Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, en el primer semestre de 2009 fueron asesinadas 889 personas en la ciudad, lo que significa 410 casos más que en el mismo período de 2008, con lo que se configura un incremento del 85.6%, elevando la tasa de homicidios a 38.4 por cada cien mil habitantes.

 

De estos 889 homicidios, 754 se cometieron con arma de fuego, el 63% afectaron a menores de 30 años; según el sexo, murieron 842 hombres y 47 mujeres y las principales comunas afectadas fueron: Aranjuez (93), San Javier (91), Candelaria (89), Doce de Octubre (84), Robledo (78) y Manrique (77), que aportan el 58% del total de la ciudad.

 

A estas escalofriantes cifras, se suma que cada día crece el número de denuncias en torno al accionar criminal de decenas de grupos armados que imponen sus leyes en los territorios bajo su dominio, amedrentando, asesinando, desplazando y estableciendo todo tipo de controles ilegales, para lo cual se valen de la capacidad de intimidación que poseen gracias a que cuentan con armas de fuego, muchas de ellas fusiles y ametralladoras.

 

En el último mes, tres jóvenes estudiantes de bachillerato han sido asesinados en cercanías de sus establecimientos educativos, al salir o entrar a estudiar y según los vecinos estas muertes son una manifestación de las graves prohibiciones establecidas en los barrios por parte de los grupos armados, mediante las cuales se regula de manera ilegal la libertad de locomoción de la ciudadanía.

 

Como si todo este panorama fuese poco preocupante, la semana pasada un grupo armado que opera en el nororiente de Medellín conocido como “Los Triana”, luego de la muerte por enfermedad de uno de sus cabecillas, estableció un duelo forzado en una buena parte del nororiente de la ciudad, comunas 2 y 3, dio la orden de cerrar el comercio y los establecimientos educativos del sector, paralizó el transporte público e incluso trató de afectar la línea de Metrocable que atraviesa la zona de control ilegal, además, en horas de la noche, decenas de vehículos ocupados por jóvenes armados, recorrieron la zona haciendo disparos al aire y para más demostración de poderío, al día siguiente una nutrida caravana de sujetos armados, muchos de ellos portando armamento de largo alcance, recorrió el nororiente de Medellín y el Municipio de Bello, con el féretro de su líder, desafiando de manera ostensible la capacidad del Estado local como soberano indiscutido.

 

La caravana de Los Triana, es el mejor ejemplo de lo que ha pasado en la ciudad con los grupos armados en los últimos años. Esta Banda es una de las agrupaciones criminales más emblemáticas de Medellín, pues es un buen ejemplo de las mutaciones y acomodamientos que ha hecho la criminalidad de la ciudad para acomodarse a los cambios del contexto. Esta agrupación criminal surgió en algunos barrios del nororiente a mediados de la década de los ochenta, en el marco de la expansión de los grupos armados al servicio del Cartel de Medellín. Posteriormente consolidó su dominio territorial y se convirtió en una de las principales bandas que vendía sus servicios a los grupos de narcotraficantes de Medellín, luego se enfrentó al Bloque Metro en 1998, se alió en el 2001 con la Oficina de Envigado para Crear el Bloque Cacique Nutibara y posteriormente, varios de sus integrantes se desmovilizaron con el Bloque Héroes de Granada el 1 de agosto del 2005. Así mismo, crearon organizaciones sociales de fachada para asumir una supuesta labor social y política, mientras mantenían sus actividades criminales al igual que la mayoría de los grupos delincuenciales de la ciudad inmersos en el proceso de desmovilización, llegando al punto de hacer actos públicos de devolución de viviendas despojadas de manera ilegal, para lo cual contaron con la presencia del Vicepresidente Francisco Santos en marzo del 2005, quien se refirió a este proceso como “modelo de reconciliación para el país”.

 

La actual escalada de violencia que se presenta en Medellín, evidentemente es el fruto en lo esencial del proceso de reorganización del mundo criminal, como consecuencia de la pérdida del poder hegemónico de la Oficina de Envigado por cuenta de la extradición de alias Berna. No obstante, es indiscutible que otros factores han contribuido a la actual situación de violencia y miedo, y de la capacidad de identificar los problemas, depende en buena medida el éxito de las soluciones.

 

En Medellín han operado por años una enorme cantidad de grupos criminales dedicados a labores delincuenciales, grupos que en lo fundamental se han mantenido durante los últimos 25 años, los cuales se dividen en unas cuantas grandes oficinas del narcotráfico, decenas de Bandas delincuenciales con gran capacidad operativa y una gran cantidad de combos armados dedicados a la delincuencia común, a labores menores de narcotráfico y al control territorial. Estos grupos, especialmente los últimos, han desarrollado aprendizajes en torno a los mecanismos más eficaces para incrementar sus ganancias, de tal manera que como muchos de ellos poseen una clara base territorial, en estos lugares actúan como microestados, puesto que además de las labores criminales, son los garantes de la seguridad, desarrollan labores de control a la convivencia ciudadana, dirimen conflictos y son intermediarios entre el Estado y la sociedad. Esto ha generado que al lado de las rentas por el desarrollo de las actividades criminales y de negocios lícitos, extraigan recursos de procesos de contratación con el Estado, y mediante la extorsión a contratistas que desarrollan obras públicas en sus territorios.

 

Ante esta situación, en la ciudad se ha desarrollado un orden social mixto, en el que se combinan la legalidad y la ilegalidad, cuya composición varía en algunos momentos con una mayor representación de la legalidad y en otras ocasiones, con un mayor peso de la ilegalidad, dependiendo del desarrollo de la contradicción entre el Estado y los grupos armados. Genéricamente se podría identificar que entre el año 1999 y el 2003, predominó la alianza entre el Estado y los paramilitares en contra de las milicias insurgentes, mientras en el período 2004-2007 se dio una cierta convivencia no antagónica entre el Estado y los paramilitares, desmovilizados o no, mientras que del 2008 en adelante ha predominado la confrontación.

 

A esta situación ha contribuido de manera significativa la actitud de las instituciones estatales hacia los grupos armados ilegales, que en muchos casos se orienta hacia el pragmatismo sea por incapacidad o por corrupción. Por ejemplo en la ciudad se ha desarrollado durante años un enfoque de política pública que ha fortalecido la capacidad de daño de las agrupaciones armadas, dado que se ha impuesto como criterio que a los grupos armados más que combatirlos, lo que hay que hacer es atraerlos a la legalidad, y para ello se han destinado ingentes cantidades de recursos públicos, mediante estrategias como los Pactos de Convivencia impulsados desde 1993 hasta el 2000, luego con Programas como Compro la Guerra 2001-2003, y desde 2004 a través del programa de Paz y Reconciliación, sumado al hoy llamado “Medellín Fuerza Joven por la Convivencia”, antes “Jóvenes en Alto Riesgo”.

 

En todos estos Programas, si bien es cierto se pueden mostrar resultados exitosos sobre la reinserción de algunos de sus destinatarios, en general se identifica su fracaso en el desmonte de las estructuras criminales que los sostienen. Con el agravante de que en muchas ocasiones, no sólo han servido como caja menor para el fortalecimiento de la actividad criminal, sino que al tiempo, han permitido la consolidación de liderazgos criminales presentados como líderes sociales y han lanzado el nocivo mensaje de que en Medellín es mucho más rentable ser peligroso que ser un simple ciudadano que no tiene capacidad para intimidar a sus vecinos.

 

De la misma manera, en muchos territorios, para la población es evidente la convivencia entre autoridades de Policía, de justicia y administrativas con los líderes e integrantes de los grupos armados ilegales, lo que en la práctica ha significado la delegación a estos grupos armados por parte de algunos funcionarios públicos, el mantenimiento del orden social.

 

El reto hoy para la ciudad es cómo construir una sociedad sin la influencia de las mafias de todo tipo, y especialmente como fortalecer una institucionalidad y una sociedad democráticas. Para ello, se requiere un gran pacto ciudadano Estado – Sociedad, basado en acciones de choque junto a estrategias de mediano y largo plazo, con el fin de erradicar de manera permanente esta ingerencia que ha devenido en la construcción de una sociedad y una institucionalidad con signos evidentes de cooptación y cultura mafiosas.

 

- Alfredo Jaramillo es Analista político