Ya hemos escrito en varias ocasiones que algo de lo más relevante de la joven “ciencia política” mexicana -como ciencia y como disciplina social- es habernos permitido entender que desde la formulación de una ley o serie de ordenamientos legales se puede “influir” en los resultados electorales. ¿Qué quiere decir eso? Algo sencillo. Quiere decir que sin hacer trampa o faltar aparentemente al “espíritu democrático” se pueden obtener resultados previsibles, predictibles o anticipados con lo cual, lamentablemente, la democracia ya no podría ser cierta al estar predeterminada.

 

Hemos escrito y recordado que fue el doctor Maurice Duverger quien sostuvo, hace bastante tiempo, en la conocida “primera ley Duverger” que “los sistemas electorales de mayoría simple, de pluralidad, conducen a sistemas bipartidarios”; asimismo, en la llamada “segunda ley Duverger” se afirma categóricamente que “la representación proporcional lleva al multipartidismo”, aunque en la misma no se define claramente al multipartidismo y, entre otros temas fundamentales, no tiene en cuenta los efectos del mecanismo de la doble vuelta. Por su parte Giovanni Sartori, en las llamadas leyes tendenciales afirma que: 1. Los sistemas plurales, de mayoría simple, constituyen condiciones que facilitan la existencia de un formato bipartidario (caso estadounidense e inglés) y, por el contrario, son una condición obstructiva para la existencia de sistemas multipartidarios; 2. Los sistemas de representación proporcional facilitan el multipartidismo (caso italiano y en un tiempo el francés) y por el contrario, difícilmente conducen al bipartidismo. Como se puede apreciar de la última expresión, Sartori reitera las formulaciones de Duverger con un lenguaje más “sofisticado” y apoyado en mayores experiencias actuales si consideramos que la opinión de Duverger se remonta a una presentación “científica” de los años cincuenta (siglo XX).

 

Visto lo anterior, nos parece importante analizar el contenido de la reciente iniciativa política presidencial con un enfoque científico, razonable y sin apasionamientos, toda vez que incluye, entre otras, la elección y reelección consecutiva hasta por 12 años de jefes delegacionales del Distrito Federal, alcaldes y legisladores federales; reducción de los integrantes del Congreso recortando las bancadas de diputados de 500 a 400 y las de senadores de 128 a 96; aumentar el porcentaje de votos mínimos obtenidos por un partido político para mantener su registro ante el IFE y recibir financiamiento del Estado al incrementarse del 2 al 4 %; segunda vuelta electoral para la elección presidencial en caso de que ningún partido y su candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos y donde la segunda vuelta sería sólo entre los dos candidatos con mayor porcentaje de votos.

 

Efectivamente, la propuesta presidencial disminuye de 500 a 400 el número de diputados y de 128 a 96 el de senadores. Hasta ahí todo parece bueno y positivo para la ciudadanía, hasta desinteresado; sin embargo, la propuesta cambiaría la actual proporción 60%-40% entre curules de mayoría y de representación proporcional, respectivamente, lo cual genera como resultado la integración de una cámara de diputados pluripartidista. La propuesta es que ahora fueran 300 de mayoría y sólo 100 de representación proporcional, plurinominales. Una nueva relación de 75% de mayoría relativa frente a 25% de representación proporcional tendería hacia el bipartidismo cameral y, posteriormente, por la nueva aprobación de leyes, al bipartidismo de todo el país.

 

En el caso del Senado la propuesta apunta a que la proporción 50% senadores de mayoría frente 50% de senadores de representación proporcional pase a otra de 75% de senadores de mayoría frente a 25% de senadores de representación proporcional eliminando los senadores de lista nacional que no hacen campaña y llegan por el porcentaje de votos que obtienen sus partidos, no los candidatos. De lo anterior podemos afirmar que si se aprueba la propuesta presidencial veríamos en el futuro inmediato a dos fuerzas políticas predominantes en la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como en la lucha por el poder del país: un bipartidismo por decreto. En un escenario así no desaparecerían todos los partidos pequeños, por lo menos de forma inmediata y a pesar de que se incrementara el porcentaje de votación para mantener el registro ante el IFE, pero, sólo unos cuantos candidatos a diputados y Senadores de partidos pequeños podrían asumir la representación popular y pasarían a ser una pequeña minoría en la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la Unión y, por lo tanto de la forma y tipo de leyes que se aprueben en el futuro no muy lejano. ¿Eso queremos todos los mexicanos?

 

Las nuevas reglas electorales irían llevando a la lucha por el poder a un escenario entre dos fuerzas (polarización de la elección) que podría terminar beneficiando al partido gobernante si se aprobara la segunda vuelta electoral para la próxima elección de 2012. Es evidente que en un escenario así el partido del gobierno estaría preparando el escenario para mantenerse en el poder otros seis años o todo el tiempo que le fuera posible. Así, no importaría cuántos años lleva en campaña un aspirante presidencial u otro, habiendo violado o no la ley. En este escenario bastaría con que se fije como regla electoral que nadie puede asumir el poder si no llega con el 51 o 60% de los votos válidos emitidos para tener motivos y fundamentos que permitan convocar a una segunda vuelta electoral de la elección presidencial. En este escenario, la polarización artificial de la contienda electoral se convertiría en condición sine qua non para que una fuerza que no alcanzó a rebasar a sus adversarios en la primera vuelta se pueda ver favorecida en el segundo intento pero ya con el apoyo de “la inconformidad” de todos aquellos que no estaban con el candidato más aventajado. Con este nuevo ejemplo es más que innegable que desde la elaboración de la ley se puede “influir” en los resultados ¿Y usted, cómo la ve?

 

- Francisco Velasco Zapata es Politólogo. Miembro del Consejo Nacional de Operación de Parlamento Ciudadano de México.