El transporte colectivo y el derecho de protestar
26/05/2008
- Opinión
La conflictividad alrededor del transporte urbano ha desatado intensas movilizaciones a lo largo de la historia reciente de la ciudad de Guatemala. Entre las numerosas luchas relacionadas con el tema del transporte, hay que recordar las jornadas populares de octubre de 1978, cuando tras la intención de incrementar el precio del pasaje de 5 a 10 centavos, sectores estudiantiles universitarios y de nivel medio, obreros, sindicatos y en general el pueblo de Guatemala, a pesar de la represión selectiva y masiva de esa época, protestaron y lograron detener tal aumento bajo la consigna ¡5 Si, 10 No!
Con el transcurrir de los años siempre ha habido intenciones directas e indirectas de incrementar el precio por un servicio de transporte colectivo urbano que ha presentado rasgos deficitarios que hasta la fecha prevalecen: buses en mal estado, mala atención a usuarios (as), irrespeto al peatón, anarquía al conducir y hacinamiento.
También son dignas de recordar las jornadas de noviembre de 1994, fecha en la que el precio de pasaje se pretendía subir de 65 centavos a un quetzal en los buses corrientes y de 0.90 a 1.25 en el servicio mal llamado “preferencial”. Estas incendiarias jornadas, también lograron detener las intenciones de lucro desmedido de los transportistas de aumentar el precio del pasaje, pero con el lamentable saldo de la caída del estudiante Mario Alioto López Sánchez.
La ciudad ha experimentado cambios acelerados y la mancha urbana se ha extendido a otros municipios del Departamento, por lo que ya no sólo se trata de analizar el tema en y desde la ciudad, sino desde el área metropolitana. Especialmente porque la gente que vive fuera de los límites municipales de la ciudad de Guatemala, pero trabaja en ésta, paga altos precios por el transporte en 2 ó 3 rutas diarias que significan entre Q12 y Q18 diarios de los Q49 diarios establecidos por el Salario Mínimo, cuando éste es pagado.
En el actual contexto de crisis de precios en los combustibles, el tema del transporte público urbano y de rutas cortas, se pone de nuevo en el tapete y el sector de transportistas propone cobrar cuotas que llegan a los Q5.00 en la ciudad y a Q6, Q7 y hasta Q8 en las rutas que van y vienen a los municipios que conforman el área metropolitana hacia la capital (Villa Nueva, Villa Canales, Amatitlán, Fraijanes, San Pedro Ayampuc entre otras rutas)
Esta situación está provocando el descontento de miles de usuarios del transporte extraurbano y urbano que con justo derecho expresan sus enérgicas protestas, exigiendo la intervención de las autoridades gubernamentales, pero éstas haciendo alarde de sus “tecnologías y dispositivos” de represión, responden enérgicamente con mano dura, deteniendo y golpeando a los inconformes, que son vistos como criminales, como en los viejos tiempos. Con estas reacciones, el gobierno de Álvaro Colóm evidencia intolerancia, incapacidad para manejar las crisis y parcialidad hacia los intereses de los empresarios, en lugar de buscar soluciones verdaderas.
Es necesario que las autoridades municipales y gubernamentales analicen las consecuencias de las medidas represivas, y las abandonen inmediatamente. Es importante establecer canales de comunicación que tomen en cuenta las exigencias de las comunidades urbanas y periurbanas. Y es fundamental que la discusión no se centre únicamente en la ciudad, sino se tome en cuenta la situación de los cientos de miles de habitantes que a diario se dirigen y salen de la capital en caros y agotadores viajes pendulares.
La población tiene derecho a decir “NO”, porque ya está cansada de tantos abusos, cobros indebidos y malos tratos que a diario se dan en el interior de los buses extraurbanos de rutas cortas y dentro de la capital. Las protestas y las resistencias son un derecho y no actos terroristas como erróneamente las califica el Gobierno.
Guatemala, 27 de mayo, 2008
- Álvaro Caballeros, Centro de Información, AVANCSO
Con el transcurrir de los años siempre ha habido intenciones directas e indirectas de incrementar el precio por un servicio de transporte colectivo urbano que ha presentado rasgos deficitarios que hasta la fecha prevalecen: buses en mal estado, mala atención a usuarios (as), irrespeto al peatón, anarquía al conducir y hacinamiento.
También son dignas de recordar las jornadas de noviembre de 1994, fecha en la que el precio de pasaje se pretendía subir de 65 centavos a un quetzal en los buses corrientes y de 0.90 a 1.25 en el servicio mal llamado “preferencial”. Estas incendiarias jornadas, también lograron detener las intenciones de lucro desmedido de los transportistas de aumentar el precio del pasaje, pero con el lamentable saldo de la caída del estudiante Mario Alioto López Sánchez.
La ciudad ha experimentado cambios acelerados y la mancha urbana se ha extendido a otros municipios del Departamento, por lo que ya no sólo se trata de analizar el tema en y desde la ciudad, sino desde el área metropolitana. Especialmente porque la gente que vive fuera de los límites municipales de la ciudad de Guatemala, pero trabaja en ésta, paga altos precios por el transporte en 2 ó 3 rutas diarias que significan entre Q12 y Q18 diarios de los Q49 diarios establecidos por el Salario Mínimo, cuando éste es pagado.
En el actual contexto de crisis de precios en los combustibles, el tema del transporte público urbano y de rutas cortas, se pone de nuevo en el tapete y el sector de transportistas propone cobrar cuotas que llegan a los Q5.00 en la ciudad y a Q6, Q7 y hasta Q8 en las rutas que van y vienen a los municipios que conforman el área metropolitana hacia la capital (Villa Nueva, Villa Canales, Amatitlán, Fraijanes, San Pedro Ayampuc entre otras rutas)
Esta situación está provocando el descontento de miles de usuarios del transporte extraurbano y urbano que con justo derecho expresan sus enérgicas protestas, exigiendo la intervención de las autoridades gubernamentales, pero éstas haciendo alarde de sus “tecnologías y dispositivos” de represión, responden enérgicamente con mano dura, deteniendo y golpeando a los inconformes, que son vistos como criminales, como en los viejos tiempos. Con estas reacciones, el gobierno de Álvaro Colóm evidencia intolerancia, incapacidad para manejar las crisis y parcialidad hacia los intereses de los empresarios, en lugar de buscar soluciones verdaderas.
Es necesario que las autoridades municipales y gubernamentales analicen las consecuencias de las medidas represivas, y las abandonen inmediatamente. Es importante establecer canales de comunicación que tomen en cuenta las exigencias de las comunidades urbanas y periurbanas. Y es fundamental que la discusión no se centre únicamente en la ciudad, sino se tome en cuenta la situación de los cientos de miles de habitantes que a diario se dirigen y salen de la capital en caros y agotadores viajes pendulares.
La población tiene derecho a decir “NO”, porque ya está cansada de tantos abusos, cobros indebidos y malos tratos que a diario se dan en el interior de los buses extraurbanos de rutas cortas y dentro de la capital. Las protestas y las resistencias son un derecho y no actos terroristas como erróneamente las califica el Gobierno.
Guatemala, 27 de mayo, 2008
- Álvaro Caballeros, Centro de Información, AVANCSO
https://www.alainet.org/en/node/127770
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