Mientras que la ex representante a la Cámara Yidis Medina “pecó por la paga” —recibió prebendas burocráticas por su voto favorable a la reelección presidencial— y confesó ante la Corte Suprema de Justicia su delito de cohecho, el ex congresista Teodolindo Avendaño manifiesta que él recibió dinero de Yidis Medina pero, dice en su coartada, a título de préstamo para su campaña política.

El senador Teodolindo Avendaño fue quien, extrañamente, se ausentó en el momento de la votación de la reelección presidencial, al parecer comprado por los dineros, las prebendas y las promesas oficiales.

Yidis y Teodolindo hicieron de lo lindo en el 2004 cuando sus humildes votos se volvieron oro y pasaron a ser el botín más preciado del Estado colombiano. Yidis y Teodolindo son el símbolo del acto constituyente del 2004 en el cual un “articulito” de la Constitución fue modificado para dar paso a la reelección inmediata. Una reelección en donde el autor se benefició directamente del cambio de las reglas de juego.

El cohecho parece ser la conducta que simboliza los comportamientos del poder ejecutivo. ¿A qué llama el presidente Uribe V. al Fiscal General de la Nación, o para qué llama al presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Será para que cumplan con su deber o para moverlos a “retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales?

En estos dos casos parece que la Fiscalía General le “copia” a pedazos al presidente Uribe V., pero la Corte Suprema de Justicia no le “copia” al presidente.

El presidente con sus llamadas telefónicas y con sus intervenciones públicas realiza una injerencia indebida en la administración de justicia. Su conducta en estos casos vulnera los principios de independencia e imparcialidad de la justicia. Las altas Cortes ya se han pronunciado frente a estos desafueros del ejecutivo que ya no sólo están en boca del Presidente sino también del Ministro de Interior y de la Justicia.

Ahora que se inicia la investigación por cohecho en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el presidente deberá abstenerse de sus llamadas telefónicas y de los desayunos y almuerzos de trabajo en la Casa de Nariño con los miembros de esta comisión.

El presidente debe contar con todas las garantías constitucionales y legales para su defensa, excepto las garantías y prebendas que da el cohecho para la defensa de los propios intereses.

¿Qué pasaría si al presidente lo investigará la Corte Suprema de Justicia? Sería juzgado con el debido proceso y sin consideraciones a su investidura presidencial, como un ciudadano. No ocurre lo mismo en la Comisión de Acusaciones en donde los jueces naturales, sus congresistas, los congresistas del partido de la U, estarán juzgando a su admirado jefe político.

¿Será que el presidente le va a pedir “objetividad” a sus jueces naturales de la misma manera que lo ha hecho con la Corte Suprema de Justicia desde el momento en que empezaron a procesar a su primo y mentor político Mario Uribe Escobar?

Como están las cosas el Presidente de Colombia no tiene quien lo juzgue: la Corte Suprema de Justicia no es objetiva según el Presidente y la Comisión de Acusaciones está impedida por amistad política.

Es decir, el Presidente es un cuerpo glorioso, está más allá del bien y del mal. Sería bueno reformar un articulito para deshacer semejante entuerto de impunidad.

- Rafael Rincón  es director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus, Medellín- Colombia
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