Colombia

El salario mínimo y la política salarial

Héctor Vásquez Fernández

21/01/2011

Opinión

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Aunque el Gobierno Nacional decretó un incremento del salario mínimo muy diferente al que proponían los gremios patronales, el 4% representó apenas un incremento real del salario mínimo de sólo 0.42%, pues la inflación para la población de ingresos bajos terminó en 3.58% para todo el país, y en ciudades como: Medellín, Valledupar y Bucaramanga, los trabajadores de ingresos bajos ni siquiera alcanzaron a recuperar la pérdida que el costo de vida les causó a su poder adquisitivo, pues la inflación para la población de ingresos bajos de estas ciudades se ubicó en 4.44%, 4.68% y 4.69%, respectivamente.

Así que, aunque fue importante que el Gobierno se apartara de la opinión de los gremios empresariales, al final el incremento decretado no fue mayor cosa, menos de medio punto, un incremento que ya se perdió con las alzas autorizadas por el Gobierno en matrículas, pasajes, servicios públicos y otros, todas por encima del 4%, y que no contribuye a resolver para nada un grave problema estructural de nuestro país: los bajos ingresos laborales que padece el 80% de nuestra población trabajadora, que nos hace uno de los países con mayor desigualdad en el planeta en cuanto a la distribución del ingreso, situación que es causa a la vez de nuestro mediocre crecimiento económico, pues la mayor parte de nuestro producto interno, el 64%, se explica por el consumo de los hogares, la mitad del cual está conformado por los ingresos que aportan los trabajadores.

Salarios, pobreza y desigualdad

Según el Departamento Nacional de Planeación, la línea de pobreza por hogar en Colombia equivale 2.46 salarios mínimos mensuales legales vigentes, un ingreso que menos del 20% de la población trabajadora lo tiene, pues por debajo del salario mínimo se encuentran el 45.3%, y entre uno y dos salarios mínimos el 34.4% de los trabajadores y trabajadoras. Así que por hogar se requerirían por lo menos dos y media personas trabajando y devengando un salario mínimo para que ese hogar supere la línea de pobreza, una condición que es muy difícil de darse en el país por las condiciones de precariedad que imperan en el mercado laboral.

En efecto, en este terreno Colombia presenta enormes problemas: la tasa de desempleo está ubicada en el 11%, una de las más altas de América Latina, y el subempleo (por horas, por competencias y por ingresos) se ubica en el 33%.

Sin embargo no todos los que trabajan lo hacen en condiciones de trabajo decente, pues el 59% trabaja en el sector informal, un sector que se caracteriza por la precariedad de los ingresos y por la desprotección social.

La misma protección social es bastante limitada entre la población trabajadora: el mayor índice de protección se da en el terreno de la salud, donde 40 de cada 100 personas que trabajan están afiliados como cotizantes al sistema; le sigue la afiliación al sistema de riesgos profesionales, al que están afiliados 35, mientras que a pensiones únicamente cotizan 31.

Y en cuanto a la “protección especial” que el Estado está obligado a promover en relación con el derecho al trabajo (Artículo 1 de la CP), a la ”dignidad y justicia” que debe promover en cuanto a las condiciones de trabajo (Art. 25 CP), y a la “remuneración vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo que el Estado debe establecer (Art. 53 CP), la política salarial que han terminado por imponer gobiernos y empresarios lo dice todo: el ingreso promedio apenas cubre el 56% de la línea de pobreza por hogar y el 78% de la población trabajadora colombiana percibe un ingreso que es inferior a dos salarios mínimos legales.

Remuneración por rangos de salarios mínimos (2009)

Ingresos	Total	Hombres	Mujeres	Total	Acumulado %
Menos de un SMMLV	8.355.243	56,8	43,2	45,34	45.34
De 1 a menos de 2	6.012.024	65,6	34,4	32,63	77.97
De 2 a menos de 4	1.683.726	63,1	36,9	9,13	87.11
De 4 y más	894.070	65,3	34,7	4,85	91.76
No informa	1.482.325	51,3	48,7	8,04	99.99
Total	18.427.389	60,2	39,8	100	100
Fuente: DANE

Esta es la razón que explica por qué somos un país tan desigual, un dato que la Conferencia Habitat de la ONU realizada en Brasil a mediados del año pasado había confirmado, cuando señaló que el coeficiente de GINI para Colombia se ubicaba en 0.59[1], y por qué mantenemos uno de los mayores niveles de pobreza en el continente y en todo el planeta: el 49% de la población, según el DANE.

Salarios y crecimiento económico

La negociación del salario mínimo debería ser una ocasión para iniciar un verdadero diálogo social que permita avanzar en la construcción de una política salarial para la superación de la pobreza y de la desigualdad, y para sentar las bases de una estrategia duradera en materia de crecimiento económico que nos permita ser competitivos y superar la informalidad económica y laboral.

Pero tanto en el Gobierno como en la patronal siguió predominando un discurso ideológico acerca de las supuestas inconveniencias de hacer ajustes significativos del salario mínimo y de las remuneraciones de los trabajadores, una ideología que han impuesto desde los años 90 contra todas las evidencias empíricas.

En efecto, desde los gremios empresariales y desde sus ONGs, el interés siempre ha sido el de mantener remuneraciones tan bajas como les sean posible imponer, para asegurarse por esta vía una mayor rentabilidad en sus negocios, estrategia que enmascaran con argumentos tales como el de los “efectos negativos que los elevados costos no salariales o impuestos a la nómina tienen sobre la generación de empleo formal”; o de que, aunque “la población que devenga salarios cercanos al mínimo tiene un poder de compra bajo y enfrenta dificultades importantes en este frente (...), incrementos sustanciales en el salario mínimo orientados a subsanar ese problema pueden terminar generando uno peor: la exclusión de la población más pobre del mercado laboral formal”; o que de mejorar las remuneraciones e incrementar el bienestar de los hogares, “tiene como prerrequisito aumentar el tamaño de la economía”[2].

Estos fueron, precisamente, los argumentos que una vez más esgrimieron en la mesa de concertación del salario mínimo y que determinaron finalmente el monto decretado por el Gobierno, argumentos que recogió el editorial del 22 de diciembre el diario PORTAFOLIO, en su regaño al vicepresidente Garzón, cuando señaló que la oferta de incremento del 3 por ciento que hicieron los empresarios “no es justa”, y en su contra reivindicaba la fórmula neoliberal al respecto: “lo que dice la ortodoxia, (es que) el reajuste del salario mínimo debería ser moderado, pues este tendría que responder al alza en los precios y a la mejora en la productividad”.

Como hemos visto, pese a los bajísimos niveles de remuneración que existen en Colombia, todavía mantenemos altos niveles de desempleo y de informalidad, indicadores que supuestamente deberíamos haber superado hace tiempo a través de la aplicación de las políticas que recomienda la ortodoxia neoliberal. Y en materia de competitividad, según el último informe del Foro Económico Mundial ocupamos el puesto 68 entre 133 economías, un indicador que mide la habilidad de los países en la utilización de sus recursos disponibles para promover mejoras en los niveles de prosperidad económica para su población.

Los bajos salarios tampoco han contribuido a hacer más competitivos nuestros productos en la economía global, como lo muestra el peso que las exportaciones tienen en la formación del PIB, que no sobrepasa el 16%, el mismo nivel que se ha tenido en los últimos 10 años, mientras seguimos dependiendo de las exportaciones de productos primarios (petróleo, carbón, níquel, café, banano y flores), y la mayor parte de lo que producimos, el 84%, se vende en el propio país, pese a que tenemos entrada preferencial al que es todavía el mercado más importante del planeta, como lo es Estados Unidos, a través del APDEA, del Sistema General de Preferencia y del Trato de Nación más favorecida.

Los bajos costos laborales, más un régimen laboral completamente funcional a este objetivo, en lo que si nos ha convertido es en el país más competitivo de la región para los negocios, como lo demostró un estudio de Competitividad Laboral que realizaron Ernst & Young y Proexport, que comparó las legislaciones laborales de Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, Brasil y Costa Rica, con el fin de determinar los aspectos de la normatividad que resultan más atractivos para un inversionista al momento de establecer sus negocios en cada uno de los países de la región, estudio que analizó los regímenes de contratación, salarial, de prestaciones sociales, jornada laboral y de derecho colectivo[3].

Entre otros resultados, este estudio encontró que Colombia registraba el cuarto menor salario mínimo legal mensual vigente, y el tercer menor salario efectivo, que es el monto resultante de adicionarle al salario mínimo los demás costos laborales establecidos por la legislación, ante lo cual concluían: “lo anterior hace de Colombia un país altamente competitivo, respecto de los demás países, en cuanto a costos laborales se refiere.

Lo que quiere decir, que quienes han definido el modelo de crecimiento económico han estado anteponiendo sus propios intereses, y han relegado a un lugar completamente secundario el desarrollo del mercado interno, su fortalecimiento a través del mejoramiento del consumo de los hogares, de la mejorar en la cobertura y la calidad de la educación, en particular de la educación superior; de la mejora efectiva en los niveles de atención en salud y de saneamiento básico y de desarrollar una infraestructura en puertos, ferrocarriles y navegación fluvial, que tenga un impacto significativo en el valor de los fletes.

Como lo hemos señalado ya, la mayor parte de nuestro producto interno, el 64%, se explica por el consumo de los hogares, la mitad del cual está conformado por los ingresos que aportan los trabajadores. Pero si los salarios de los trabajadores son tan precarios, las exportaciones son tan bajas y la inversión extranjera se concentra en sectores que no generan valor agregado ni volúmenes de empleo significativos, como ocurre con la minería, nuestro crecimiento económico siempre será un crecimiento mediocre, como el que hemos mantenido en esta década, que ha sido inferior al promedio de Latinoamérica.

Por tanto, si el consumo de los hogares tiene una incidencia preponderante sobre la formación del PIB, la política no puede ser otra que fortalecer el ingreso de los hogares a través de un aumento significativo de la masa salarial que incremente la capacidad del mercado interno para demandar bienes y servicios. Una política así tendría un impacto positivo directo en el crecimiento de la economía, mucho más incidente que un incremento de las exportaciones o de la propia inversión, y tendría también un efecto dinamizador de la actividad productiva a todo lo largo de las cadenas productivas, en particular sobre aquellas actividades que generan productos y servicios para el mercado interno, como la industria manufacture, que hoy está utilizada apenas en un 80% de su capacidad instalada, lo que promovería el empleo de nuevos trabajadores y crearía condiciones efectivas para la formalización de las actividades económicas y del trabajo que hoy no encuentran condiciones propicias para salir de la informalidad[4].

La experiencia internacional está mostrando, que los países que le apuntan a fortalecer su mercado interno a través de una mejora real y significativa de las remuneraciones y del fortalecimiento y crecimiento de su clase media, tienen un crecimiento mayor de su economía que el resto de países. En América Latina, las experiencias de Argentina, Uruguay y Brasil son elocuentes en este sentido. En los últimos tres años, con crisis financiera mundial incluida, estos países han tenido un crecimiento promedio de su PIB del 5.4, 3.7 y 5.9, respectivamente, frente a un crecimiento promedio del PIB en Colombia del 3.3 en el mismo período, y eso, pese a que en el caso colombiano se ha contado con una coyuntura favorable en cuanto a los precios del petróleo y del carbón y a que ha habido un notable incremento de las inversiones en la minería.

Adicionalmente, mejorar la capacidad de compra de la población permitiría sacar de la pobreza a millones de trabajadoras que hoy apenas tienen una remuneración que en promedio equivale al 56% de la línea de pobreza. Sin embargo, estos no fueron los objetivos con los que los gremios empresariales fueron a la mesa de concertación, pues como en otras veces, acudieron allí con una visión estrecha de país (el país son ellos) y con la intención que nose les afectara la tasa de ganancia de sus negocios a través de una mejora sustancial del salario mínimo que impactara positivamente toda la masa salarial del país.

Por una política salarial coherente con la constitución y con los mandatos de la OIT

El incremento del salario mínimo afecta de manera indirecta a toda la población asalariada, pues de alguna manera, la definición de todos los incrementos salariales toman como referencia este indicador. Así ocurre con los que ganan menos de un mínimo, que obliga a sus empleadores a subir de todas maneras la remuneración que pagan a sus trabajadores. Y ocurre también con los trabajadores que no están organizados en sindicatos, en la cual sus empleadores también usan este indicador cuando definen de manera unilateral el incremento anual que deben hacerle a sus trabajadores y trabajadoras.

No ocurre así con los trabajadores sindicalizados, al menos con los del sector privado, cuyos incrementos son el resultado de una negociación colectiva entre patronos y sindicatos, pues además del indicador de incremento del salario mínimo, vinculan otros factores en su definición, como el valor de la canasta familiar, los resultados operacionales y el crecimiento de la productividad de las empresas, y tienen además la posibilidad de incorporar otros beneficios económicos que sumados significan un mayor ingreso para los trabajadores y una mejor distribución de la riqueza generada en el trabajo. Sin embargo, la cobertura que tiene la negociación colectiva en Colombia es muy reducida, pues sólo 1,3 de cada 100 trabajadores tienen la posibilidad de negociar sus condiciones de remuneración y de empleo.

Los empresarios y sus ONGs, como FEDESARROLLO, no han visto con buenos ojos que los salarios sean materia de negociación, y menos con los sindicatos, postura que de alguna manera refleja la displicencia con la que asisten a la mesa de concertación del salario mínimo. Ellos preferirían que este factor fuera definido por el mercado, es decir, por la ley de la oferta y de la demanda, lo que en un país con altísimas tasas de desempleo como las que tiene Colombia favorecería ampliamente sus intereses.

Es lo que ha ocurrido con los salarios profesionales, que no tienen ninguna regulación y que se han venido deteriorando ostensiblemente en todos los sectores, como lo refleja su valor, que hoy en promedio representa apenas el equivalente a 3.4 salarios mínimos, o a cinco si se cuenta con postgrados, según el Observatorio Laboral para la Educación, del Ministerio de Educación Nacional.

Por tratarse de un factor que vincula derechos fundamentales los salarios tienen que estar regulados de alguna manera, más en un país como el nuestro en donde el sindicalismo es muy débil, pues sólo 4 de cada 100 trabajadores están organizados en un sindicato y por tanto, la capacidad de incidencia que tienen sobre la definición de un factor clave en la calidad de vida es muy baja.

En este sentido le corresponde al Gobierno promover una discusión en el seno de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que permita definir una política salarial, más allá de la definición del salario mínimo, política que debe tener como punto de partida los mandatos constitucionales al respeto, las sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia y los convenios y recomendaciones de la OIT.

- Héctor Vásquez Fernández, Escuela Nacional Sindical – ENS –

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 239, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

[1] GINI: 0 representa la igualdad absoluta y 1 la desigualdad absoluta.

[2] El salario mínimo en Colombia: ¿cuál es la verdadera discusión? Tendencia Económica. Informe mensual de Fedesarrollo, No. 84 de abril de 2009.

[3] Juan Mejía. “Colombia, el país más competitivo de la región en régimen laboral”. Bogotá, Ernst & Young Colombia, 2010, pp. 1-13.

[4] El tamaño de la economía colombiana y su capacidad para generar trabajo formal y con derechos puede verse a partir del siguiente dato: en Colombia, la mayor proporción de los ingresos operacionales están concentradas en menos de 5.000 empresas. Según la SUPERSOCIEDADES, en el 2009, estas empresas presentaron ingresos operacionales que equivalen al 80% del PIB, al 97% del consumo total y a 1.2 veces el consumo de los hogares. Estos datos son indicativos del tamaño del mercado y del evidente impacto negativo que tiene sobre cerca del 60% de las empresas para superar la situación de informalidad en que se encuentran, particularmente de los sectores de las MIPYMES, que no encuentran en el mercado interno condiciones favorables para salir de esa situación, lo que ACOPI califica como ”un entorno hostil a la formalización”, un entorno que les impide formalizar su actividad y contratar trabajadores en condiciones de Trabajo Decente.

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