La doble moral de Uribe y el salario mínimo

20/01/2008
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El llamado “Estado Comunitario” ha estado desde el principio al servicio del empresariado. Se notó desde el 2002 con la imposición de una reforma laboral que les disminuyó ingresos a los trabajadores para transferírselos a los empleadores. Pero donde ha sido todavía más evidente esta política ha sido en materia tributaria: a medida que se incrementa el IVA, que es un impuesto regresivo que afecta principalmente a las familias cuyos ingresos se derivan del trabajo, a la parte de la sociedad cuyos ingresos derivan de las rentas del capital, este gobierno les ha venido disminuyendo sistemáticamente sus impuestos.

Veamos algunos incentivos dados por el actual mandatario al capital[1]:

1) Se reduce la renta presuntiva del 6% al 3%, lo cual es una ventaja para todo el capital, pero en especial para las rentas agropecuarias que poco contribuyen de por sí al erario público... A los agentes del agro el Gobierno Nacional les hace un gran regalo fiscal, a sabiendas de que allí el salario mínimo es un rey de burlas

2) Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden deducir el valor del 30% de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos. En el año 2006 dicha deducción le costó a la DIAN $ 1.792 millardos, la cual fue solicitada por 5.752 declarantes, A partir de la Ley 1111 del 2006, la cifra a deducir se eleva al 40%. En el año 2006 las deducciones, exenciones y descuentos reclamados por las personas jurídicas costaron la suma de 3.7 billones de pesos.

3) Las personas jurídicas pueden deducir de su impuesto a la renta los impuestos municipales pagados por predial, avisos y tableros e industria y comercio, ello en cuantía total, vale decir en el 100%. Esta deducción antes estaba tasada en el 80%. En otras palabras, hay que concluir que la tributación municipal descansa en los hombros de las personas naturales- entre ellos la casa o apartamento de simples empleados y trabajadores-, pues realmente las empresas están exentas de la tributación municipal, pues ella es asumida por el fisco nacional vía la deducción del 100% de los impuestos municipales “pagados” por las personas jurídicas. Para el gran capital la ganancia es doble: primero trasladan los impuestos municipales que les toca “pagar” y segundo, la DIAN les permite la deducción del 100% en el impuesto a la renta.

1) La tarifa única sobre la renta gravable de las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas y de los demás entes asimilados a unas y otras, pasa del 35% al 33% a partir del 2008. Antes la tarifa estaba en el 38.5% (35% más la sobretasa del 10%). Es de recordar en este punto que la Ley 75/86, Gobierno de Virgilio Barco, eliminó la doble tributación a los beneficios de las sociedades, amén de la eliminación del impuesto al patrimonio, ya que el que hoy existe es temporal.

2) La Ley 788 de 2002 creó 10 rentas exentas del impuesto a la renta y complementarios para favorecer tributariamente la inversión en construcción y remodelación de hoteles, la venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos, la prestación del servicio de transporte fluvial, servicios de ecoturismo, nuevos aserríos y aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos, nuevos productos medicinales y software, la utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública, los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra.

3) La maquinaria industrial importada por usuarios altamente exportadores no paga IVA

4) Se ha eliminado el impuesto de remesas al exterior para favorecer la llegada al país de la inversión extranjera.

5) Para las nuevas zonas francas se establece una tarifa especial del 15% en el impuesto a la renta. Son las zonas francas que de manera acertada Juan Camilo Restrepo denomina zonas francas a domicilio, pues ya la inversión no necesita estar ubicada en un lugar especial y cerrado como sucedía en el pasado.

“Todos estos incentivos les permiten a los empresarios abaratar la adquisición del factor capital frente al factor trabajo, lo cual explica en parte que exista crecimiento económico con la no generación de empleos industriales. Según estudio de la Universidad EAFIT, en los últimos años el factor capital se ha abaratado en Colombia con relación al factor trabajo en un 56 por ciento, cifra que debe aumentar en los próximos años, dados los últimos beneficios tributarios concedidos al capital”.

“Todos los beneficios tributarios dados a los empresarios han llevado a que el recaudo por impuesto a la renta pierda participación en el PIB, tanto ahora como en los años venideros”.

En el año 2006 la participación en el PIB llegó al 6.9%, para el año 2007 se estima que será del 6.4% y para el año 2008, el proyecto de presupuesto general de la Nación, la estima en 6.1%. Obviamente, la caída de participación del impuesto patrimonial a la renta –IPR- en el PIB arrastra hacia abajo la participación de los impuestos directos a favor de la participación de los regresivos impuestos indirectos.

Al contrario, se ha acentuado la carga o presión tributaria en el Gobierno Nacional, pasado de 12.9% en el 2002 a 16.8% en el 2007 y se tiene para el 2008 una carga prevista de 17.2%, según el proyecto de presupuesto para el año 2008. En seis años el incremento es de 4.3 puntos porcentuales, todo un récord histórico en el país.

Buena parte de este incremento se fundamenta en el hecho de que varias reformas tributarias se han centrado en incrementar, una tras otra, la base gravable del IVA, gravando cada vez más bienes y servicios de la canasta familiar. Otra parte se sustenta en el buen crecimiento de la economía y el incremento de las utilidades de las empresas.

En este último caso, hay que tener en cuenta que la economía colombiana es altamente monopolística y oligopolista, lo cual favorece a los empresarios para trasladar su carga impositiva a los precios de sus bienes y servicios, convirtiendo su impuesto a la renta en un impuesto al consumo de los hogares.

Por el lado tributario, la administración Uribe, se caracteriza por mayores exacciones al factor trabajo, veamos:

- Muchos trabajadores son ahora sujetos pasivos del impuesto a la renta, así tengan unos ingresos y/o patrimonio modesto. El MUISCA se encarga de esta labor. A través de la reforma tributaria expedida por la Ley 788/2002, se estima que para el año 2006 se incorporaron cerca de 765.000 nuevos contribuyentes a la base.

- A los pensionados se les ha incrementado de 12% al 12.5% sus contribuciones a la salud.

- Las contribuciones parafiscales para pensiones y salud se han incrementado para trabajadores y empleados.

- En las grandes ciudades capitales del país -Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla- se ha endurecido el pago del impuesto predial para casas y apartamentos de trabajadores y empleados, pues el avalúo catastral se actualiza cada cinco años, amén de que las tarifas mínimas cobradas se han aumentado, como es el caso del municipio de Medellín donde la mínima está en el ocho por mil, lo cual resta capacidad de compra a los trabajadores. Un trabajador o empleado debe trabajar buena parte de un mes para con su ingreso pagar el impuesto predial unificado. En la ciudad de Medellín para el año 2004, el número de predios ascendió a 663.239, el recaudo ejecutado por impuesto predial se cifró en $185.712 millones, lo cual da en promedio un pago de $280.000 anuales por predio. Para ese mismo año el salario mínimo mensual legal estaba en $358.000.

- En las grandes ciudades del país, los impuestos municipales pagados por los empresarios son considerados costos, por ende, son trasladados a los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar, lo cual empeora el real poder adquisitivo del salario.

- Más bienes y servicios de la canasta familiar han pasado a ser gravados con el IVA. Para el año gravable de 2006 la base gravable del IVA en Colombia ya está en el 54.4%, siguiendo al pie de letra la recomendación del Consenso de Washington de que el IVA tenga una base gravable amplia.

Hoy están gravados con IVA el chocolate, el paquete de arepas, la harina de trigo, las tostadas, el azúcar, la sardina enlatada que compran los albañiles, los chorizos y la morcilla, el café tostado, las pastas alimenticias para hacer la sopita de los pobres, el salchichón cervecero que compran los que están en el basto mundo del desempleo, los fósforos, avena, maíz, arroz industrial, los servicios de clubes de trabajadores y pensionados, la medicina prepagada, la vigilancia, el aseo, el atún enlatado, todos los productos de panadería y pastelería con excepción del pan, la salsa de tomate, el caldo de gallina para la sopita de guineo de las familias en pobreza extrema, etc.

En Colombia, el IVA pasa de tener una participación del 1% en el PIB en el año 1970, a una participación prevista del 7.6% del PIB en el año 2007. 4.9% PIB para el IVA interno y 2.7% PIB en el IVA externo, según estimaciones previstas en el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2008.

“En otras palabras entre 1970 y el 2007, el IVA gana 6.6 puntos de participación en el producto, guardando una relación inversa con el consumo final de los hogares, el cual ha perdido puntos de participación en el PIB, pasando de 73% a 65% en el 2005”.

Uribe tiene otra actitud frente a los trabajadores. En relación con la negociación del salario mínimo y haciendo gala de su enorme habilidad para el manejo de los medios de comunicación, le pidió a los empleadores “generosidad” en el incremento salarial, y a los sectores empresariales que mejor les ha ido en este año, les propuso que le reconocieran a los trabajadores una prima de productividad.

Pero mientras lanzan estas frases para la galería, en la mesa de concertación del salario mínimo se ha negado sistemáticamente a definir una posición clara que signifique pasar de las palabras a los hechos, como lo han denunciado las centrales obreras: “el sindicalismo colombiano lamenta que el Gobierno, interpretando al empresariado, decrete el salario mínimo legal, mostrando una vez más, su negativa al diálogo y a la concertación e impidiendo que los trabajadores colombianos no sólo reciban un incremento salarial real, sino que se les garantice la eliminación de la intermediación laboral y el cumplimiento del salario mínimo que establece la ley”. “Pese a lo anterior, le recordamos al Gobierno Nacional que para efectos del decreto deben tenerse en cuenta la inflación causada, la productividad total de los factores, la productividad del trabajo y la redistribución equitativa del ingreso nacional, cuyo crecimiento económico está por encima del 7%” (Comunicado de prensa de la CUT, la CTC y la CPC, Bogotá, 18 de diciembre de 2007).

Esta misma actitud ha mantenido frente al derecho de libertad sindical, que tiene dos componentes básicos en el derecho de asociación y de negociación colectiva. Este gobierno ha dado instrucciones precisas a los inspectores del trabajo para que obstaculicen la formación de sindicatos, y en sólo dos departamentos ha negado la inscripción de 178, como lo denunciaron las centrales ante la reciente misión de la OIT que visitó a Colombia en el mes de noviembre.

Y respecto de la negociación colectiva, que constituye el instrumento más eficaz para que los trabajadores puedan participar de los buenos resultados de las empresas e incidir de manera eficaz en la distribución del ingreso, para que dejen de depender de la “generosidad” de los empleadores, durante este gobierno no sólo se ha obstaculizado de manera permanente en el sector público, negándose a cumplir al Convenio 151 de la OIT, que el congreso ratificó a través de la ley 411 de 1997, sino que en el sector privado ha venido disminuyendo dramáticamente y hoy, de cada 100 personas que trabajan menos de una tiene la capacidad efectiva de negociar sus condiciones de trabajo.

Por ello como lo muestra el informe de prensa que a continuación transcribimos, Colombia asiste a un grave deterioro de los salarios de los trabajadores, lo que significa retroceder en materia de democracia social.

El Tiempo, Diciembre 20 de 2007
Estudios del Banco de la República y la U. Javeriana demuestran deterioro salarial en Colombia

Entre 1994 y el 2006, el porcentaje de trabajadores formales que recibían un salario mínimo pasó de 18 a 34 por ciento.

Los trabajadores que ganan hasta un mínimo han venido incrementando su participación en el conjunto de los asalariados, en desmedro de quienes reciben entre uno y dos.

De acuerdo con la evidencia encontrada por Luís Eduardo Arango y Carlos Esteban Posada, del Emisor, y Paula Herrera, de la Javeriana, “los trabajadores del sector formal que ganan un salario mínimo han venido incrementando su participación en el conjunto de asalariados en desmedro de quienes ganaban entre uno y dos salarios mínimos”.

Como se muestra en “El salario mínimo: aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros países”, el documento de los tres autores, entre 1994 y el 2006 quienes recibían hasta un salario básico legal prácticamente duplicaron su participación en el total de asalariados, mientras que la proporción de aquellos que ganaban hasta dos mínimos cayó aproximadamente 13 puntos porcentuales.

En 1994, unas 550.000 personas devengaban un salario mínimo, número que se triplicó 12 años después. Su participación pasó de cerca de 18% de todos los empleados formales a más de 34% el año pasado.

En el mismo lapso, los que ganaban entre más de uno y dos salarios mínimos pasaron de 1,6 millones a más de 1,75 millones, pero su contribución al total de asalariados se redujo de un poco más del 50% a más o menos 37.

Del 2004 al 2006, según muestra el estudio, bajó ligeramente la participación de los trabajadores con un mínimo y aumentó, también levemente, la de los asalariados con un ingreso máximo de dos mínimos.

En los últimos años, incluido este, durante las negociaciones del salario mínimo las organizaciones sindicales han dicho que 4,5 millones de empleados devengan esa remuneración básica. Sin embargo, como lo informó este diario con base en cifras del Ministerio de la Protección Social, ese registro es muy superior al real, que estaría alrededor de los 2 millones.


Héctor Vásquez Fernández
Escuela Nacional Sindical

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org




[1] Uribe, Rafael, La política tributaria del proyecto político uribista: menos tributación al capital y más al trabajo. Documento de la Escuela Nacional Sindical, diciembre de 2007.

https://www.alainet.org/es/active/21720
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