Descontento social en aumento
19/06/2003
- Opinión
El régimen del presidente
Lucio Gutiérrez inició su sexto mes de gestión en un
ambiente marcado por la protesta social. Desde la firma de
la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), en las primeras semanas de su gobierno, el
descontento social sube cada vez más de tono, pues dicho
compromiso incluye medidas de austeridad fiscal, que entre
otros efectos acarrean la disminución del gasto social; así
como la privatización del patrimonio público que se mantiene
en manos del Estado. Desde mediados de mayo, el país fue
escenario de una huelga general de maestros, el paro de los
trabajadores petroleros y otros sectores, el recambio en la
cúpula militar y policial y nuevas separaciones de
funcionarios del gobierno; mientras la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) entregó al
presidente un mandato que recoge las demandas populares y
los compromisos que éste hizo en la campaña.
Lucio Gutiérrez llega al poder gracias a la alianza entre su
partido Sociedad Patriótica (SP), el Movimiento
Pluricultural Pachakutik (PK) y el Movimiento Popular
Democrático (MPD). Cuando candidato a la presidencia,
Gutiérrez promete a los ecuatorianos un cambio en la
estructura del Estado, reformas a los poderes legislativo y
judicial; así como una política social y económica justa
para los ciudadanos de este país. Una de las razones para
la credibilidad de sus ofrecimientos fue su participación en
el movimiento social del 21 de enero del 2000, encabezado
por indígenas y militares, que derrocara al presidente Jamil
Mahuad acusado de graves hechos de corrupción.
Al llegar al gobierno, haciendo a un lado sus promesas
electorales, el nuevo mandatario asume el norte trazado por
el FMI, que establece severas medidas de ajuste, el
escrupuloso pago de la deuda externa, con la consiguiente
escasez de fondos para las áreas sociales de educación y
salud. Es así que las reacciones en su contra no tardaron
en aparecer. A mediados de mayo, la Unión Nacional de
Educadores (UNE) inició un paro en demanda del
financiamiento del presupuesto previsto para la educación y
un alza salarial para los maestros. La medida de hecho, que
incluyó una huelga de hambre, terminó el 13 de junio pasado,
tras intensas negociaciones que se dilataron por la
reticencia del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, a
salirse del libreto del FMI.
Al tiempo que la UNE ultimaba negociaciones con el régimen,
se abrió un nuevo conflicto cuando los trabajadores de la
compañía estatal de petróleos (Petroecuador) iniciaron una
huelga para frenar las intenciones del Ministro de Energía,
Crnl. (r) Carlos Arboleda (SP), de acelerar el proceso de
privatización de los cuatro pozos petroleros más
productivos, vía implementación de contratos de asociación
que favorecerían a empresas multinacionales en perjuicio del
país. A diferencia del conflicto en la educación, donde la
ministra del ramo, Rosa Ma. Torres (PK), privilegió el
diálogo para el entendimiento, en el sector energético, el
ministro Arboleda se inclinó más bien por la fuerza para
frenar la huelga, descabezando a la dirigencia sindical.
El régimen, secundado por el sector empresarial y los medios
de difusión, no perdió la ocasión de capitalizar el
descontento que generó en varios estratos de la población el
desabastecimiento de combustible provocado por la medida de
hecho, para desplegar una intensa campaña contra los
sindicatos petroleros, aduciendo que éstos pretenderían la
negociación de contratos colectivos de desproporcionados
beneficios económicos; campaña que se ha extendido en contra
del conjunto del sindicalismo público, habida cuenta que
diversos segmentos (trabajadores de la salud, eléctricos,
judiciales, etc.) han protagonizado en estos días acciones
de protesta y paralizaciones momentáneas que amenazan con
extenderse.
En este contexto, el 16 de junio se realizó la I Cumbre de
las Nacionalidades, Pueblos y Autoridades Alternativas
vinculados a la CONAIE, que concluyó con un "Mandato" que,
al día siguiente, fue entregado al presidente Gutiérrez. En
este documento, el movimiento indígena exige la
reorientación de la política económica del país, la reforma
del poder judicial, mayor participación política de la
sociedad civil, el financiamiento de las políticas agrarias
planificadas por el Ministerio de Agricultura; así como la
no intervención en el Plan Colombia, la realización de una
consulta popular respecto del ALCA, la revisión del convenio
de la Base de Manta, la moratoria de la deuda externa, la
ejecución de proyectos reales e integrales de desarrollo
social y la implementación de políticas acordes a las
necesidades de las nacionalidades y pueblos indígenas.
Además, demanda la salida de los responsables del Frente
Económico y del Ministro de Energía. La posibilidad de un
levantamiento indígena no está descartada.
Pero mientras las bases sociales de apoyo electoral toman
distancia, el presidente Gutiérrez se ha reforzado, en
cambio, en el frente militar y policial. El 17 de junio, el
general Oswaldo Jarrín renuncia al cargo de jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de que se habría
negado a involucrar a la institución armada en el desalojo y
apresamiento de los dirigentes sindicales petroleros, al
margen de los procedimientos legales, alentado por el
Ministro de Energía. Esta renuncia es aprovechada por
Gutiérrez para remover tanto la cúpula de las FF.AA. como de
la Policía y reemplazarlas por oficiales más afines. Al
tiempo, el mandatario propone el levantamiento de las
sanciones a los militares que participaron -junto con él- en
el derrocamiento del Presidente Mahuad. Las reacciones
adversas desde filas castrenses no se han hecho esperar,
pues consideran que se está dando paso a un manejo político
de la institución armada, que podría precipitarla en la
inestabilidad.
En estos días también salió nuevamente a flote las tensiones
que se viven al interior del gobierno, entre miembros de la
alianza Pachakutik - Sociedad Patriótica. El 13 de junio,
Virgilio Hernández (Pachakutik) renuncia a sus funciones de
subsecretario del Ministerio de Gobierno, denunciando que
existe un "círculo oscuro" alrededor del presidente del
Ecuador conformado por un grupo de allegados familiares y
dirigentes de SP, y que estaría encabezado por el Crnl. (r)
Patricio Acosta, Secretario de la Administración, quien,
además, estaría armando un cuerpo especial de seguridad y
vigilancia.
Mientras tanto, la opinión de la sociedad civil critica al
gobierno de Gutiérrez de evidentes casos de nepotismo, poca
credibilidad debido a cambios repentinos de opinión e
inconsistencias en declaraciones, alejamiento de los
sectores sociales que lo llevaron al poder, debilidad frente
a colaboradores cercanos, aumento del gasto militar,
pronunciamientos internacionales pro Bush y Plan Colombia;
así como el excesivo cumplimiento de los condicionamientos
del FMI y los pagos de la deuda externa, los que han ido en
detrimento del presupuesto para las áreas sociales y la
economía de los sectores populares, mayoritarios en el país.
https://www.alainet.org/es/active/3939
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