percibe solo el 35 ó 40 por ciento de los trabajadores. El punto máximo de la crisis llegó en el año 2002 con un decrecimiento de 4,4 por ciento del Producto Interno Bruto y la amenaza creciente de una cesación de pagos del Estado. Duarte representa al Partido Colorado, en el poder hace 56 años, partido que se mantiene en base a lo siguiente: - una articulación efectiva, aunque conflictiva, con los principales grupos económicos (empresariales y mafiosos), - una cooptación a través del Estado de miembros de la oposición política y del movimiento popular en base a prebendas, impunidad y cargos públicos, - una alianza estratégica con los principales jefes y comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, - una amplia clientela política con los empleados del Estado, jubilados y sectores no organizados mediante una eficiente red de locales partidarios en todo el país (llamados seccionales) que durante la dictadura de Stroessner (1954/1989) colaboraba con la represión. En agosto, el cuestionado González Macchi dejará el mando a Duarte sabiendo que deja el país en peores condiciones de las que recibió luego de grandes manifestaciones y disturbios violentos tras el asesinato del vicepresidente Argaña en un atentado callejero en marzo de 1999, que arrojó un saldo de 8 jóvenes muertos por francotiradores pertenecientes a la entonces fracción oviedista del Partido Colorado. Una contradicción fatal El esquema de poder político que representa Duarte tiene puntos en conflicto con el neoliberalismo. Además del pago de la deuda, el FMI exige cumplir con la última etapa de privatización de empresas públicas y una mayor desregulación del mercado, por lo que al presidente electo le quedan dos caminos: o repite la historia de Menem como abanderado del neoliberalismo o mantiene la política tradicional de su partido que siempre puso en primer lugar el poder y después el resto. Negociar con el FMI, articular alianzas con la oposición, reducir el nivel de corrupción en el aparato estatal y negociar los reclamos de organizaciones populares sin que se produzcan desbordes y violencias, son tareas muy difíciles para cualquier presidente. La pobreza en un polvorin El año pasado el movimiento popular logró un triunfo histórico: mediante una movilización de masas logró revertir varios proyectos de la política neoliberal del gobierno de González Macchi, como la suspensión de la privatización de la empresa telefónica, de la ley antiterrorista, la privatización de rutas, la reforma de la banca pública y el IVA agropecuario, entre otros. Los organismos internacionales de control exigen la aplicación de cada uno de estos puntos suspendidos el año pasado, por lo que Duarte está en vísperas de una nueva batalla con las organizaciones que defienden los bienes públicos como parte de la soberanía nacional. El presidente electo ¿se prepara para este acontecimiento o podrá evitarlo? La tendencia se muestra clara dos meses antes de asumir el gobierno. El 4 de junio pasado, campesinos del departamento de San Pedro cultivadores de cedrón (un te medicinal) hicieron una marcha y luego un bloqueo de ruta reclamando una indemnización porque este año no hubo exportación a Europa. La protesta derivó en un enfrentamiento con la policía, con un saldo de varios heridos, dirigentes detenidos y un labriego muerto por herida de bala disparada por la policía. El agotamiento de un modelo político, el deterioro económico- social, el desgaste de un sistema institucional bajo corrupción y manipulación permanente, han dejado dramáticamente a la democracia sin validez efectiva para una gran parte de la población que cada día ve empeorar su nivel de vida y el aumento de la inseguridad en todo sentido. En Paraguay comienza un nuevo periodo, más difícil e incierto que todos los anteriores de la época pos dictatorial.