Los poderes y el Ejército

06/09/2009
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  • Opinión
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalando la actuación del Ejército en actividades de seguridad pública y encubriendo las implicaciones del fuero de guerra al negarse a revisar su constitucionalidad; los titubeos del Congreso para someter al Ejército a los controles institucionales; el secretario de Gobernación cabildeando en Naciones Unidas y con los ministros de la Corte la permanencia de la impunidad militar; el titular del Ejecutivo federal impulsando leyes de inmunidad para blindar al Ejército ante las críticas por las excesivas violaciones a los derechos humanos; y la tibieza del ombudsman en sus recomendaciones contra los abusos militares, dejan en claro que la protección al Ejército –“haiga sido como haiga sido”– es una política de Estado. Es la defensa a ultranza de los militares desde las cúpulas del poder. Pues cómo no, si los poderes en México se deben al Ejército, no a la voluntad ciudadana.
 
    Si bien el gobierno declaró la guerra contra las drogas, implantando en el país un régimen policiaco-militar y punitivo, hay una cosa que para el poder pasa inadvertida, por una parte, a políticos y militares les puede resultar una responsabilidad ante los tribunales internacionales, por la otra, de la suerte que les pueda pasar en el país no les debe preocupar, aquí se premia la impunidad.
 
    México ratificó en 2005 la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ésta es un tribunal de justicia permanente cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la esclavitud, el apartheid, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, los secuestros y el delito de agresión, entre otros.
 
    Así las cosas, durante los tres primeros años de la presente administración, cerca de 15 mil ejecuciones están documentadas; entre ellas mil 500 elementos de seguridad y cerca de 800 menores de edad fueron muertos en fuego cruzado; esto es, las más reprobables violaciones a los derechos humanos que un gobierno pueda hacer en contra de su población. Como van las cosas, si Calderón termina su administración, las muertes repuntarán a cerca de 40 mil.
 
    Según reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la institución más prestigiada del país, ha recibido sólo en 2009 un promedio de cuatro quejas diarias por violaciones a los derechos humanos; estos datos son también parte de la información que Calderón entregó al Departamento de Estado para elaborar un análisis sobre la situación de México en la materia. El documento destaca que de las 934 quejas presentadas contra el Ejército, cerca de la mitad se concentran donde operan las tropas contra el crimen organizado: Chihuahua y Michoacán.
 
    Según autoridades federales, el informe militar ha sido incorporado al documento final que entregó el Departamento de Estado al Congreso estadunidense, a fin de que libere el 15 por ciento de los recursos de la Iniciativa Mérida, los que podrían ser bloqueados definitivamente si el Capitolio considera que el Ejército Mexicano no respeta los derechos humanos, o que los casos han quedado en la impunidad, como aseguran el senador Patrick Leahy y la comunidad de derechos humanos.
 
    No obstante el señalamiento de las violaciones escandalosas que laceran las conciencias más reservadas, durante la cumbre en Guadalajara, Calderón afirmó que la lucha que libra el gobierno contra el narcotráfico se lleva a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos. Y aclaró que quienes afirmen lo contrario tienen la obligación de señalar un solo caso en el que las autoridades hayan violado las garantías, tanto de las víctimas como de los delincuentes, y no se haya hecho nada al respecto.
 
    Lo que no dijo Calderón es cómo quería que le señalaran los casos: por apellido, lista, edad, sexo, por entidad federativa, por institución, en que instancia nacional o internacional están desahogándose, etcétera, el caso es que como nunca, hay enésimas violaciones a los derechos humanos que son ignoradas desde el poder con tufos de irrespeto a la vida; para entender esta inexplicable situación, debemos analizarla desde la óptica del cinismo.
 
    No fue casualidad la publicación del ensayo Las necesidades de un ombudsman militar en México (Forum 22, X/93) que coincide con los 25 años de la masacre del 68. La propuesta de instituir controles institucionales para el Ejército, desató la ira del mando militar con 27 averiguaciones previas, nueve causas penales, nueve autos de formal prisión y 28 años y meses de prisión dictados en contra del autor. También en el hostigamiento durante ocho años y el boicot publicitario a Forum. Bloqueo que revive en forma más extrema Felipe Calderón por las alusivas portadas a su gestión.
 
    Sin ser adivinos, sin pretensión, ahora cabe decir: se los dijimos, en México es necesaria la creación del ombudsman militar, no obstante las violaciones a los derechos humanos, el tema del Ejército se debate con miedo. Ahora el poder, aunque lo nieguen, se traga su propia mierda a puños.
 
Fuente: Forum en línea
https://www.alainet.org/es/active/32872
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