El problema de las redes de informantes no es de eficacia, sino de democracia

Alfredo Jaramillo

01/02/2010

Opinión

^-A ⁺A

Una gran polémica se ha desatado en el país por la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez de vincular a mil jóvenes estudiantes a redes de informantes para combatir el número creciente de homicidios y otras modalidades delictivas que han aumentado en Medellín en los últimos dos años.

El debate se ha referido en una buena parte al asunto de si esta es una medida eficaz para luchar contra las estructuras criminales que asolan a Medellín y que han incidido en el aumento de acciones como los homicidios, el desplazamiento intraurbano y el confinamiento de poblaciones que por vivir en territorios objeto de disputa, son víctimas de diversas modalidades de afectación.

No obstante, es necesario advertir que las principales razones que hacen de esta propuesta una iniciativa peligrosa, no es por que sea una propuesta ineficaz o que es difícil de implementar, sino porque al igual que toda la estructura esencial de la llamada Seguridad Democrática, está basada en principios contrarios a la plena vigencia de los derechos humanos.

Desde 1995 que Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, se puso en práctica un modelo de seguridad pública basado en la privatización y la acción mercenaria, para lo cual el instrumento principal de acción fueron las denominadas Cooperativas de Seguridad CONVIVIR, las cuales vincularon a civiles a actividades en principio de vigilancia, las cuales gradualmente se fueron extendiendo a la lucha contra aquellas personas que se consideraban indeseables, tanto por sus hábitos y costumbres, como por su condición social y política: indigentes, drogadictos, pequeños delincuentes, activistas políticos de izquierda, integrantes de organismos no gubernamentales, defensores de derechos humanos, líderes sociales, etc.

Así, de un proyecto basado inicialmente de manera retórica en la justificación de la autodefensa y la vigilancia comunitaria se pasó en la práctica al desarrollo de un complejo modelo de acción contrainsurgente, en la cual estos grupos armados ilegales se convirtieron en los embriones y aliados del accionar paramilitar, por medio de los cuales se concretó la estrategia de guerra sucia, de control poblacional, de captura del Estado, en últimas, la contrarreforma integral que se ha desarrollado en el país liderada por las elites narcoterratenientes en alianza con sectores industriales y comerciales que han visto en el proyecto constitucional de 1991 una amenaza a su poder.

Este proceso llega a su punto máximo de poder con el triunfo del presidente Uribe en las elecciones de 2002, y con la implementación a nivel nacional del modelo de Seguridad Democrática, el cual está basado en la vinculación activa de civiles a diferentes modalidades de acción violenta y de control de la población, para lo cual han sido fundamentales las redes de informantes, puestas en funcionamiento desde el 7 de agosto de 2002, día de la posesión presidencial, y que han sido utilizadas para el control de carreteras, predios rurales y en los últimos años cada vez más, en las principales ciudades colombianas.

Incluso, en Medellín las autoridades han reconocido la actuación de informantes como uno de los elementos centrales de la estrategia contra grupos de milicias en el período 2002 – 2004 que permitió la entronización de los paramilitares en vastos sectores de la ciudad. Así mismo, para la gran mayoría de los habitantes de la ciudad, es conocido el control que hacen las Convivir en los principales lugares públicos, como parques y plazas, en los que se puede observar el patrullaje de individuos dotados de radios de comunicaciones y que cuando es necesario, enseñan armas de fuego para intimidar a todo aquel que desconozca sus órdenes. (wwwrabodeaji.blogspot.com/2010/01/una-pequena-historia-local.html )

El problema de la vinculación de civiles a la guerra no es un asunto de eficacia, sino que es una acción que claramente va en contravía del derecho internacional humanitario, y en particular de uno de los asuntos centrales como es el principio de distinción, que separa claramente a los civiles de los militares. Más allá de la discusión de si en Colombia y en particular en Medellín hay un conflicto armado o no, de su carácter político y de sus dinámicas y prácticas, entregar la responsabilidad de acciones de seguridad a particulares para que delaten y señalen a otras personas a cambio de una remuneración, es un mecanismo que ha generado graves violaciones a los derechos humanos y desde el 2002 esta política de Estado ha generado miles de detenciones ilegales, de desapariciones forzadas, de torturas y de ejecuciones extrajudiciales, crímenes que no son casos aislados ni asuntos menores sino un componente estructural del modelo de seguridad democrática del Uribismo y sus aliados.

Este tipo de prácticas más allá de la lucha contra factores de violencia, lo que buscan es la generación de una sociedad totalitaria en la que el miedo, la vigilancia y la desconfianza reemplazan a la solidaridad y la cooperación como elementos de construcción social. Este tipo de modelos de control social, como los implementados en la Alemania Nazi, en la Rusia Estalinista y en otras experiencias totalitarias están basados en el poder del miedo como mecanismo por excelencia para mantener sojuzgada a la población y tienen la ventaja de que siempre pueden ser presentados como formas de co-responsabilidad en el manejo del orden público y la seguridad ciudadana, como expresiones libres y voluntarias de los ciudadanos de ¨bien¨.

El caso de la Universidad de Antioquia

En Medellín existe un antecedente que puede servir para ilustrar el enorme peligro que supone la vinculación de civiles a actividades de inteligencia y de control social, y es el constituido por un reconocido par de hermanos, estudiantes de la Universidad de Antioquia y ahora de la Universidad Nacional seccional Medellín, quienes con el argumento de que su hermano mayor fue asesinado por las FARC, han estado dedicados a perseguir y hostigar a los activistas estudiantiles de la Universidad de Antioquia desde el 2003.

Para su accionar se han valido de la protección que les confiere su condición de informantes al servicio de la Red de Inteligencia Militar RIME de la Cuarta Brigada de Medellín, y gracias a ello han efectuado acciones como golpizas, amenazas e intimidaciones contra estudiantes, trabajadores, profesores y pensionados.

Así mismo, han servido como testigos fletados al servicio de la inteligencia militar en varios montajes judiciales, como lo que ocurrió con la retención ilegal de los integrantes del Grupos Musical Pasajeros en el 2004, acusados por la Policía de ser parte del Ejército de Liberación Nacional, y quienes luego de ser declarados inocentes debieron asilarse por las amenazas recibidas.

Lo mismo ocurrió en el proceso contra líderes estudiantiles de la Universidad de Antioquia en la denominada Operación Algebra Dos, adelantada en el mes de mayo de 2005 y donde luego de presentar a 14 líderes de la Universidad de Antioquia como integrantes de grupos insurgentes, el proceso terminó con la preclusión por falta de pruebas. En ambos procesos una buena parte de las pruebas provenían de los testimonios de estos informantes.

En una de sus últimas actuaciones conocidas, se ha abierto desde comienzos del año 2009 una investigación por parte de la Fiscalía 74 delegada ante la Cuarta Brigada por la presunta pertenencia a las FARC, contra integrantes de varias organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, proceso en el cual se ha presentado la captura en junio de 2009 del defensor de derechos humanos perteneciente a la Fundación Sumapaz, Winston Gallego Pamplona. Algunas de las pruebas aportadas por la Regional de Inteligencia Militar RIME son testimonios de los referenciados hermanos, uno de los cuales para hacer más creíble su declaración, ha sido presentado como desmovilizado del Ejército Popular de Liberación EPL, guerrilla que en su gran mayoría se desmovilizó en 1990 y que en la práctica se encuentra desestructurada desde hace varios años.

Casos como estos indican cuál es la utilidad de las redes de informantes, y como más que una estrategia de lucha contra la delincuencia, son un mecanismo para desarrollar prácticas ilegales de control social promoviendo la desconfianza, el chantaje y la intimidación, en este caso, al interior de los establecimientos educativos, al tiempo que se convierte en una forma ilegal de vigilancia en uno de los pocos lugares donde se trata de mantener el pensamiento crítico alternativo al embrujo autoritario que ha vivido el país durante los últimos años.

Oponerse a la ampliación de las redes de informantes en Medellín es, más que una discusión de forma, una manera de confrontar la militarización de la vida cotidiana y la creciente profundización de un modelo totalitario de sociedad como el que el Uribismo y sus aliados representan.

Medellín, enero 29 de 2010

- Alfredo Jaramillo es Analista Político

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 192

Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/es/active/35876