Los comicios generales del 27 de abril en Paraguay se constituyeron en una posibilidad de rearmar o “blanquear” el debilitado régimen político que se inició en febrero de 1989 con el derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), darle un respiro hasta tanto encuentre alguna salida que ahora no la tiene. El último y tormentoso gobierno de Luis González Macchi, del Partido Colorado, partido en el poder hace 55 años, apenas pudo alcanzar los cuatros años que le correspondió luego de la renuncia de Raúl Cubas, en marzo de 1999, luego de violentas jornadas de protestas desencadenadas por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y de ocho jóvenes manifestantes frente al edificio del congreso, de cuyo autoría fueron acusados elementos del gobierno pertenecientes a la corriente política liderada por el ex general Lino Oviedo, hoy refugiado en el Brasil. El gobierno de González Macchi se caracterizó por profundizar todos los problemas del país por su incompetencia y la corrupción de su entorno; tuvo tres pedidos de juicio político (dos rechazados), uno se llevó a cabo pero no obtuvo los votos suficientes para ser destituido como parte del “juego político” que involucra prebendas (pagos), acuerdos políticos electorales y devolución de favores en el marco de un régimen político tradicional que se maneja con más fluidez en la trastienda de una débil y desacreditada institucionalidad. Las encuestas electorales previas no arrojan mayores sorpresas. El Partido Colorado mantiene una pequeña ventaja con su candidato Nicanor Duarte Frutos, un operador político que comenzó de muy abajo en el partido, que llamativamente no forma parte de la oligarquía tradicional que siempre gobernó esta agrupación. Con un discurso populista busca mantener la imagen de un Estado benefactor y paternalista en contra de las privatizaciones y hace una fuerte campaña por mantener el voto de los empleados estatales, los jubilados, miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y el campesinado, sectores claves del partido gubernista para mantenerse en el poder. El segundo lugar ocupa el candidato del tradicional rival de los colorados, el Partido Liberal Radical Auténtico, con Julio César Franco, el ex vicepresidente del gobierno de González Macchi, quien intentará derribarlos por primera vez en más de 50 años, aunque para alcanzar este objetivo busca la alianza de importantes grupos disidentes del partido colorado como son los partidarios (no articulados) del ex dictador Stroessner y del ex general Oviedo (articulados hoy en el Partido Unace), para lo cual promete un referéndum luego de llegar al poder para beneficiarlos con la amnistía ya que ambos tienen procesos en la justicia e incluso condenas de cárcel. Franco es un liberal conservador que se distinguió en los últimos años por su capacidad de generar alianzas con grupos por fuera de su partido y había llegado a la vicepresidencia con el apoyo directo de los oviedistas. En tercer lugar –y constituyéndose en la novedad- se encuentra el Partido Patria Querida, que encabeza el empresario del sector financiero, Pedro Fadul, ligado a la influyente iglesia católica, quien tiene un discurso que él llama de “modernización” y no oculta sus planes, de llegar al gobierno, de desmantelar el Estado construido en las últimas décadas por el Partido Colorado, mediante la aplicación de medidas que permitan un “mercado regulador”. Pero el Partido Colorado sólo tiene corta ventaja en las encuestas de candidaturas a presidente y vicepresidente de la República; en las gobernaciones y las dos cámaras del congreso mantendrá su liderazgo que, sin embargo, no significarán necesariamente estabilidad o seguridad en el momento de ejecutar sus planes. Por otro lado se puede mencionar que el partido de gobierno siempre jugó con muchos privilegios el día de las elecciones porque utiliza el aparato estatal, cuenta con mayores recursos y una gran experiencia en el momento de presionar al electorado, incluso, de hacer fraude para lograr su objetivo. Este hecho hizo que se opusiera a la utilización masiva de urnas electrónicas cedidas por el Brasil, pero cedió ante la intervención directa del embajador de Itamarati. Deterioro y cambio Dado el grado de deterioro al que llegó el país en los últimos 20 años, es muy difícil señalar en qué momento se encuentra, con una caída permanente del Producto Interno Bruto (PIB), una agroexportación empobrecedora, una economía atravesada por el contrabando y tráfico de todo tipo, un Estado que ya no cuenta con los recursos para mantenerse pero sigue siendo el principal referente político, sustentan un sistema político perverso que lleva a la marginación y la pobreza a miles de personas cada año. Organizaciones populares reunidas en el año pasado en el Congreso Democrático del Pueblo (CD) luego de grandes movilizaciones que lograron suspender la privatización de la empresa telefónica estatal Copaco, expresaron la necesidad de un plan de emergencia para salir de esta situación mediante la cesación del pago de la deuda externa, la recuperación de los bienes malhabidos por parte de altos funcionarios de los últimos gobiernos, la renegociación de los tratados de explotación de las centrales hidroeléctricas administradas en forma conjunta con Brasil y Argentina, la reforma de la banca pública, el rechazo al ALCA y la ejecución de una reforma agraria como sustento de un crecimiento inmediato y la ampliación del mercado interno. Ninguno de los candidatos mejor ubicados en las encuestas menciona claramente en su programa estos puntos, por lo que los comicios de abril se ubican entre más de lo mismo y un discurso neoliberal indefinido. De una u otra forma todo lleva a un aumento de las protestas por la grave situación económica y la posibilidad real de que el Estado entre en una cesación de pagos. Pero las organizaciones campesinas, sindicales, barriales, de mujeres, de jóvenes, de indígenas, no tienen en este momento la capacidad de iniciar un prolongado periodo de movilizaciones y de autoorganización de masas para torcer el rumbo. Como ocurre siempre, un estado de desmovilización favorece los acuerdos a nivel de la clase dominante sobre los cupos de poder y la administración de espacios de maniobra política. El periodo político de la llamada transición que comenzó en febrero de 1989 llegó a un punto límite de deterioro por el desgaste de cara al pueblo, sin haber resuelto los grandes problemas nacionales; no se dio un sólo paso para modificar la estructura económica y el sistema de poder. Las nuevas agrupaciones políticas surgidas por fuera de los dos partidos políticos tradicionales (colorado y liberal) “navegaron por el extremo centro” pero jamás intentaron tocar el fondo de la cuestión y muchos cayeron en la corrupción y los pactos, dejando de lado su articulación con las organizaciones del campo popular para defender los intereses nacionales y de los desposeídos ante la rapiña y las claudicaciones. Por último, es muy destacable la participación electoral de organizaciones de la izquierda socialistas y de algunos destacados dirigentes populares, pese a la dispersión de fuerzas y a sus limitaciones por la falta de unidad. Como no ocurría hace mucho tiempo se han presentado muchas candidaturas diferentes, que representan casi un sueño ante tanta adversidad, a nivel nacional y en los departamentos, como parte de un rechazo y una resistencia al sistema, para construir una nueva herramienta que busque los cambios en el largo camino de lucha contra el atraso y la miseria, por la liberación.