La extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional entre Estados mediante el cual uno de ellos entrega a otro los presuntos autores de un delito para que sean procesados penalmente. La extradición de nacionales     es excepcional y en la mayoría de los casos es rechazada e impugnada.

En Colombia la extradición de nacionales estuvo prohibida por la Constitución Política de 1991, pero fue revivida en un tratado con EE. UU. para casos de narcotráfico en los cuales fueran requeridos nacionales por la justicia norteamericana y sólo para ser juzgados por los delitos de narcotráfico. Posteriormente la Ley 906 de 2005 dejo la oferta o concesión de la extradición como una competencia facultativa del presidente de la República, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia.

Los gobiernos colombianos anteriores a Uribe V. promovieron una política de extradición en términos excepcionales limitando este mecanismo de cooperación a quienes no se sometieran a la justicia colombiana y aplicada a los irreductibles capos del narcotráfico. Fue un mecanismo excepcional al que se le temía y se le combatía por los grandes capos que llegaron a expresar su preferencia por una tumba en Colombia a una cárcel en EE. UU.

En el Gobierno de la seguridad democrática la extradición perdió su carácter excepcional, debilitó su carácter de cooperación judicial, la facultad discrecional se convirtió en arma política. Cerca de 600 colombianos han sido remitidos a la justicia norteamericana para que sean procesados por narcotráfico, incluidos opositores políticos armados que están relacionados con los “impuestos” al tráfico de drogas.

El Gobierno de Colombia se abstuvo de aplicar esta política a los ex jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y generó una política criminal blanda con la Ley 975 de 2005, que fue ajustada por la Corte Constitucional en lo relacionado con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo.

Los resultados de la no extradición de paramilitares o de su juzgamiento por la Jurisdicción de Paz fueron nulos en términos de sentencias condenatorias. Si hubo posibilidad de hallar un número significativo de fosas comunes, de esclarecer hechos y de obtener versiones que comprometieron a políticos, militares y empresarios con el paramilitarismo y con los crímenes de lesa humanidad como secuestros, homicidios y masacres. Una esperanza mínima surgió.

La política de extradición del Gobierno de Colombia convirtió en excepcional la justicia colombiana, una suerte de justicia suplementaria, una justicia arrinconada. Pareciera que el Gobierno Nacional le diera más importancia al delito de narcotráfico que a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el paramilitarismo. Pareciera que no importaran los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se siente en las extradiciones un afán del ejecutivo por halagar al Gobierno norteamericano.

El Gobierno colombiano no dio prioridad al juzgamiento de los ex comandantes paramilitares ni por la vía de la jurisdicción de Justicia y Paz y menos por la vía de la Jurisdicción Ordinaria. Ninguna de las dos jurisdicciones fueron fortalecidas en la medida en que lo exigía el reto.

La gota que derramó la copa para la extradición de los inamovibles ex jefes paramilitares está relacionada con el enfrentamiento del presidente Uribe V. con las altas cortes y el descubrimiento de nuevos hechos criminales que comprometen a los aliados políticos del Presidente con las violaciones a los derechos humanos (Denuncias de Salvatore Mancuso sobre la participación de las empresas bananeras de Urabá, norte de Antioquia, con el paramilitarismo).

Los inamovibles del paramilitarismo fueron extraditados no por sus fechorías emergentes sino por las necesidades de relegitimación del régimen de Uribe V., la necesidad de una segunda reelección presidencial, la necesidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para deslegitimar a la justicia colombiana y para ocultar la verdad. Estos fueron los altos intereses de la patria determinantes de la súbita extradición en grupo.

La extradición de los inamovibles es el resultado del cálculo político y no de la urgencia e importancia de la verdad. Pareciera que el presidente Uribe V. considerara la verdad como enemiga de la paz, a la justicia como un obstáculo de la seguridad. Como que la verdad no es conveniente. Para la seguridad democrática solo es conveniente una pizca de verdad.

Las causas no expresas de la extradición de los inamovibles a EE. UU. (Reelección, TLC, evadir la justicia colombiana, burlar los derechos de las víctimas, colisión de poderes, fracaso de la Ley 975 de 2005, proteger a los parapolíticos) pusieron de manifiesto las prioridades del Gobierno de Uribe V. Primero, la reelección, lo demás son medios.

¿Por qué el Gobierno de Colombia no le exige resultados a EE. UU. en el control al consumo de drogas?

Si la política antinarcóticos y la guerra contra el terrorismo es un problema internacional por qué Colombia sólo se la exige a Ecuador y Venezuela? ¿Dónde están los resultados del Gobierno Bush? Acaso la demanda de droga —que oxigena ls violencia en Colombia— no es la que determina la oferta de la misma. Son los consumidores estadounidenses responsables de la violencia en Colombia.

Los jueces norteamericanos procesaran en sus respectivas cortes a los ex comandantes paramilitares por los delitos del narcotráfico en los términos del tratado de extradición. Pero, ¿a sabiendas de la existencia de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra juzgaran a los extraditados por estos crímenes? ¿Serán garantes de los derechos de las víctimas?

Parece que no, pero sí lo pueden hacer. Simón Trinidad fue condenado a 60 años de prisión por conspirar para secuestrar a tres norteamericanos y no sólo por el delito de narcotráfico.

La justicia norteamericana es muy distinta de la española o de la justicia belga en donde sí se ha presentado el juzgamiento de extranjeros por crímenes de guerra cometidos en otros países. La justicia norteamericana no se ha globalizado y sólo actúa si están comprometidos sus nacionales.

La seguridad democrática debe sus resultados de menos homicidios a la “desmovilización” de los jefes paramilitares, la extradición de ellos significa la ruptura con ellos, desconocerlos como artífices de la política de seguridad democrática. El presidente quiere poner a prueba su 84% de aceptación, quiere demostrarle al país que será reelecto sin las palancas anteriores.

La segunda reelección será para probar los resultados del método torcido de alianzas oscuras para luchar contra el crimen organizado. Si se mantienen los resultados quedará blanqueado el modelo que emergió de la Constitución de Paramillo, y si no se conserva, Colombia tendrá que cambiar los papeles y no certificar a los EE. UU. por los altos consumos de droga.

La neutralización de los inamovibles del paramilitarismo produjo la reducción de los homicidios en Colombia, éxito proclamado de la seguridad democrática; la extradición de ellos no acabará con el paramilitarismo, ni con la guerrilla ni tampoco acabará con el narcotráfico si el mercado norteamericano continúa impávido.

Medellín, 14 de mayo de 2008

- Rafael Rincón es director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus, Medellín- Colombia
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