El pasado 29 de octubre, las Fuerzas Militares colombianas llamaron a calificar servicios a tres Generales, 11 Coroneles, tres Mayores, un Capitán y un Teniente, así como a seis Suboficiales, por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato de 11 jóvenes en Soacha, Cundinamarca. Posteriormente, el 4 de noviembre el comandante del Ejército, general, Mario Montoya dejó su cargo como consecuencia de las presiones ejercidas desde diferentes sectores sociales, políticos y de opinión que consideraban insostenible su presencia luego de revelarse que el escándalo de los mal llamados “falsos positivos”, iba adquiriendo dimensiones colosales, pues se conoció que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría llevan a cabo investigaciones por más de 1.000 casos de ejecuciones extrajudiciales en las cuales se encuentran comprometidos de manera directa integrantes de la fuerza pública colombiana, en especial del Ejército.

Para tratar de conjurar la crisis de imagen, el presidente, Uribe Vélez, nombró como nuevo comandante del Ejército al general, Óscar González Peña, quien se desempeñó como comandante de la IV Brigada y de la Séptima División, ambas guarniciones militares con sede en Medellín entre diciembre de 2003 y octubre de 2006, período en el cual se reportaron numerosas ejecuciones extrajudiciales en este Departamento, y no deja de ser llamativo que incluso el general González mientras se desempeñó como comandante de la IV Brigada, fuese felicitado y condecorado por sus resultados operacionales, es decir, por la cantidad de supuestas bajas ocasionadas al enemigo, en especial en el oriente antioqueño.

Según investigaciones de organizaciones no gubernamentales, como la recientemente dada a conocer por el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Departamento de Antioquia ocupa un vergonzoso segundo lugar en materia de ejecuciones extrajudiciales en el período comprendido entre enero 1 de 2007 y el 30 de junio de 2008, superado solamente por Norte de Santander. En efecto, en Antioquia se presentaron 56 casos en 2007 y 9 en 2008, para un total de 65 que constituyen el 12% de los casos del país en el período citado.

Esta situación no es nueva en Antioquia, puesto que en un informe especial elaborado en 2007 por la Corporación Jurídica Libertad sobre ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño, se tenían documentados 74 casos con 110 víctimas, al tiempo que se llamaba la atención sobre las altas cifras de resultados operacionales de la fuerza pública en todo el Departamento en materia de bajas de delincuentes, en muchos de los cuales se podía sospechar que se repetía el patrón criminal y de impunidad documentado para la región del oriente, pero que dadas las limitaciones para adelantar las investigaciones pertinentes, no se podía establecer con claridad, las circunstancias de estas supuestas bajas en combate. Coincidencialmente, durante el período en que se produjeron estos crímenes, el general Sánchez, se desempeñaba primero como Comandante de la IV Brigada entre el 15 diciembre de 2003 y julio 16 de 2005, y posteriormente como director de la Séptima División, donde estuvo entre el 16 agosto de 2005 y el 17 octubre de 2006.

En la mayoría de los casos denunciados en Antioquia, se puede identificar que se busca presentar a personas civiles como guerrilleros dados de baja en combate, y para justificar tales acciones, se les uniforma y se les coloca material de guerra “sembrado” luego de ser asesinados, material denominado coloquialmente por los integrantes de la fuerza pública como el “kit” de legalización. Así mismo, con el fin de mantener un patrón de impunidad, en todos los casos la Justicia Penal Militar aboca la investigación, obstaculizando la acción de la justicia ordinaria, lo cual es aún más grave si se considera que son los mismos integrantes de la fuerza pública quienes realizan las diligencias de levantamiento de los cadáveres por razones “supuestas” de seguridad, al tiempo que son quienes adelantan las labores iniciales de investigación, que se constituyen en la base probatoria de las posteriores investigaciones disciplinarias y penales, con lo cual se cierra el círculo de la impunidad deliberada.

A pesar de este cerco a la verdad, lentamente se comienzan a conocer las verdaderas situaciones de las ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, el pasado 17 de septiembre de 2007, se conoció que un Suboficial y cuatro soldados activos fueron condenados por el Juzgado Penal del Circuito de Marinilla, en el departamento de Antioquia, por el asesinato de un campesino en el oriente antioqueño. Se trata del cabo segundo, Dairo Francisco Mendoza Torres, quien fue condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida, y los soldados, Jhon Jairo Cuervo Rodríguez y Jhonatan Ortiz Suaza, sentenciados a 16 años y ocho meses de prisión. Por el mismo delito ya había sido condenado a 12 años de prisión, el soldado, Diego Léon Botero Murillo. Los hechos investigados ocurrieron el 10 de abril del año 2004, en la vereda la Hondita del municipio de El Peñol (Antioquia), cuando la patrulla militar reportó como muerto en combate a José Valencia Morales, presunto guerrillero del ELN. Junto al cadáver fueron halladas una escopeta y dos granadas de fragmentación. Los familiares de la víctima aseguraron a los investigadores que el labriego, quien sufría leve retardo mental, desapareció el día anterior cuando salió de misa. Uno de los militares confesó a la Fiscalía que varios uniformados recolectaron dinero para comprar la escopeta, simular un positivo y obtener cuatro días de licencia.

Casos como este se repite de manera escalofriante por todo el Departamento de Antioquia, sin que el alto mando militar hubiera tomado medidas conducentes a investigar las conductas denunciadas, sancionar a los responsables y prevenir que nuevos casos sucedieran. La situación llegó a tal nivel que en su informe de 2004, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales y se refirió a la IV Brigada del Ejército, en esa época comandada por González Peña, como la guarnición militar donde se habían incrementado las denuncias en contra de algunos de sus miembros, al parecer responsables de esas muertes de civiles. Posteriormente en su informe sobre la situación en 2006, La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que: “El derecho a la vida se vio afectado por la persistencia de homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos a miembros de la fuerza pública, en particular del Ejército, habiendo observado la Oficina en Colombia un incremento en el número de quejas recibidas con respecto a 2005. Estas conductas se registraron en 21 departamentos, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. En muchos de los casos reportados se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar. Además, investigaciones de la Fiscalía establecieron que muertes inicialmente presentadas como “errores” o “consecuencias de fuego amigo”, también se produjeron por ejecución extrajudicial. Hay que resaltar que esta gravísima violación de los derechos humanos no está circunscrita a una sola unidad militar pues afecta a distintas unidades distribuidas en gran parte del territorio nacional, lo que exige la adopción de medidas de alcance general. Por su magnitud y extensión territorial, los homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados, sino conductas que tienden a generalizarse”.

Durante años, estos crímenes han contado con el beneplácito institucional, como se evidencia con la autorización que dio el Presidente de la República a este tipo de acciones. Al referirse al tema de las ejecuciones extrajudiciales en Cocorná, Antioquia, el presidente Álvaro Uribe Vélez, dijo el 24 de octubre de 2007, que: “Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja alguno, salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina, que en lugar de darles de baja los asesinaron fuera de combate”. En esa ocasión el mandatario nacional advirtió sobre la necesidad de ilustrar de manera rigurosa todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, “para mostrar ante los fiscales, ante la justicia nacional, ante los críticos internacionales, cómo estos bandidos ahora andan de civil en una ‘operación pistola’, y cuando se les da de baja, sus compinches alegan que fueron dados de baja por fuera de combate. Vamos a ilustrar bien el caso, vamos a formar bien el caso, con todas las evidencias, para avanzar en la defensa de nuestros soldados y policías”.

En el mismo sentido, se pronunció el hoy flamante comandante del Ejército, general, Oscar González Peña, quien el 11 de mayo de 2006 al ser preguntado por el diario El Tiempo sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales en su jurisdicción respondió: El terrorismo le declaró la guerra al Estado en dos vías: “la armada y la político-jurídica. Tras cada operación exitosa, las organizaciones proclives a la subversión, o ella misma, comienzan a denunciar”. Y al ser interrogado sobre por qué las mejores unidades de su jurisdicción son las más denunciadas por el record negativo en materia de ejecuciones extrajudiciales dijo que: “Las denuncias son directamente proporcionales al éxito de las unidades. Es la forma que tienen algunos simpatizantes de la subversión de parar las operaciones. Absolutamente ninguna de esas denuncias está comprobada”. Por esto, colocar al general González a la cabeza de una política de reorientación del Ejército en materia de derechos humanos es una medida que más allá del efecto mediático constituye un exabrupto, pues en la práctica es premiar a uno de los principales responsables de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad en Colombia.

- Alfredo Jaramillo es Analista político

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org