Crisis a un año de gobierno
09/06/2003
- Opinión
Después de casi tres semanas de intensas movilizaciones que desembocaron en
una multitudinaria marcha, al presidente Abel Pacheco no le quedó más remedio
que ceder a las demandas planteadas por los trabajadores del Instituto de
Energía Costarricense (ICE). La serie de demandas sociales organizadas y una
demostración colectiva que reunió a más de 50 mil personas de diferentes
sectores de la sociedad civil concluyó con uno de los paros más importantes
de la huelga general convocada por los sindicatos estatales y diversos
sectores de la sociedad civil. Los movimientos sociales reclaman al gobierno
un giro en su política neoliberal; así como la destitución de su equipo
económico. Movilizaciones de este tipo no tienen precedentes en Costa Rica,
país centroamericano de bajo perfil de conflictividad social.
Al cumplir su primer año de gobierno, el presidente costarricense Abel
Pacheco enfrenta una de las más graves crisis políticas en la historia
reciente de Costa Rica. En las elecciones del 2002, Pacheco lleva por
segunda vez consecutiva al Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) al
poder. A pesar de sus promesas de gobierno, el nuevo presidente continúa y
profundiza las políticas de ajuste estructural que en toda Latinoamérica
poseen el mismo estilo: recorte del presupuesto fiscal en las áreas sociales,
privatización de los servicios públicos, elevación de impuestos y del pago a
la deuda externa. A más de una amplia apertura a los tratados de libre
comercio y la manifiesta adhesión a los Estados Unidos en el caso de la
guerra contra Iraq.
Es a partir de este panorama, que se genera un creciente descrédito de la
clase política de Costa Rica; así como el resurgimiento de una lucha social
antes incipiente en el país. Descontento manifestado en una serie de
protestas y reclamos que el 16 de mayo provocaría la huelga del Instituto
Costarricense de Energía, la que más tarde se convertiría en el emblema de
lucha de diversas organizaciones de la sociedad civil.
La huelga del ICE se lleva a cabo principalmente por un recorte de su
presupuesto, el que le impediría ejecutar obras de mantenimiento, mejoras e
inversión; y que también afectaría gravemente a la oferta de prestaciones del
Instituto. Existe la sospecha de que este haya sido un intento de forzar la
privatización del servicio eléctrico costarricense. El ICE es una
institución que a más de ser considerada un oferente de calidad, genera
superávit en sus operaciones.
A la causa del ICE se sumaron los sindicatos estatales, incluyendo el gremio
de maestros, y más de 35 organizaciones ecologistas, comunales y grupos
religiosos que declararon su apoyo a la protesta. Los temas principales de
la agenda unificada de la huelga se centran en el financiamiento del
presupuesto del ICE, la asignación completa de los pagos correspondientes al
sistema escolar público y la solución de los problemas de la provincia afro-
costarricense de Limón.
Aunque en principio la huelga del ICE se halla concluida, la tensión se
mantiene en el país. Los conflictos del gobierno con los gremios de la
educación -de los más poderosos de Costa Rica- y con la provincia del Limón
aún están por resolver. La crisis costarricense ha llegado a tal punto que
dos diputados cercanos al mandatario costarricense y seis de sus ministros
han abandonado la administración.
Por otro lado, dirigentes sindicales han denunciado fuertes represiones por
parte del gobierno. Además, han manifestado que a pesar de que en Costa Rica
el derecho a huelga está previsto en la Constitución, todos estos actos son
declarados ilegales en el país. Principalmente, debido a que la legislación
exige un mínimo del 60% de adhesión a esta medida por parte de los
trabajadores de la institución o la empresa paralizada; exigencia que
requiere de listas de personas que más tarde son utilizadas para despidos.
Además, el procedimiento judicial para su legalidad es sumamente prolongado
(su duración promedio es de tres años). Razón por la cual, los sindicatos de
trabajadores han manifestado su profunda preocupación por la falta de
libertad laboral, así como por la implementación de políticas de libre
comercio atentatorias contra el bienestar nacional.
Negociaciones del PPP y el TLC
A tiempo que los movimientos sociales costarricenses se hallan preocupados
por las indiscriminadas formas de apertura comercial, como el Tratado de
Libre Comercio (TLC), el Plan Puebla Panamá, y el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), la política de Estado del gobierno de Pacheco mantiene
distancias y acercamientos con sus vecinos. Costa Rica no pertenece al
Parlamento Centroamericano; sin embargo, busca el liderazgo de la región,
tanto en las negociaciones del TLC Centroamericano con los Estados Unidos
(CAFTA), como en la implementación del Plan Puebla Panamá, plan promovido por
los norteamericanos para la creación de una infraestructura regional,
consistente en la modernización y privatización de servicios eléctricos, de
comunicaciones, e interconexión vial.
En los asuntos del ALCA, esta nación centroamericana se muestra cautelosa.
Vale recalcar el hecho de que este país ha firmado acuerdos de libre comercio
con la República Dominicana y se halla en el mismo proceso con Chile y
Canadá. Además explora la posibilidad de entablar negociaciones con Trinidad
y Tobago y Corea del Sur.
Mientras el gobierno norteamericano considera que las negociaciones para la
firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica
(CAFTA) van por buen rumbo, los movimientos sociales y organizaciones
sindicales de Costa Rica han protestado y denunciado irregularidades en este
nuevo tipo de tratados internacionales. Entre las denuncias consta, el pago
de millonarias sumas de dinero a negociadores costarricenses por parte de la
Fundación CR-USA, ex?USA-AID.
De la misma manera, diversos sectores de la sociedad civil han manifestado
que los objetivos del TLC atentan contra el beneficio nacional, pues, entre
los mandatos de los negociadores norteamericanos constan, la reducción o
eliminación de las barreras y obstáculos al comercio internacional de
servicios, a la inversión extranjera, o a cualquier actividad que pudiese
disminuir las oportunidades de mercado para las exportaciones de los EUA.
También existe la desconfianza de que a través del Plan Puebla Panamá,
multinacionales estadounidenses pretendan aprovecharse de la extensa red
fluvial de Costa Rica. En este país, existen ríos con gran potencial para la
producción de energía eléctrica que serían privatizados y transferidos al
capital extranjero; lo que indudablemente iría en detrimento del Instituto
Costarricense de Energía (ICE). Las organizaciones sociales han convocado a
la realización de jornadas contra el ALCA y el Plan Puebla Panamá, demandando
la no apertura de los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones
en el TLC.
Respecto al Tratado de Libre Comercio, Manuel Orozco, director del proyecto
centroamericano del Diálogo Interamericano en Washington, admitió sus
probables consecuencias para Costa Rica. Según el funcionario, el punto duro
de la negociación es la cuestión agrícola. Empero, también están el área de
servicios, propiedad intelectual, salud, seguros, telecomunicaciones y
refinamiento de petróleo, servicios aún controlados por el Estado
costarricense. De la misma manera, se halla la presión de la inversión
extranjera norteamericana por entrar al país. Por su parte, Barbara Bowie-
Whitman, coordinadora del ALCA en el Departamento de Estado de EE.UU.,
manifestó que su país reconoce que hay sensibilidades y, por tanto, dará
plazos largos para eliminar aranceles en esos casos, pero que ningún sector
estará fuera de la mesa de negociación del TLC. La administración
estadounidense repitió que "no habrá exclusiones".
No obstante, ante las numerosas dudas planteadas por organizaciones sociales
acerca del TLC, el Plan Puebla Panamá y el ALCA, así como, ante la grave
crisis política y social del país, la ratificación del Tratado de Libre
Comercio Costa Rica - Estados Unidos podría tambalear.
Policía internacional y militarización
Respecto al componente militar del Plan Puebla-Panamá y el ALCA, José Merino
del Río, (ex- diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica), señala que,
si bien los mercados y el libre comercio pueden funcionar sin la regulación
de los estados nacionales, no lo harán sin la protección de las fuerzas
policial y militar que de seguro se aplicarán contra "los subversivos y las
clases peligrosas", contra los que se resistan a los nuevos acuerdos de
comercio internacional liderados por los Estados Unidos.
En este contexto, en junio de 2002, el embajador estadounidense John J.
Danilovich y el ministro costarricense de Gobernación, Policía y Seguridad
Pública Rogelio Ramos Martínez, firmaron un acuerdo para la creación de una
Academia Internacional de Policía en Costa Rica dirigida por militares
norteamericanos. En el acuerdo para su instauración, se hallan privilegios,
inmunidades diplomáticas y exenciones de impuestos para el personal de dicha
institución.
Los objetivos propuestos para la formación de la "Academia" se dirigen a
apoyar el fortalecimiento institucional de la justicia criminal en América
Latina, haciendo énfasis en los derechos humanos y la democratización;
también están la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, los delitos
financieros y cibernéticos, el tráfico ilegal de armas de fuego, de personas
y de inmigrantes, entre otros. Para los movimientos sociales integrantes del
Foro Social Mundial capítulo Costa Rica, un gobierno que se niega a ratificar
la Corte Penal Internacional, la Convención de la Niñez y el Protocolo de
Kyoto no puede enseñar a su país cómo vivir.
No obstante, la preocupación que causa la apertura de la "Academia" ha
abierto el debate acerca de las fuerzas policiales de este país. Si bien la
Constitución de 1949 elimina la existencia de fuerzas armadas y de servicio
militar en esta república centroamericana, las fuerzas policiales han cobrado
un carácter particular, diferente al resto de repúblicas latinoamericanas.
En Costa Rica, cada ministerio controla su propia y respectiva fuerza
policial, no existe una estructura de comando central; hecho que otorga
disparidad de condiciones a las fuerzas de seguridad y provoca un difícil
control sobre sus actividades.
También, se calcula que el 85 % de la ayuda extranjera que reciben la Guardia
Civil y la Guardia de Asistencia Rural costarricenses proviene de distintas
agencias de los Estados Unidos. Entre las actividades de cooperación de
ambos países, se encuentra la realización de patrullajes conjuntos que
permiten a ambas naciones poseer bases policiales y militares compartidas en
el Atlántico y en el Pacífico. Asimismo, la policía Costarricense recibe
apoyo técnico y entrenamiento en academias militares en Taiwan, Corea del Sur
e Israel.
Expertos militares consideran a la Guardia Civil de este país, como una de
las mejor entrenadas en América Latina. Tiene un sistema de rangos militares
y armamento altamente tecnificado. Todos los altos oficiales son mantenidos
permanentemente en sus puestos de trabajo, sin excepción. Además, mientras
otras agencias del gobierno son afectadas en sus presupuestos anuales, las
finanzas de operación de las fuerzas policiales aumentan.
No obstante el velado militarismo existente, Costa Rica es un país con
vocación de paz. Este país no ha pasado por guerras internas como las de sus
vecinos: Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en los años 80; además, es
considerada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
caso aparte dentro del contexto de los países centroamericanos, cuyo informe
anual del 2001 clasifica a esta nación en el umbral de los países de elevado
índice de desarrollo humano.
Asimismo, Costa Rica ha logrado la moratoria de la explotación petrolera y la
expansión minera; ha disminuido los niveles de corrupción política. Además,
ha llevado a la práctica su intención de proteger el medio ambiente, mediante
la conservación de sus paisajes, la ampliación de sus fronteras turísticas y
la exportación exclusiva de banano orgánico. En este sentido, las jornadas
de protesta del pueblo costarricense muestran un país con capacidad de
respuesta social que insiste en una democracia que incluya su participación.
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