En el 2002, el presidente Uribe logró que la mayoría del Congreso le aprobara una reforma a la legislación laboral, mediante la cual los trabajadores le transferían a los empleadores parte de sus ingresos laborales con el fin de que éstos se animaran a crear nuevos empleos. La reforma suprimió el recargo nocturno entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, le rebajó a los trabajadores en un 25% la remuneración por trabajar los días domingos y festivos y redujo a la mitad la indemnización por despido sin justa causa. La reforma también creó un subsidio de desempleo que se financió, no con el aporte de los más ricos, sino con parte del subsidio familiar que recibían los trabajadores de menores ingresos afiliados a las Cajas. La vigencia de esta reforma estaba condicionada a que efectivamente sirviera para generar empleo, pues de lo contrario, sus aspectos regresivos tendrían que ser anulados restituyéndole a los trabajadores sus antiguos derechos.

En el trámite de una demanda de inconstitucionalidad presentada por la CUT, el Procurador General de la Nación en su concepto le ha solicitado a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de los artículos 25, 26, 28 y 51 de la reforma (ley 789 de 2002). Sostiene el Procurador, que la reforma laboral implicó un retroceso en la protección del derecho al trabajo, “que debe ser declarada inconstitucional toda vez que está probado que transcurrido el tiempo previsto por el propio legislador (no logró) el objetivo propuesto”¹.

Los indicadores del mercado laboral suministrado por el DANE confirman la solicitud del Procurador y avalan la demanda de la CUT (Cuadro 1):

Cuadro 1: Indicadores del mercado laboral.

Fuente: DANE y Banco de la República

El cuadro muestra varios indicadores que son claves para entender que está pasando en el marcado de trabajo y para entender las razones del Procurador. Está en primer lugar el crecimiento de la economía medido por el PIB: veníamos de crecimientos negativos (-4% en 1999) y estamos ahora en tasas cercanas al 7%. Se espera que con el crecimiento económico mejoren los indicadores del mercado de trabajo, es decir, que aumente la tasa de ocupación, disminuya la tasa de desempleo, mejore la calidad del empleo y aumenten los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, el cuadro muestra que en Colombia no ha pasado así, no obstante el crecimiento de la economía y el regalo que recibieron los empleadores.

En efecto, si bien la tasa de desempleo ha venido bajando desde 2002, este resultado no es consecuencia del crecimiento de la tasa de ocupación, que como se ve en el cuadro 1, se ha reducido; la explicación del descenso de la tasa de desempleo se debe a la menor tasa global de participación, es decir, a que se ha reducido la presión de la población sobre el mercado de trabajo y a que ha aumentado la población inactiva.

Este período coincide con un incremento de la migración de colombianos hacia el exterior. Según el censo de población del DANE, entre el 2001 y el 2005 migró el 46% del total de colombianos y colombianas que se encuentran fuera del país. Este dato es corroborado por el incremento del flujo de remesas que esta población envía cada año, que se quintuplicaron entre 1996 y 2005 y que a partir del 2004 ya representaba la tercera fuente de divisas del país, superadas sólo por las exportaciones de petróleo y de carbón². Este fenómeno incide sobre los indicadores del mercado de trabajo: disminuye el número de desempleados, disminuye la Tasa Global de Participación y aumenta la población inactiva, por el impacto positivo de las remesas en la calidad de vida de las familias.

La calidad del empleo que se genera

En la exposición de motivos con que el gobierno defendió la reforma se argumentaba que “la ampliación de la jornada diurna (...) permite que ciertos sectores de la economía (...) puedan ampliar sus jornadas de trabajo, sin recargos por trabajo nocturno, con lo cual se estimula una mayor ocupación laboral. La reducción de los recargos en festivos tiene un propósito semejante, pues busca permitir una mayor flexibilidad a las empresas, sin que dicha flexibilidad se traduzca en recargos salariales, con lo cual se considera que se fomenta el empleo en esos sectores. Estas medidas se ven complementadas por la introducción de la jornada laboral flexible que permitiría a las empresas, de común acuerdo con sus trabajadores, organizar turnos de trabajo, que flexibilicen la producción y reduzcan los costos, con lo cual las empresas pueden tornarse más competitivas y pueden contratar nuevos empleados. Por su parte, la reducción del monto de las indemnizaciones por despido injusto en los contratos a término indefinido (…) busca disminuir los riesgos de los empresarios para contratar nuevas personas, así como facilitar la adaptación de las empresas a los ciclos económicos, lo cual debería también incentivar el empleo³.

Lo que está ocurriendo en la realidad es muy distinto. El comportamiento del empleo en la industria es un ejemplo. Auque este sector viene creciendo a tasas cercanas al 10%, estimulado por las exportaciones hacia Venezuela, el único empleo que está generando es el empleo temporal y el empleo precario que se contrata a través de cooperativas. Según la Encuesta Anual Manufacturera que el DANE realiza en las empresas de este sector, la mayoría de ellas afiliadas a la ANDI, entre el 2002 y el 2005 el único empleo que creció allí fue el empleo temporal (12.087 trabajadores), mientras disminuyó el empleo permanente (-9.088). Y es que el crecimiento de este sector está sustentado en la utilización de tecnologías que son ahorradoras de mano de obra, en la intensificación de la explotación de los trabajadores, como se observa en la reducción de la participación de los costos laborales totales en el valor del producto, (en el 2002 representaba el 10.14% y bajó al 8.31% en el 2005), y en la precarización de las condiciones de contratación a través del uso cada vez más extendido de la contratación de trabajadores a través de cooperativas.