Ha dicho el presidente Uribe, refiriéndose a la “reestructuración” del ISS, que las clínicas se van a poner a funcionar “sin corrupción y sin privilegios sindicales”[1].

Sobre lo primero, albergamos enormes dudas de que efectivamente se vaya a poner fin al manejo clientelista que siempre ha tenido el sistema de seguridad social, que constituye la principal fuente de corrupción del sistema. El Presidente sabe mejor que nadie, que desde el Ministro hasta el funcionario de más bajo rango de una clínica han sido nombrados, siempre, directamente por recomendación de los directorios políticos, y que es en función de los intereses políticos y económicos de quienes controlan estos directorios, que se manejan las nóminas y toda la política de contrataciones que desarrollan estas entidades.

Además, las revelaciones que sobre el fenómeno narcoparamilitar se han venido haciendo, han puesto al descubierto la forma como están siendo capturados los recursos de la salud por los jefes paramilitares y el entronque que ha habido entre éstos y los directorios políticos.

Nunca como ahora el sistema de seguridad social había manejado tanto recurso. Para el 2005, el Ministerio de la Protección Social tuvo a su disposición un presupuesto para inversión equivalente a $10.6 billones, que si los dividimos por el conjunto de la población que arrojó el censo, equivaldrían a $255.351 por habitante, una suma equivalente al valor promedio de la Unidad de de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que el sistema calcula le costaría la atención de un paciente promedio durante todo un año.

Sin embargo, la corrupción y la ineficiencia han hecho que buena parte de estos recursos tengan otro destino, cuestión que explica el porqué aun permanecen excluidas del derecho efectivo a la salud 11 millones de personas, y que los afiliados al régimen contributivo o al subsidiado tengan que soportar las profundas deficiencias en el diseño y funcionamiento del sistema, como lo prueban por ejemplo, las decenas de miles de tutelas que deben colocar muchos de los afiliados para reclamar el derecho a un tratamiento especializado, una cirugía o un medicamento específico[2].

Quienes han visto fortalecidos sus intereses con la “reestructuración” del sector de la salud han sido la mayoría de las EPS del sector privado, que actuando como aseguradoras e intermediarias, se han quedado con una parte muy importante de los recursos de la salud. En el 2005 por ejemplo, 7 empresas (Saludcoop, Salud Total, Café Salud, Susalud, Coomeva, Cruz Blanca y Caprius) presentaron utilidades netas por $57.713 millones[3]. Un estudio del Grupo de Economía de la Salud (GES) de la Universidad de Antioquia, señala al respecto, que “sin la EPS del Seguro Social el margen bruto (ingresos operacionales menos costos de operación) presenta valores entre 14% y 20% entre 1996 y 2005”.

Justamente, la estrategia de “reestructuración” que se ha estado aplicando en el sector de la salud desde que inició Uribe su primer mandato, no tiene más que la intención de ampliar este margen, para que al final de todo el proceso de intermediación, las EPS del sector privado se aseguren un mayor margen de rentabilidad neta. Este es el objetivo central de la eliminación de lo que el presidente Uribe llama “privilegios sindicales”, que no son más que derechos laborales que un sector muy importante de trabajadores de este sector ha logrado conquistar a través de sus organizaciones sindicales y de la contratación colectiva.

Hasta la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, a través del ejercicio del Derecho de Libertad Sindical, habían logrado avances muy importantes en relación con la reivindicación de condiciones dignas de trabajo y con la protección de sus derechos humanos laborales, aquellos que protege la legislación laboral y los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT y que constituyen parte esencial del Estado Social reivindicado por la Constitución Política de 1991.

Según el censo sindical realizado por la ENS (2006), en este sector estaban afiliadas a algún sindicato 67.419 personas, el 24.07% del total de personal vinculado a este sector. Entre 1994 y 2005 se negociaron en este sector un total de 194 negociaciones colectivas, incluyendo entre ellas un pacto colectivo, que en promedio beneficiaban a 27.719 personas, el 9.89% de la población ocupada en el sector[4](ver cuadro 1).

La política de “reestructuración” del actual gobierno ha tenido como eje central la transformación de la nómina de los hospitales públicos, sustituyendo trabajadores organizados en sindicato y con contrato colectivo de trabajo, por trabajadores vinculados a través de un contrato de trabajo precario, como el que ofrecen las cooperativas, y sin derecho de libertad sindical. Los objetivos de la “reestructuración” uribista del sector de la salud no son otros que el de acabar con los sindicatos y la negociación colectiva y asegurar bajos costos laborales para que el sector privado incremente utilidades.

 De esta manera, el estatuto laboral desarrollado fundamentalmente en el sector público a través de la negociación colectiva, pero que por reflejo afectaba positivamente también a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, se está erosionando paulatinamente a medida que la “reestructuración” avanza, como está ocurriendo ahora en las Empresas Sociales del Estado: los trabajadores y trabajadoras son desvinculadas por decreto, y si tienen “suerte”, son vinculados luego a la misma actividad y al mismo oficio, pero en condiciones completamente precarias, a través de cooperativas o de contratos de prestación de servicios, con menores ingresos, sin estabilidad laboral y sin derechos de libertad sindical (ver cuadro 2).

* Incluye la convención colectiva SINTRASEGURIDAD SOCIAL - ISS
Fuente: Ministerio de la protección Social.








CUADRO 2: SALARIOS CONVENCIONALES VIGENTES EN LAS ESE ADSCRITAS AL ISS Y EN LAS COOPERATIVAS

*Salario básico mes
Fuente: ISS

Héctor Vásquez Fernández
Escuela Nacional Sindical

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 46
Corporación Viva la Ciudadanía.
semanariovirtual@viva.org.co 
www.vivalaciudadania.org