Argentina

Acuerdo para una seguridad democrática

Martín Lozada

31/12/2009

Opinión

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Días atrás se presentó en la ciudad de La Plata un documento titulado "Acuerdo para una seguridad democrática" (ASD), elaborado por un amplio espectro político y sectorial. Se trata de un documento referido a la seguridad ciudadana y democrática en la provincia de Buenos Aires cuyo antecedente a nivel nacional fue expuesto en el Congreso en diciembre del 2009.

Quienes lo firman resultan ser legisladores, referentes sociales, expertos y representantes del oficialismo y la oposición. Todos ellos señalaron los retrocesos que en materia de seguridad pública representan muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de los derechos fundamentales.

El documento trasluce la existencia de un amplio consenso sobre los principios que deben regir la seguridad pública y permite subrayar las condiciones indispensables para iniciar un proceso reformador que cuenta con el aval de expertos, universidades, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y funcionarios con experiencia de gestión.

Su presentación se efectuó en el marco de una jornada sobre "Gestión civil, transformación democrática y seguridad", oportunidad en la que se impugnó la actual demagogia punitiva vigente en la provincia, caracterizada por su rasgo antidemocrático y autoritario, así como por la ineficacia comprobada para mejorar la seguridad.

El acuerdo pugna por instalar una concepción integral de la seguridad pública, capaz de operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad, así como de reducir la violencia en todas sus formas. Esta concepción de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Lo anterior requiere, claro está, articular las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementar las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.

El documento permite recordar cuán difundida se encuentra en nuestro entorno la tendencia a asimilar, sin más, la inseguridad con el crimen; es decir, con hechos violentos que afectan la vida o la integridad física o sexual de las personas, así como sus bienes, todos ellos de naturaleza estrictamente policial y mediáticamente convocantes.

La seguridad puede ser entendida, sin embargo, de modo más amplio, como comprensiva de necesidades y aspiraciones que encuentran numerosos obstáculos en la vida cotidiana, tales como el desempleo, las enfermedades, la falta de previsión y también, por supuesto, el delito.

Este último constituye una de las manifestaciones que adopta la inseguridad en nuestros días y no, en cambio, su exclusiva causa generadora. Verlo de otro modo, amén de un error epistemológico, ha contribuido a generar una inflación punitiva que poco favor le ha venido haciendo a la prevención efectiva del delito.

Para evitar este desvarío, Naciones Unidas viene desde 1994 elaborando otros modelos en materia de seguridad que tienden a resaltar aspectos del fenómeno que lejos están de quedar circunscritos a su faz policial. Tal es el caso del concepto de "seguridad humana", el cual propone desarrollar un enfoque multidimensional de la seguridad que abarque no sólo los aspectos policiales sino también las coordenadas económicas, sociales, sanitarias y ambientales.

Como concluyeron algunos de los participantes en la jornada, tan sólo provistos de una concepción amplia y suficientemente comprensiva del dilema seguridad/inseguridad, es posible abordar el estudio de las causas del aumento del delito experimentado por la mayoría de las sociedades de nuestro subcontinente latinoamericano.

En ese sentido, resulta coherente con el sentido común afirmar que para atacar los factores criminógenos es conveniente que las sociedades y los estados de la región revigoricen el entramado de los servicios sociales básicos y se esfuercen, simultáneamente, por aumentar las oportunidades ocupacionales para los jóvenes, creando espacios para los millones que hoy están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo.

En todo caso, el documento comentado traduce la convicción de que la solución a los problemas de la seguridad está muy lejos de ser alcanzada mediante la sola intervención del aparato policial y la manipulación arbitraria de las figuras penales y sus montos punitivos.

- Martín Lozada es Juez penal. Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

https://www.alainet.org/pt/node/142181