El pasado 16 de marzo, menos de la mitad del electorado salvadoreño concurrió a las urnas para elegir autoridades municipales y legislativas. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recibió el mayor número de votos, pero no los suficientes como para modificar la correlación existente en el Parlamento. La nueva Asamblea Legislativa estará integrada por 31 diputados del FMLN, 27 de la oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 16 del Partido de Conciliación Nacional (PCN), 5 del Centro Democrático Unido (CDU), 4 del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y uno de la coalición Demócrata Cristiana ? Social Demócrata (PDC-PSD). Esta composición no varía mucho de la actual, donde el bloque de derecha ha mantenido alianzas estratégicas para la aprobación de leyes como la dolarización de la moneda, la privatización de las telecomunicaciones, la energía eléctrica, entre otras. El Salvador registra uno de los índices más altos de ausentismo electoral en Latinoamérica. En estos comicios, si bien bajó unos puntos, alcanzó el 58.4% del padrón electoral (2,518,030 votantes). Según los oficialistas, después de más de diez años de guerra este es el resultado lógico de transición democrática; los más críticos responsabilizan a un sistema electoral deficiente, así como a la inequitativa estructura social del país. Si bien el FMLN no logró consolidar una mayoría de izquierda, su influencia en el Parlamento será crucial en el nombramiento de magistrados de la Corte de Justicia, tratados de Libre Comercio, el nombramiento del Presidente de la Corte de Cuentas de la República, la elección del Fiscal General de la República, prestamos internacionales, entre otros. El triunfo del FMLN evidencia el rechazo que ha causado la política económica impulsada por el gobierno, al querer privatizar el sistema de salud y el agua potable, hecho que ha significado una huelga que lleva seis meses sin resolverse y que ha impulsado la movilización social y el fortalecimiento de las organizaciones populares. En estas elecciones, la campaña para alcaldes y diputados evidenció un gran aparato de marketing electoralista. El oficialista ARENA realizó una campaña netamente populista, promocionó sus líderes en las tarimas junto a cantantes populares, se realizaron prácticas clientelares de donaciones económicas e intimidaciones psicológicas en las zonas rurales principalmente, además de una gran cobertura de radio y televisión, y la oportuna inauguración de obras por parte del gobierno. Al parecer, tanto derroche causó recelo en la población urbana, razón por la cual el FMLN, con la candidatura Carlos Rivas Zamora, ganó por tercera vez la alcaldía del municipio de San Salvador, el más importante electoralmente. Estructura excluyente En el Salvador, la ley de elecciones permite participar a los ciudadanos en las contiendas electorales sólo a través de la estructura partidista, a la cual el Estado destina un fondo económico para la realización de las campañas electorales, que además puede ser otorgado en calidad de anticipo. La ciudadanía mira con recelo éstas prácticas electorales que se cree, sólo le cuestan dinero al Estado y, existe una opinión generalizada que las califica de corruptas. Por esta razón, la utilidad del sistema de representación parlamentaria no es visibilizada y se desconfía de los resultados. Existen graves acusaciones de fraude y dificultades existentes al momento de votar, muchos de los votantes no se hallan registrados. Tal parece que los motivos que generaron el conflicto armado en El Salvador no han desaparecido. Después del acuerdo de Chapultepec (1.992), que daba fin a una guerra civil que duró más de una década, donde se realizó la entrega de armas por parte de las fuerzas insurgentes y a la vez se convino el desmantelamiento de los escuadrones de la muerte, el sistema de representatividad electoral se convertiría en el mecanismo por medio del cual todos los sectores sociales podrían participar de la vida política. Así el FMLN se convirtió en partido político legalmente constituido. En ese entonces, los salvadoreños se encontraron ante el dilema de escoger entre la tranquilidad del olvido y la impunidad. Mucho se habló de la restauración del país y el oficialismo promovió la paz del perdón de las ofensas. Sin embargo, los motivos para una ruptura histórica de tal magnitud, que afectó a casi toda la población, no fueron incluidos en la plataforma política de negociaciones. Tras cuatro períodos de elecciones, promovidas como mecanismos de implementación de la vida democrática en El Salvador, las expectativas de equidad, paz y seguridad no han podido ser concretadas. El elevado índice de desconfianza que los ciudadanos otorgan a las instituciones democráticas y partidos políticos, fomentan una creciente apatía. Hecho que pudiese fisurar el actual sistema político del país; pues la representatividad electoral no ha logrado una democracia participativa. El sistema electoral y de partidos de El Salvador no permea las demandas de la población, tampoco parece incluir a la gran mayoría excluida del país. Las críticas se centran en la actual estructura de partidos, la que reproduce la forma autoritaria y carismática con la que tradicionalmente se ha gobernado el país. De ahí que, ni el FMLN con su línea de izquierda tradicional, ni ARENA con sus propuestas políticas neoliberales de privatización, convenzan al electorado. Las justificaciones van desde acusaciones mutuas, hasta argumentos que señalan al proceso de transición a una vida civil desarmada. Los cierto es que, los partidos políticos no convocan, ni dan solución a las demandas ciudadanas. La violencia permanente Quizá haya sido el fuerte anhelo de paz, después de una guerra civil tan cruel como la salvadoreña lo que momentáneamente haya disimulado las incoherencias del sistema, que hoy saltan a la vista. Si bien los índices de violencia han disminuido, El Salvador es una de las naciones con las más altas estadísticas de homicidios en el mundo. La delincuencia ha brotado abruptamente y el origen de la inequidad social no ha sido abordado, no se han modificado las condiciones sociales que provocaron la ruptura de esta historia, campea la impunidad frente a los crímenes de guerra. A pesar de la realización de importantes reformas en los sistemas policial y jurídico, a través del establecimiento de normas claras y la independencia de la institución militar de la vida civil, la violencia y la inseguridad continúa marcando la cotidianidad de los ciudadanos. Existe una generación hija y huérfana de la guerra a quien tanto sus motivos como sus efectos no parecen abandonar; de ahí la gran cantidad de población armada, la aparición de pandillas juveniles. En la cultura política de los salvadoreños, la violencia forma parte de la estructura del poder, la colisión de fuerzas económicas y políticas que generaron la guerra civil se mantiene latente. Partidos tan cuestionados dentro del conflicto armado como ARENA, siguen reciclando sus prácticas de dominación, a través de un discurso que promociona la desmemoria histórica: no se ha realizado ningún reconocimiento oficial de los muertos inocentes, ni la reparación de las víctimas sobrevivientes. Si bien las instituciones oficiales pretenden la restauración del país, es evidente la incapacidad de las élites políticas por crear una democracia participativa. La maquinaria electoralista carismática y clientelar, ejerce una violencia simbólica que legitima las desigualdades a través del discurso oficial que culpa a los ex-insurgentes -entre ellos los efemenelistas- de los conflictos ocurridos en el pasado. Mucho de la inseguridad política del país se hace posible gracias a la manipulación de los medios de comunicación en manos de sectores económicos importantes y de la censura gobiernista. Así, el 25 de marzo pasado, el espacio editorial "Sin Censura" que se transmitía como parte del noticiero de TV Doce y que se caracterizaba por su punto de vista crítico fue definitivamente cerrado, coincidencialmente después del triunfo electoral del FMLN. Además existen claros registros de que TV Doce sufre desde hace años un bloqueo en la asignación publicitaria, hecho que ha influenciado considerablemente en la economía de este canal. Lo cierto es que, hasta hoy no se han dado explicaciones claras acerca de la censura que recibió este espacio de opinión. "La calidad de una democracia se mide, entre otros factores, por la diversidad y vigorosidad del debate público y de la crítica política...", manifestó Probidad, la organización de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC). En una sociedad donde los espacios de debate son censurados, donde el miedo y la violencia forman parte de la cotidianidad, la democracia representativa no representa, manipula. Acostumbrados a ser violentados, a vivir en situaciones extremas de peligro, muchos de los salvadoreños no encuentran en los mecanismos regulares de control y justicia salida a la impunidad. No encuentran en el horizonte electoral la posibilidad de construir una democracia que cure las graves heridas de miles de personas que perdieron sus medios de reproducción social, sus viviendas, sus seres queridos; que transforme la arbitraria estructura política y económica de El Salvador.