El próximo año será un momento decisivo en el desarrollo de la coyuntura política que ha caracterizado todo el año 2008, pues durante este primer año de gobierno de Alonso Salazar Jaramillo se ha puesto en evidencia que en la ciudad existen sectores sociales interesados en generar una crisis de gobernabilidad, que termine en una propuesta de revocatoria del mandato y en la elección de un representante de grupos de poder que no se sienten satisfechos con la gestión de la actual Administración Municipal.

El problema es que un fenómeno de este tipo, que debiera estar en el campo de la disputa política y social entre proyectos políticos de sociedad divergentes, está cruzado por la penetración de grupos de poder ilegales, especialmente vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo paisa, quienes han hecho uso de todo tipo de estrategias para socavar la gobernabilidad y precipitar la caída del actual mandatario, como queda reflejado en la captura de Guillermo León Valencia Cossio, ex director seccional de Fiscalías de Medellín, la destitución de Marco Antonio Pedreros, ex Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá y la renuncia de Gustavo Villegas, encargado durante este año de la organización de los juegos de ODESUR Medellín 2010, pero quien había sido director del Programa de Paz y Reconciliación (2004-2006) y Secretario de Gobierno de la Administración Fajardo en el año 2007, cargo en el que reemplazó al actual alcalde Alonso Salazar. Todas estas personas fueron vinculadas sea con las estructuras narcoparamilitares de alias Don Mario o de la Oficina de Envigado.

Los hechos conocidos durante el año de enfrentamientos entre la Administración que encabeza Salazar y representantes de estos sectores, expresan las contradicciones entre grupos de poder que han llegado a la Alcaldía en las administraciones de Sergio Fajardo (2004-2007) y Alonso Salazar (2007-2011), y otros grupos que sienten que están siendo marginados de la toma de decisiones en la ciudad, o como se sugiere en algunos análisis, estos grupos consideran que han cambiado las condiciones con las cuales fueron tratados en la administración Fajardo, y por ello no aceptan que Salazar haya cambiado las reglas de juego.

Teniendo como telón de fondo las contradicciones entre estos grupos en el momento actual, se puede identificar que en la actualidad se presenta la confluencia de varios procesos:

1. La crisis en el proceso de desmovilización y la reorganización criminal: desde finales del año pasado se viene presentando un proceso de reorganización de la criminalidad de Medellín, como consecuencia de la pérdida de hegemonía de la Oficina de Envigado, la cual he sido debilitada por hechos como la extradición de alias Berna, las disputas entre sus mandos medios y los enfrentamientos contra otros grupos criminales que le compiten por el control de los negocios ilícitos. Esta situación ha generado una competencia por los recursos criminales, unas de cuyas principales manifestaciones son el asesinato de integrantes de los grupos de desmovilizados, la reactivación de los enfrentamientos territoriales en la ciudad y el consiguiente incremento de los asesinatos, las masacres y los desplazamientos forzados intraurbanos. A esto se añade el reconocimiento público desde la Administración sobre el mantenimiento de acciones criminales por parte de muchos integrantes de los grupos presuntamente desmovilizados y sus cabecillas, así como la decisión de la Alcaldía de poner fin al proceso de desmovilización con la fijación de un plazo para que estas personas se gradúen y pasen de desmovilizados a ciudadanos.

2. Inicio de la campaña electoral presidencial: un elemento que sin duda tiene un peso decisivo en la generación de la crisis de la ciudad es la disputa entre diferentes sectores políticos por posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2010. El ex Alcalde de Medellín Sergio Fajardo es uno de los contendores que ha comenzado su campaña electoral y si bien es cierto no puede ser catalogado exactamente de no uribista, pues en éste como en muchos temas, el candidato Fajardo prefiere no decir claramente lo que piensa si lo es que en algunos sectores del uribismo más extremo se le ve con cierta resistencia y se busca desacreditar la labor de Salazar a quien se le identifica como su sucesor, por lo que una crisis en Medellín tiene un efecto directo sobre las aspiraciones presidenciales de Fajardo.

3. Alonso Salazar ha decidido enfrentar de manera pública a sectores de paramilitares y narcotraficantes que en la ciudad habían sido objeto de un trato privilegiado durante los últimos años y, de alguna manera, representa el hastío con la desfachatez y soberbia de los criminales que vieron en el proceso de desmovilización una oportunidad para lavar sus capitales y su imagen, presentándose como delincuentes políticos, cuando en realidad nunca fueron más que mafiosos y asesinos a sueldo de sectores de poder locales. Las denuncias desde la Alcaldía sobre individuos como Alirio Rendón alias ¨el cebollero¨, Carlos Mario Aguilar alias ¨Rogelio¨, Carlos Arturo Hernández alias ¨jerónimo¨, Antonio López alias ¨job¨ y John William López alias ¨memín¨, entre otros son la expresión de este cambio de actitud.

4. Existe una reacción en contra de la administración Salazar de parte de sectores políticos que por segunda ocasión han perdido en la lucha por la Alcaldía, quienes han visto particularmente afectadas sus ganancias debido al cierre de los flujos de contratación con sus organizaciones y a la interrupción de sus ingresos gracias a la corrupción con que se habían enriquecido por décadas en la ciudad. La principal figura pública de estos sectores es el ex alcalde Luís Pérez Gutiérrez, reconocido por sus presuntos escándalos de corrupción y quien en los últimos meses pareciera haberse convertido de facto en el portavoz de la Corporación Democracia, organización que representa a los desmovilizados de la Oficina de Envigado, varios de cuyos dirigentes han sido asesinados por vendettas del narcotráfico. Este sector lidera una buena parte de las acciones de descrédito que se han emprendido para debilitar a la actual Administración de Medellín.

Pero si bien es cierto existe una evidente acción estratégica para generar una crisis de gobernabilidad en Medellín que derive en una revocatoria del mandato del actual Alcalde o en su separación del cargo y la citación de elecciones anticipadas, no es menos cierto que en muchos temas la Administración Salazar ha actuado de manera errática e incoherente favoreciendo su imagen de ser una administración con ¨rabo de paja¨.

Uno de los asuntos más negativos en este sentido, es lo inexplicable del silencio sobre la reincidencia criminal de cientos de desmovilizados y la actitud pendenciera y autoritaria que se asumió en la anterior Alcaldía por parte de Fajardo y Salazar en contra de quienes levantaron sus voces solitarias para denunciar los problemas del proceso de desmovilización. El principal problema detectado desde noviembre de 2003, es que la presunta desmovilización de la Oficina de Envigado no fue más que una estrategia de reciclaje narco paramilitar, y que su verdadero poder económico, político y social se mantenía incólume.

Más allá de la discusión sobre el origen de los desmovilizados, la cantidad de armas entregadas o su carácter presuntamente contra insurgente, distintas voces se levantaron en Medellín para denunciar que se mantenía una estructura dual en la que un sector hacía el trabajo legal abierto y otro se dedicaba a los negocios ilícitos y a las acciones criminales, todo ello de manera complementaria. Pero esto fue silenciado y negado de manera iracunda por las principales figuras de la Administración Fajardo, quienes combatieron y estigmatizaron estas voces críticas, mientras hacían caso omiso de las cientos de denuncias que se hacían sobre esta situación criminal, aceptada y hasta estimulada por funcionarios públicos y autoridades de Medellín.

La llamada ¨donbernabilidad¨, es la expresión de esta confluencia tácita entre una administración que busca vender la imagen de una ciudad atractiva para el capital, unos funcionarios públicos que prefieren negociar el orden con grupos de poder armados que tienen la posibilidad de imponer su dominio ilegal en el territorio de la ciudad y unos criminales que están haciendo el tránsito a ilustres interlocutores políticos. Este fenómeno, como se advirtió en su momento, no era sostenible y sólo se ha reconocido la Administración de la ciudad cuando ha hecho agua y ha demostrado que los atajos ilegales en la construcción del orden no generan impactos democráticos duraderos sino sociedades secuestradas por el miedo y la capacidad de intimidación. No obstante esto, se debe reconocer que algo se avanzó en Medellín en materia de construir institucionalidad pública democrática, aunque fuera conviviendo con el orden ilegal.

El próximo año Medellín vivirá una exacerbación de esta pugna entre los grupos de poder que se disputan el control político de la ciudad, y será un periodo decisivo para la definición del rumbo en el futuro inmediato, pues se redoblarán los esfuerzos por apartar al alcalde Salazar y convocar a elecciones anticipadas. Si bien es cierto la actual Administración de Medellín en varios asuntos deja mucho que desear, lo que se juega en la ciudad es un pulso entre un incipiente proyecto político democrático limitado y neoliberal, pero democrático al fin y al cabo y un proyecto político narco paramilitar, dado lo cual no queda duda sobre la necesidad de apostarle al fortalecimiento en la ciudad de la institucionalidad pública democrática y cerrarle el camino a quienes desde la criminalidad quieren retomar el control de Medellín. Ojalá la Administración de Medellín le pierda el miedo a movilizar a la ciudadanía en defensa de la institucionalidad democrática, busque alianzas con sectores sociales progresistas y construya una agenda política de democratización de la ciudad, en lugar de buscar la gobernabilidad en el respaldo principalmente del uribismo y el Gobierno de los Estados Unidos como lo ha hecho hasta ahora.

Alfredo Jaramillo

Analista político

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

Corporación Viva la Ciudadanía.

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