El 12 de junio del 2007, se venció el plazo para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunciara sobre los recursos por inconstitucionalidad que fueron presentados por diversas organizaciones y personas que se oponen a la penalización del aborto terapéutico. Es poco probable que la CSJ cumpla con lo que manda la ley, principalmente si tomamos en consideración que algunos recursos por inconstitucionalidad están engavetados desde hace 7 años.

Sin embargo, en este caso, la CSJ tendrá que pronunciarse antes de que finalice el proceso de aprobación del nuevo Código Penal. Como la decisión de la CSJ no es apegada a derecho o acorde a los compromisos internacionales que Nicaragua ha adquirido, sino que responde a intereses políticos, todo parece indicar que una decisión de la CSJ alrededor de agosto de este año facilitaría a los políticos en la Asamblea Nacional concluir la aprobación del Código Penal.

Desde que en enero diversas organizaciones de la sociedad civil presentaran recursos de inconstitucionalidad, embajadas y organismos internacionales, incluyendo a Save the Children, Plan Internacional, entre otros se pronunciaran a favor de la despenalización del aborto terapéutico, las actividades de un grupo estratégico integrado por movimientos de mujeres, organismos de la niñez, organización de derechos humanos, sociedades médicas, la academia, movimiento comunal, etc., han continuado presionando a las instancias gubernamentales, legislativas y judiciales, que decidirán sobre el caso.

Entre las diversas actividades que han tenido repercusión en los medios de comunicación están:

• La Unión Europea ha expresado su preocupación para que se abra el debate, argumentando que el aborto terapéutico está estrechamente vinculado a la lucha contra la pobreza y los derechos de la mujer.

• La OPS sacó una publicación llamando la atención sobre las consecuencias de la penalización del aborto terapéutico en la salud y la vida de las mujeres nicaragüenses, aduciendo que el acceso de las mujeres a servicios de salud de calidad es un derecho humano.

• Médicos y juristas debatieron el tema del aborto terapéutico en un foro organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA.

• El periódico La Prensa, principalmente, ha informado posiciones a favor de la penalización del aborto terapéutico y planteando que la educación y consolidación de los valores familiares son claves para contrarrestar millonarias campañas a favor de diferentes tipos de aborto.

• La Iglesia Católica y otras denominaciones han continuado la campaña para evitar que el aborto terapéutico sea de nuevo legal en el país, presentando que existe un “negocio de la muerte” y utilizando el lema: “gracias mamá, por dejarme vivir”. El Arzobispo Brenes también ha dicho que el aborto terapéutico es un negocio y que “detrás de la aprobación del aborto hay organismos poderosos y fuertes de por medio, que pretenden que en toda Latinoamérica se apruebe esa ley del aborto”. Este tema también fue abordado por el Papa Benedicto XVI en su visita a Brasil.

• La Asamblea Nacional considera al aborto terapéutico “una papa caliente”.

• Expertos internacionales que han visitado el país, como el jurista Mario Hoged, han deplorado el “retroceso” que experimentó Nicaragua al penalizar el aborto terapéutico.

• Abogados de la organización Asociación Nicaragüense por la Vida (Anprovida) denunciaron a funcionarios de la ONU por meterse en los asuntos internos del país y abogar por la despenalización del aborto terapéutico.

• El organismo “Federación Internacional de Derechos Humanos” (FIDH), en su congreso anual en Lisboa, Portugal, emitió una resolución condenando la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua.

• El Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York dijo que la comunidad internacional está alarmada y poniendo los ojos en Nicaragua porque “dan la espalda a las mujeres, violentando sus derechos humanos y constitucionales”.

• Y el Movimiento Feminista de Nicaragua organizó una caravana que recorrió las principales avenidas de la capital haciendo un llamado urgente al Estado para que se comprometa “en la promoción y defensa de la salud y los derechos de las mujeres, en especial con sus derechos sexuales y reproductivos”.

• Alrededor de l4 AMICUS CURIAE -Amigos de la corte- se han presentado ante la CSJ, destacadas personalidades del ámbito internacional se han personado directamente ante esta instancia para entregar argumentación que apoya la declaración de inconstitucionalidad de la ley 603. Entre estas personalidades podemos contar a la Dra. Lilliam Sepúlveda del CRR, el Ex Magistrado de Colombia Dr. Carlos Gaviria, Dra. Carmen Valenzuela de CFFC, Dra. Andy Fridman de la Universidad de Harvard, Dra. Mabel Bianco de Argentina, Dr. Anibal Faundes en representación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia entre otros.

Por otro lado, de acuerdo a registros oficiales del Ministerio de Salud, se reportan 44 casos de muertes maternas en lo que va del ano 2007.

Diversas organizaciones de mujeres argumentan que se ha dado un incremento del 30% en los casos de muerte materna, en relación al año pasado. Un gran obstáculo para obtener información completa , es que el gobierno no está facilitando el acceso a expedientes.

“La falta de una adecuada atención médica a las mujeres con embarazos riesgosos, es una de las causas que está elevando el índice de muertes en este sector de la población en lo que va de este año”, escribe el Diario Hoy, en su edición del 18 de mayo de 2007.

El Ministerio de Salud, en particular la Ministra, reconoce que se está dando una retardación de la atención a las mujeres que llegan a los hospitales con cualquier problema con sus embarazos. Se reconoce que las mujeres están muriendo por diagnósticos de los cuales antes no morían, como el embarazo ectópico. Los médicos tienen temor y esto está incidiendo en atenciones tardías, lo cual ha llevado a la muerte a varias mujeres.

Un caso emblemático es el de Olga Ríos Meneses, de 23 años, quien falleció el 11 de abril de 2007. Olga primero asistió al Hospital Bertha Calderón (supuestamente el hospital de la mujer de mas alta resolución), y la mandaron a que se hiciera un ultrasonido, ella no tenía dinero y se fue. Después se fue a León donde le enviaron el mismo examen, que confirmó que tenía un embarazo ectópico considerado una emergencia obstétrica, sin embargo, no la atendieron. El hospital perdió el expediente y cuando la hermana protestó por la falta de agilidad en la atención y ante el estado grave de su hermana, finalmente la atendieron, pero ya era demasiado tarde, Olga murió cuando le empezó la hemorragia y no había sangre que necesitaba para ponerle. Murió porque era pobre y su familia no pudo hacer nada. Perdieron el expediente para librarse de la culpa.

El Ministerio de Salud está preocupado, pero atribuye todo a negligencia médica, porque supuestamente no han cambiado las reglas de atención.

Las organizaciones feministas están documentando estos casos y están esperando la decisión de la CSJ y de la Asamblea Nacional. Una vez agotadas todas las instancias en el país, presentarán los casos a la Corte Interamericana de Justicia y otras instancias internacionales.