Ixcán es el municipio más grande del departamento de El Quiché, cuenta con una extensión territorial de 1,575 kilómetros cuadrados, está conformada por 176 comunidades y aldeas de las cuales aproximadamente 10% eran Comunidades de Población en Resistencia CPR, un 30% fueron refugiados y retornados y un 60% son antiguos colonizadores. Actualmente su población es de 75,000 habitantes de los cuales más de la mitad son menores de edad y es una región multiétnica compuesta por Q’eqchi’s, Ladinos, Q’anjob’ales, Mames, K’iche’s, Kaqchikeles, Ixiles, Jakaltekos entre otros.

Ixcán sigue sufriendo altos niveles de exclusión y desigualdad en el país. Por ejemplo las comunidades más cercanas al área donde se pretende construir la hidroeléctrica Xalalá (Microregión VI) nunca han tenido infraestructura de servicios básicos, no cuentan con carreteras y señal de telecomunicaciones, mucho menos electricidad. Las comunidades cercanas al lugar donde se pretende ampliar la explotación del petróleo, (Microregión V) también siguen experimentando dificultades para acceder a la salud, la educación y la vivienda.

El municipio de Ixcán sigue siendo estratégico en los tiempos de la globalización neoliberal. Pasó de ser escenario de genocidios y luchas armadas, a ser una región que en tiempos de paz interesa a empresas transnacionales y gobierno para construir represas sobre sus caudalosos y profundos ríos y explotar el petróleo entre otros recursos naturales en el marco del Plan Puebla Panamá.

Sin embargo, la población no ha sido informada, ni consultada por las autoridades gubernamentales al respecto y las empresas interesadas en la construcción de dichos megaproyectos no dicen nada acerca de las consecuencias que acarrearían para la población y sus comunidades.

Por eso, el 20 de abril, después de una amplia campaña de información alternativa, se realizó un evento histórico en la región del Ixcán: la Consulta Comunitaria de Buena Fe, Por la Vida , la Tierra y la Dignidad que fue organizada por la Municipalidad y organizaciones sociales, en la cual fue igualmente importante el papel de los alcaldes comunitarios y líderes sociales, quienes desarrollaron efectiva y eficientemente esta actividad.

La consulta fue el mecanismo que dio a conocer el rechazo de la población a los megaproyectos y la explotación petrolera, por lo que el 20 de abril se escuchó un NO rotundo en la selva del Ixcan. La modalidad de la consulta fue planteada verbalmente en los idiomas predominantes en las comunidades y se constató a través de la mano levantada y un grito, pero en algunas zonas como Playa Grande, la cabecera municipal, se usaron papeletas.

Fue realizada en 165 comunidades, de las cuales se tienen resultados a la fecha de 144, quedando 21 comunidades pendientes de contabilizar.

Los resultados dados a conocer en la conferencia de prensa el sábado 21 de abril por la Comisión Organizadora fueron: 18,071 personas dijeron que NO están de acuerdo con la explotación petrolera y la construcción de la hidroeléctrica, 1,496 dijeron que SI y se abstuvieron 344. Es decir, que un 90% de la población expresó su desacuerdo con los planes de explotación de los recursos naturales, 8% se expresó a favor y un 2% se abstuvo de decidir, por lo que en palabras de Marcos Ramírez, Alcalde de Ixcán es una consulta “representativa y vinculante”.

También los niños y niñas fueron consultados, de tal cuenta que 8,106 niñas y niños dijeron que No quieren la construcción de hidroeléctricas y la explotación petrolera, 357 dijeron que SI y 80 se abstuvieron. La participación de los niños en esta consulta fue un gesto novedoso e interesante de las comunidades que sí toman en cuenta a este importante grupo de la población en el Ixcán.

La consulta contó con el apoyo de 384 observadores entre nacionales y de otros países que se desplegaron por toda la región en camionetas, picops, lanchas y a pie para ser testigos de la decisión de la gente.

La Consulta comunitaria se constituye en un paso importante para frenar las pretensiones de explotar los recursos naturales porque la decisión de la población está sustentada legalmente en la Constitución Política de Guatemala, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Ley General de Descentralización y el Código Municipal y a nivel internacional, por lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por el Estado guatemalteco.

Por todo lo anterior ni el Estado, ni las empresas privadas deberían contradecir la decisión de la población ixcaneca, para quienes el “río es para la vida” y la “tierra la base del sustento diario”.

Guatemala, 24 de abril del 2007.

- Álvaro Caballeros
AVANCSO/CENINF
Observador de la Consulta en la Comunidad de Xalalá, Ixcán, Guatemala.

Con información de Comisión Organizadora y la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud ACCSS.