Reflexiones de un general posdoctorado
Estado policiaco-militar, Peña y Naranjo
19/07/2012
- Opinión
La relación civil-militar en un Estado democrático, es un asunto de seguridad nacional.
El candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que el general colombiano Óscar Naranjo, exdirector general de la Policía Nacional de Colombia, será “asesor externo” de su gobierno en materia de combate al crimen organizado, bajo un esquema “no operacional” y “fuera de las líneas jerárquicas del Ejército Mexicano”.
Reiteró al presentar al militar colombiano que la política de seguridad pública seguirá en manos del Estado mexicano, no aportó datos sobre cuánto será el costo de la asesoría externa y ambos desestimaron que se trate de aplicar el mismo esquema del plan Colombia en México.
Como ya sabemos, este discurso es para consumo interno, la verdad es que en México la Iniciativa Mérida al igual que el Plan Colombia son convenios bilaterales sobre seguridad que permiten a Washington entrometerse en los asuntos de orden interno.
Así las cosas, históricamente la relación de Estados Unidos con América Latina ha sido la militarización de sus espacios políticos y territoriales a través de una maniobra de abrazadera, por un lado los tratados económicos y el por otro los convenios de ayuda y asistencia militar.
En los procesos de modernización de los Estados cuya configuración estuvo caracterizada por desbordes militares: proceso mediante el cual las fuerzas armadas van adquiriendo posiciones y actividades que no les corresponden, que llevaron a la institución armada a ejercer funciones político-administrativas ajenas a su función profesional, el reto básico es el establecimiento de un marco que impida en el futuro este tipo de intervenciones, una nueva interacción entre sociedad, Estado y fuerzas armadas: las relaciones civiles-militares.
Esta tarea se desarrolla en dos ejes paralelos, por una parte, la redefinición de la función militar para ajustarla a los requerimientos de un Estado democrático; y por la otra, la creación de un marco legal e institucional que permita a la autoridad civil establecer un liderazgo y supervisión sobre el cuerpo armado y las instituciones responsables de ejecutar la política de seguridad del Estado.
Función militar y controles democráticos son por tanto, un solo proceso cuyo objetivo es la consolidación de un Estado democrático. Las formas en que estas tareas se llevan a cabo en cada sociedad, varían de acuerdo al contexto político-social específico. El debate por el poder en la arena política es civil, no militar.
La construcción de un Estado democrático que permita el desarrollo humano en equidad y participación es un proceso vinculado a la superación del legado de Estado autoritario arraigado históricamente en México, donde la manu militari toma gran relevancia en la resolución de conflictos del orden interno; es una brega de larga data que conlleva la supremacía del poder civil sobre el actor militar y en la que se sobreponga la seguridad humana a la seguridad del Estado; ya que, la seguridad humana, es en sí la seguridad del Estado.
La base normativa sobre el manejo de las fuerzas armadas, establece como misión fundamental preservar la soberanía e integridad territorial, la vida y libertad de los habitantes y resguardar y proteger los intereses vitales de la nación.
Por tanto, el Ejército tiene una función netamente política, como lo es asegurar la soberanía de la nación y la independencia del Estado, pero la Constitución, todas las constituciones de los Estados democráticos, prohíben estrictamente a sus fuerzas armadas deliberar en política.
El vínculo fundamental que se debe dar en una democracia entre el ámbito civil y el militar, está dado por la supremacía civil: la capacidad de un gobierno democráticamente electo para llevar a cabo la política general del Estado, definir los objetivos nacionales para la organización de la defensa nacional, conducir la política de defensa y supervisar la aplicación de la política militar del Estado bajo un régimen constitucional, la ley.
La plena conducción política y el control sobre los militares existen cuando los civiles son los que deciden realmente sobre la definición de las amenazas a la seguridad y a la defensa, la organización, tamaño, distribución territorial y el tipo de fuerzas armadas que necesita el Estado.
Así las cosas, la calidad y forma de las relaciones civiles-militares define de manera significativa aspectos claves en la estabilidad del sistema político y en la seguridad interior y exterior del Estado.
Es prohibitivo en nuestro país que extranjeros realicen funciones que tengan que ver con la seguridad del Estado, y menos que por algún motivo los mandos militares queden sometidos a los criterios de un general extranjero que desconoce a todas luces la idiosincrasia nacional y la estructura del Ejército Mexicano.
En el mismo sentido que pronostiqué que la guerra de Calderón rebasaría las más de 30 mil muertes, la dirección de la función de policía en manos de un extranjero, nos encamina a un Estado policiaco-militar de corte fascista y extremadamente represor con saldos graves en violaciones a los derechos humanos.
José Francisco Gallardo R.
Fuente: Forum en línea
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