Reflexiones de un general posdoctorado
Cien años de lealtad e impunidad
06/03/2013
- Opinión
A políticos y militares. Quien es soporte y garantía
de la paz y soberanía es el pueblo, no el Ejército.
El mes de febrero de cada año es pródigo en las remembranzas sobre las fuerzas armadas: el día 9, Marcha de la Lealtad y la Decena Trágica, donde los militares “ratifican su irrestricta lealtad al pueblo de México y a sus instituciones”; el 10, Día de la Fuerza Aérea, “en que se sostuvo que la institución está lista para extender sus alas de la mano de México, para surcar el horizonte del siglo XXI”; el 15, día de la entrega de la Espada y Sable de Mando al presidente y que simboliza los principios y valores del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada; el 18, Día del Estado Mayor Presidencial, inventado por Enrique Peña Nieto, “por 100 años de su creación para defender las instituciones democrática del país, y muy particularmente al Ejecutivo federal”; el 19, Día del Ejército, ahora por el centenario de su creación; el 24, Día de la Bandera entre otros festejos relativos, “una oportunidad para recordar nuestra historia y para reflexionar sobre el futuro del país”.
Cien años del Ejército Mexicano “Lealtad a toda prueba: Garantiza la paz y la soberanía” (Vértigo y El Universal).
A un siglo de las relaciones civiles militares en México, el tema se centra en la intervención militar directa en las decisiones políticas.
Desde que la XXII Legislatura del Estado de Coahuila emitió un decreto por medio del cual se creaban las primeras fuerzas armadas de lo que sería, posteriormente, el Ejército Constitucionalista, y lo que ahora es, el Ejército Mexicano; después del golpe de Estado del general Victoriano Huerta, egresado del Colegio Militar lo cual se trata de ocultar; nos lleva hacer una reflexión.
La organización actual del Ejército parece descansar en una serie de hipótesis nacidas de la realidad geopolítica del país. El hecho de que México tenga como vecino a un coloso militar por una parte, y a un país pequeño en extremo, por la otra, da lugar a la primera de las suposiciones: una guerra de tipo convencional con sus vecinos difícilmente podrá presentarse. La segunda suposición parece ser que una guerra convencional en contra de una potencia extranjera tampoco es factible, ya que ello sería contrario al interés nacional de Estados Unidos, quien se vería por ello obligado a intervenir en favor de México.
En este tenor, las funciones bélicas del Ejército se ven reducidas a luchar en contra de una hipotética intervención extranjera por medio de una organización de guerrillas y a reprimir intentos de subversión interna mediante una guerra contrainsurgente. Entonces para qué la existencia del Ejército.
Así las cosas, existe un pacto cívico-militar en México, vigente desde los años 40, sustentado en reglas no escritas, resultantes de un hecho. Cuando el primer presidente civil emanado de la Revolución, Miguel Alemán Valdés, toma el poder que le transfirieron los militares, lo hacía a cambio de un compromiso: el respeto absoluto a la institución armada. En correspondencia a este compromiso se desprendió la segunda norma, los militares respetarían, bajo cualquier circunstancia, al poder civil. El pacto, “lealtad institucional por impunidad”.
El acatamiento del pacto fue posible porque ya operaba con singular eficiencia el partido oficial. Esta sui generis agrupación política: Partido Nacional Revolucionario (PNR/PRM/PRI), nacido en 1929.
El PRI, mediante prebendas y concesiones, supo cómo lubricar la maquinaria política. Los militares entraron en su ayuda sólo cuando se ha encontrado en aprietos, como en las huelgas ferrocarrileras de 1958-59, el movimiento estudiantil de 1968, o con el levantamiento indígena en 1994, entre otras funciones de orden interno. En los años 70 la misión de los militares fue la contención de la guerrilla rural. El Ejército sólo ha intervenido temporalmente a fin de salvar la situación y después se ha replegado a sus cuarteles. Además, actúa a petición de parte, por lo cual el pacto permanece intacto. Pero Acción Nacional en el poder, superó y refinó esta práctica, involucró a los militares en la guerra contra las drogas.
Hoy en día, el Ejército se utiliza por el poder político, para asuntos de seguridad pública, espionaje político, disolución de huelgas y sindicatos, dirimir conflictos de carácter social, legitimar elecciones fraudulentas, aplicación de la ley, suplir en sus funciones al Ministerio Público y a la policía, incluso para hacer detención de políticos indeseables como Joaquín Hernández Galicia en 1989 y la lideresa Elba Esther Gordillo en 2013, a cargo de la Armada.
Este uso faccioso del Ejército en contra de la sociedad, lo ha llevado a su descomposición y posible desaparición, ahora México no tiene un Ejército para la defensa nacional, sino una policía militarizada. Cuya carga en violaciones a los derechos humanos es escandalosa, 26 mil desaparecidos, 18 mil quejas ante la CNDH, enésimas denuncias ante los tribunales internacionales, más de 150 mil desertores y el colapso de la defensa nacional. Lo que raya en crímenes de lesa humanidad.
El reto de este siglo XXI para el Estado, es construir un Ejército para la defensa de la soberanía e integridad territorial.
Que bien que el Ejército declare 100 años de lealtad a las instituciones y al pueblo, de otra manera cómo estaríamos.
Fuente: Forum en línea
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