La reelección presidencial en Colombia no existía en la Constitución Política de 1991, fue introducida, de manera ilegítima, con el tráfico de influencias y la compra de conciencias mediante el Acto Legislativo Nro. 02 de 2004. La congresista Yidis Medina, entrevistada por el periodista Daniel Coronell (08/08/2004), confirmó que su voto a favor de la reelección fue resultado de una acción torcida y maquiavélica que compromete a altos funcionarios del poder ejecutivo con el delito de cohecho.

La reelección presidencial es hija de la corrupción, es una figura constitucional mal habida, producto de una concepción ilegal, es un engendro constitucional. No sólo fue la congresista Yidis Medina la que recibió promesas burocráticas, fueron muchos los congresistas que accedieron a cuotas diplomáticas a cambio de sus votos a favor de la reelección presidencial inmediata.

El Acto Legislativo de la reelección fue promovido por el presidente Uribe V., que según las encuestas de opinión es el presidente más popular que ha tenido Colombia; la última encuesta habla de un 84% de aceptación.

Pero legitimidad y popularidad no siempre van de la mano. Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, está viviendo hoy las consecuencias de su popular accionar y de los ilícitos resultados de su quehacer presidencial. También Fujimori compró congresistas, también gozó popularidad y ahora preso atiende los llamados de la justicia.

La legitimidad es algo bastante distinto a la popularidad. La legitimidad no se consigue con encuestas contratadas, ni con cargos burocráticos. Se mide por su correspondencia con la ley, su coherencia con la justicia. El molde de un Estado de Derecho es la Constitución y a la Ley.

Cuando el presidente Uribe V. le pide a la Corte Suprema de Justicia objetividad en el desarrollo de las investigaciones por la parapolítica, lo que está haciendo es una intromisión en la justicia, está tratando de desequilibrar a la justicia, está vulnerando el principio de imparcialidad de la justicia y el principio de separación de los poderes. O cuando el Presidente cuestiona la decisión de un juez de tutela que impide la extradición de un paramilitar a EE. UU. (Caso de Carlos Mario Jiménez, alias Macado) está quebrantando el principio de independencia de la justicia. O cuando el Presidente denuncia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia, por injuria y calumnia (18/01/2008) en momentos en que su copartidario y primo el senador Mario Uribe Escobar, es llamado por la Corte Suprema de Justicia, está obstaculizando la justicia y atentando contra su autonomía.

Al lado de la popularidad del presidente Uribe V. está la altísima corrupción e ilegitimidad del Estado Colombiano.

El Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, de Transparencia Internacional, TI, en el año 2007 califica a Colombia con 3.8 y la sitúa a en el puesto 68 entre 177 países en donde Nueva Zelanda ocupa el primer lugar y Myanmar el último.

La revista Foreign Policy y la Fundación para la Paz en su ranquin de Estados fallidos (3ª. versión, 2007) sitúa a Colombia en el puesto 33 entre 177 Estados, en donde Sudan, primer puesto, es el Estado más vulnerable, el Estado más débil y Noruega es el Estado más legítimo. Esta medición se realiza con fundamento en doce indicadores.

Uno de los doce indicadores empleados en la elaboración del ranquin de Estados fallidos es el del desplazamiento forzado en donde Colombia ocupa el segundo lugar después de Sudán (Colombia tiene cuatro millones de desplazados frente a los 5.8 millones de Sudán). Otro de los indicadores es el de deslegitimación del Estado en donde Colombia está en el puesto 46 y otro indicador más es el de derechos humanos en donde Colombia es el 47.

Treinta y dos congresistas en la cárcel por nexos con el narcotráfico y paramilitares, el ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en la cárcel por paramilitarismo (Concierto para delinquir) y centenares de concejales y alcaldes procesados por el mismo delito.

La ilegitimidad es más palpable en el Congreso, pero tiene presencia en muchas instancias del Estado según el testigo estrella de la parapolítica, el ex director de informática del DAS, Rafael García Torres.

El Presidente de Colombia se niega a fortalecer la justicia y por el contrario es motivo de orgullo personal haber extraditado cerca de 600 personas a EE. UU. Exhibe la extradición como una fortaleza cuando la injerencia externa es uno de los indicadores de debilidad. El Presidente tiene una elevada discrecionalidad en esta competencia de extraditar: es así como ha omitido la extradición de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, uno de “los fuertes” y ha sido muy diligente con otros de menor peso o categoría.

Colombia intenta superar todas estas crudas realidades expresadas en oscuros y desalentadores indicadores con la simpatía y aceptación en la opinión pública del presidente Uribe V. Las encuestas y los medios de comunicación trabajan de manera coordinada para destacar los puntos altos de la figura presidencial y ocultar el gobierno pirata.

El Estado de la llamada Seguridad Democrática es el Estado del fin justifica los medios, es el Estado del mal menor, en un Estado lejos del imperio de la ley, es el Estado del caudillo. Como Estado de Derecho es un Estado fallido. El Estado de menos homicidios no es el Estado de más justicia. El Estado de las recompensas no es el Estado en donde los ciudadanos adhieren deliberadamente a la ley. El Estado del Plan Colombia es el Estado que depende de las directrices del gobierno de Washington, ese no es el Estado soberano que predica la Constitución de 1991.

Se acude a la pasión para encubrir la razón y los hechos. “Colombia es pasión” es la plataforma emocional del caudillo que tiene un poncho, alegoría del paramilitarismo, sobre sus hombros y un parche negro en su ojo izquierdo como alegoría de su ilegitimidad.

La tormenta arrecia sobre un gobierno pirata. Por un lado, están agotadas las embajadas y los consulados, y por el otro, el Acuerdo de Santafé de Ralito o Constitución de Paramillo llega a su fin. La Constitución de 1991 —la legítima— resopla con la tutela y las altas Cortes, el maderamen del corsario cruje, y el filibustero prepara su desembarco.

Hoy la independencia de la justicia en Colombia huele a rebelión de las altas Cortes ante la pretensión del ejecutivo de apropiarse de la justicia.


Medellín, 22 de abril de 2008
Día Internacional de la tierra

- Rafael Rincón  es director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus, Medellín- Colombia
http://elyesquero.blogspot.com/