¿Qué tienen en común octubre de 1968 y junio del 2021, ad portas de "celebrar" 200 años de Dependencia (más que de Independencia) histórica en el Perú? ¿Por qué octubre de 1968?

Lo que une a un periodo con otro de la historia del país (más de medio siglo) son las crisis permanentes donde se han intercalado la de hegemonía política, la de régimen, de los partidos, la crisis del "modelo" y, finalmente (2021), la crisis del neoliberalismo en el Perú. Cada una de estas crisis carece de solución real en los marcos del actual régimen político y de representación en el Perú, y las elecciones realizadas el 6 de junio (segunda vuelta) para elegir al presidente del Bicentenario tienen todo ese trasfondo. Todas las crisis mencionadas se podrían sintetizar en la crisis del "modelo" de Estado que fue inaugurado con el autogolpe del 5 de abril de 1992 y quedó validado con su correspondiente Constitución (la del 93). El fujimorismo (con o sin los Fujimori)[1] es la expresión de la crisis de los partidos, así como de la política y la consiguiente crisis de representación en el Perú. El periodo abierto con el autogolpe de 1992 y que ocasionó la crisis de los partidos no se ha terminado de cerrar, y por eso -retomando una expresión de Lynch[2]- en el Perú se continúa viviendo y soportando su "tragedia", o su larga e interminable agonía, donde no hay héroes y el escenario político sigue estando copado por villanos.

Del proyecto de Estado corporativo al Estado de las grandes Corporaciones en el Perú

En la madrugada del 3 de octubre de 1968 un grupo de oficiales liderado por el entonces comandante general del ejército y presidente del Comando Conjunto, el General Juan Velasco Alvarado, decidieron resolver la crisis política por la que atravesaba el país mediante un golpe de Estado, defenestrando de Palacio de Gobierno al presidente de aquel momento, Fernando Belaunde Terry, fundador de Acción Popular. La crisis política venía de muy atrás y tenía que ver con el deterioro de la coalición oligárquica en el poder que venía conduciendo las riendas del Estado[3]; deterioro con relación al cual el asunto de la IPC (International Petroleum Company), empresa petrolera norteamericana que tenía a su cargo los campos petroleros de la Brea y Pariñas, en Talara, en el norte del Perú, fue la gota que derramó el vaso.

El propósito político principal del golpe de los militares era conseguir la expulsión del poder estatal de los elementos terratenientes y gamonales de la coalición, que obstruían y bloqueaban cualquier reforma de carácter estructural frente a las transformaciones que venían ocurriendo en el país, entre ellas el crecimiento demográfico, la urbanización acelerada en ciudades de la costa, las migraciones campo-ciudad, el desarrollo urbano-industrial así como las presiones sociales exigiendo empleo, vivienda, educación, servicios, las movilizaciones campesinas de lucha por la tierra; transformaciones que amenazaban con desbordar la capacidad de control del Estado y configuraban por eso un panorama potencialmente explosivo (los precedentes fueron las tomas de tierras en la sierra sur y las guerrillas del 65) que los militares nacionalistas deseaban evitar.

Según Aníbal Quijano, el Estado en América Latina ha tenido dos etapas bien diferenciadas: i) un periodo postcolonial desde los años de independencia política (1808-1826) según los países, que va hasta la segunda guerra mundial; a este periodo de tiempo le correspondió un Estado Nacional-Dependiente;  ii) el periodo comprendido desde la segunda posguerra (1945 en adelante), al que denominó “neocolonialismo” como tendencia central en las nuevas relaciones de dominación, que Quijano detectaba entre América Latina y el imperialismo de la época, generando asimismo como tendencia y debido a ello un Estado Neocolonial en los diferentes países[4].

En el caso del Perú, durante el largo tiempo de dominación oligárquica, el Estado había tenido un contenido y carácter más dependiente que nacional en sus funciones políticas centrales; es decir, en el sentido de “Garantizar la asociación entre la burguesía imperialista y la nativa para la explotación y la dominación de los trabajadores”[5]. Durante ese tiempo tanto la “promesa liberal” como la “promesa republicana”[6] no pasaron de ser eso: simplemente promesas discursivas de las elites que se alternaban en el poder y desde Lima; promesas que les permitían ser elegidos como “representantes del pueblo” para gobernar con relativa paz social ilusionando y manteniendo la lealtad de sus indios, negros, coolíes chinos, así como de la población criolla plebeya, mestiza y de todas las demás tonalidades que pueblan el Perú. Pero cuando había cualquier atisbo de protesta o rebeldía en las haciendas y las provincias, por las muchas injusticia o abusos, los señores les aplicaban a sus trabajadores las leyes de la “horca y el cuchillo”, con total impunidad ya que tenían a su servicio a los juzgados, a la policía y al ejército.

Podría decirse que el proyecto político de los militares peruanos del 68, a diferencia de los  países latinoamericanos más grandes (Argentina, Brasil, México), llegó de manera tardía como para compensar el desbalance debido al mayor peso de las relaciones de dependencia, cuando el neocolonialismo ya estaba en curso[7]. Sin embargo, los militares trataron de imprimirle al Estado peruano una orientación nacionalista sin dejar al mismo tiempo de presentarse como el nuevo garante en las relaciones entre la burguesía local emergente (básicamente limeña), el capital imperialista y los centros de poder mundial liderados ahora por los Estados Unidos.

Los militares peruanos, especialmente en el periodo conocido como la “primera fase” (1968-1975) intentaron cohesionar a una emergente y débil “burguesía nacional” en torno de un proyecto de desarrollo capitalista para el país, pese al eslogan del discurso oficial reiterando “ni capitalismo ni comunismo”; proyecto para el cual los militares reformistas consideraban necesario obtener también la cohesión del conjunto de los trabajadores y de otros sectores (p. ej. pobladores de los pueblos jóvenes) en el marco del modelo ideológico que postulaba la “democracia social de participación plena”, pero que en términos políticos implicaba ejercer el control de las demandas sociales y de los sectores populares en general, buscando evitar también que se autonomicen del tutelaje gubernamental. En esto consistió, grosso modo, el proyecto corporativo de los militares reformistas[8], el cual quedó truncado con la salida del General Velasco en agosto de 1975 debido al golpe del Gral. Morales Bermúdez.

Agosto de 1975 fue entonces el inicio de un largo y agónico periodo de desmontaje de las reformas velasquistas y de liberalización económica, que se profundizaron en los noventa con el ingeniero Fujimori en la presidencia y su círculo de poder[9]. El llamado “retorno a la comunidad financiera internacional”, retorno emprendido en su primer gobierno (1990-1992), significó la redefinición de la inserción subordinada y dependiente del Perú en el nuevo escenario mundial de la globalización capitalista; globalización que desde mediados de los setentas pasó a ser implantada y gestionada en los diferentes países a través de la conducción neoliberal de las economías y el establecimiento de un “consenso” (un conjunto de recomendaciones de manejo macroeconómico que se volvieron sentido común) para los países de la periferia del sistema; consenso que llevado a la práctica en países como el Perú condujo a procesos de concentración del ingreso así como de desigualdad e inequidad distributiva, dadas las condiciones estructurales de partida en que las políticas de dicho consenso fueron realizadas. Los grandes beneficiarios de estas políticas fueron y siguen siendo los capitales internacionales, las grandes corporaciones, los monopolios y oligopolios, los grandes bancos y las “altas finanzas”.

En la década de los noventa, la "guerra interna" desatada por la demencia ideológica de "Sendero Luminoso", que en realidad venía desde los ochenta, fue aprovechada políticamente por el Fujimorismo, las FFAA, los servicios de inteligencia y el poder económico, para justificar y afrontar con políticas de shock la crisis fiscal y la hiperinflación. La "guerra interna" que confluyó con la crisis fiscal del Estado y la hiperinflación formaron entonces la tormenta perfecta para el inicio del despliegue neoliberal, desde los noventa, en el Perú. Tal como aconteció con muchos otros países (Chile, el país vecino del sur, fue convertido en “modelo” y paradigma). Desde aquella época la "nueva normalidad" implantada por el neoliberalismo implicó que la vida individual y social, así como los proyectos de vida, pasaron a ser gobernados por el comportamiento de los mercados, el dinero, las inversiones y el "crecimiento económico"; este último pasó a ser el Sanctum sanctorum de la nueva religión economicista, en nombre de la cual se sacrificaba y justificaba todo (incluso los negocios en las sombras del ex asesor presidencial Montesinos y su red mafiosa). Es decir, se hizo en poco tiempo lo que no pudo hacerse en años ni décadas previas: reducir  el tamaño del Estado liquidando empresas públicas y despidiendo gente. Lo mejor que se les ocurrió a los neoliberales criollos para justificar la privatización de empresas públicas fue descapitalizarlas, volverlas "ineficientes", negar la posibilidad de hacer una reingeniería social para que fuera gestionada por sus trabajadores. Lo que hicieron en cambio con toda la economía peruana fue una reingeniería a favor del gran capital (la esencia del nuevo "modelo económico"), convenientemente camuflada por una ideología fetiche (el crecimiento), legitimada luego en una Constitución.

El neoliberalismo como continuación de la política fujimorista por otros medios

La Constitución de 1993 convalidó lo ganado en el frente económico, en términos de las nuevas relaciones con el capitalismo globalizado (la “burguesía imperialista” en  el marco del análisis leninista); pero la Constitución del 93 fue además el resultado de la imposición[10], para lo cual el hoy encarcelado ingeniero Fujimori, elegido democráticamente en 1990, tuvo que liquidar a sus opositores políticos en el congreso mediante el autogolpe con los tanques en las calles de Lima, inaugurando así un gobierno autoritario cuyo plan (siguiendo las recomendaciones de su asesor Vladimiro Montesinos) comprendió también el copamiento total del resto de los poderes del Estado, propiciando con ello las condiciones para las alianzas o los grandes negocios en las sombras con el poder económico y los intereses mercantilistas. Ese fue el neoliberalismo que tuvo el Perú de los 90 en adelante,  que las "democracias delegativas" (Guillermo O´Donnell) de Toledo, García 2, Humala y Kuczynski/Vizcarra continuaron aplicando en "piloto automático" desde el 2000 hasta la actualidad.

Parafraseando una conocida frase proveniente del general prusiano von Clausewitz, el neoliberalismo en el Perú ha sido la continuación del fujimorismo pero por otros medios.

El neoliberalismo peruano como régimen político engendró, alentó y apañó la corrupción, el enriquecimiento y los negocios en las sombras por todos sus poros así como en todas las esferas y espacios del poder: Ejecutivo, Congreso, administración de justicia, en las grandes empresas, los partidos políticos, la tecno burocracia privada y estatal, los gobiernos locales, los liderazgos, gremios empresariales, la gran banca, prensa y medios de comunicación. Si la política hoy en el Perú está enferma es porque en lugar de actuar en función del servicio público y de asumir la defensa de lo común, se ha vuelto adicta, dependiente de los negocios y del dinero fácil. De ahí la presencia muy activa de tantos oportunistas y tránsfugas que han pervertido y prostituido lo político y la política en el país.

Las elites y los grupos de poder en el Perú han revelado con sus recientes actitudes que mantienen la mentalidad de los hacendados del pasado, pero es importante reconocer que el sistema de explotación ha cambiado. El capitalismo siempre fue un sistema de explotación, apropiación, dominación y conflicto; lo cual en países como el Perú y otros de América Latina puede ser comprendido mediante el concepto de heterogeneidad histórico-estructural. En resumidas cuentas, en el Perú lo que realmente existe es una economía capitalista desigualmente distribuida, con distintos niveles de “desarrollo” en las regiones, estructural y desigualmente acoplada al orden capitalista mundial, pero que es gobernada por intereses mercantilistas, cuya racionalidad es presidida por una mentalidad hegemónica arcaica y políticamente reaccionaria frente a toda propuesta de reforma o de cambio estructural. Todo esto dio lugar a un patrón de poder que fue articulado (desde los 90) por un orden económico y un régimen político neoliberales que, treinta años después, son a todas luces cada vez más insostenibles.

Dicho “orden” y ese “régimen” (mejor dicho, este patrón de poder) están en crisis en el Perú y las recientes elecciones presidenciales, ad portas de “celebrar” el Bicentenario, son la fiel expresión de ello.

Cuando el profesor Pedro Castillo reciba el reconocimiento oficial como nuevo Presidente del Perú, recibirá un poder formalmente reconocido por la actual Constitución; una Constitución que fue el producto del autogolpe del 5 de abril de 1992, en nombre de la cual el país ha sido gobernado durante los últimos 30 años y que sirvió de marco para el "crecimiento económico" con desigualdad y exclusiones, que ha llevado a la actual "polarización". Ese crecimiento ha significado enriquecimiento y acumulación de poder económico para las elites empresariales y sus círculos de influencia, mientras que para las mayorías significó solamente un crecimiento estadístico, subalternización y sometimiento social a las prioridades del capital.

La agitada coyuntura de junio

Las elecciones realizadas el 6 de junio, los resultados y las reacciones que se han venido dando, sacaron a flote las miserias especialmente desde la diestra social y política, que se niega a aceptar en todos los tonos su eventual derrota. ¿Por qué? Porque la presidencia del Perú, con todo lo simbólico que encierra, a lo largo del tiempo, ha sido convertida por el neoliberalismo en una mercancía que se puede comprar y vender, y por tanto –como toda mercancía— tiene una relación costo-beneficio. Porque quienes estuvieron en ese cargo en los últimos 20 años llegaron allí por compromisos con el poder económico, que es el poder que realmente ha venido gobernando en el Perú[11]. Postular, promocionar o proyectar candidaturas presidenciales, en países como el Perú, se ha convertido en parte de un sistema de apuestas, un mercado de futuros o una bolsa de valores sui géneris, donde se invierte mucho capital-dinero por un determinado personaje con aspiraciones presidenciales, o en la forma de una cartera de opciones (por eso la derecha peruana siempre ha contado con diferentes patrocinadores, para escoger). En el Perú se hace política para lucrar a costa del Estado y se gobierna priorizando los intereses del poder económico, del cual depende el "cálculo político" y electorero antes que (y por encima de) cualquier otra consideración.

El fracaso electoral, por tercera vez, de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi disputando la presidencia del Perú (2011, 2016, 2021), es también el de toda la derecha económica y política que condujo el país en las últimas décadas.

Esas fuerzas se niegan a aceptar su derrota en las urnas y buscan evitar por todos los medios que se instaure en el país un gobierno popular (no populista) liderado por un profesor cajamarquino, ex dirigente del SUTEP (Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación Peruana) y de las rondas campesinas; gobierno cuya principal tarea consistiría en dedicarse a la redistribución de los excedentes del "crecimiento" (actualmente hay un boom de precios de los minerales que el Perú exporta), emprendiendo al mismo tiempo algunas trascendentales reformas político-institucionales y propicie la participación organizada de la población en la resolución (no solo la atención gubernamental) de sus necesidades y carencias en materias como salud, educación, servicios básicos, infraestructuras.

So pretexto de un supuesto “fraude” no demostrado fehacientemente, Fuerza Popular (la organización política de la “señora K”) desató y animó toda una campaña mediática así como psicosocial para exacerbar los ánimos, dividiendo a la población con expresiones y manifestaciones racistas provenientes de las elites limeñas; con mensajes explícitos, encubiertos o peyorativos contra la población andina, amazónica, indígena y contra todo lo que proviene del “Perú profundo”, por haber votado a favor del profesor Pedro Castillo; contando desde el comienzo de la campaña electoral con la acogida que se les dio en los medios de comunicación controlados por el poder económico.

Los comportamientos racistas y etnicistas en las calles, en medios masivos de comunicación así como los discursos del odio, dieron hasta la impresión de haber vuelto al Perú de las épocas de las haciendas y de los patrones, que desde la colonia sojuzgaban a sus indios y esclavos de otras razas (negros, coolíes chinos); o –para no ir muy lejos— un retorno a los tiempos de la “república aristocrática” de comienzos de siglo y del “Estado oligárquico” antes de 1968; retomando dichos comportamientos los símbolos provenientes de un pasado relativamente lejano que se creía superado (el fascismo), junto al efecto multiplicador que sus promotores han pretendido generar para seguir azuzando el miedo, añadiéndole la fobia y el menosprecio para con “los de abajo”, con la finalidad ya no solo de “terruquear” (es decir, etiquetar a cualquiera de “terrorista” por el solo hecho de discrepar o pensar diferente) sino también de contagiar y masificar su propio comportamiento paranoico a toda la población.

Todas las rabietas y pataletas de la “señora K” expresaron asimismo la rabia del poder económico: la millonaria campaña que desplegaron en sus medios de desinformación, con la finalidad de demonizar al profesor Castillo, haciendo cundir el susto y el pánico con el fantasma del "comunismo", se les cayó, fracasó, no tuvieron el impacto que esperaban. Fue una inversión de dinero inútil. Sin embargo, el "modelo" ha sido y seguirá siendo la línea divisoria, la marca de agua, el factor de la polarización social y política.

La “señora K” (no necesariamente el fujimorismo) ha pasado a ser un episodio efímero en la actual coyuntura; políticamente es un “cadáver insepulto” (Atilio Borón) y el juicio que le espera constituye su último escenario de presencia pública, antes del verdadero entierro (la cárcel). Pero este hecho apenas permitirá voltear la página de un capítulo de la historia, porque la verdadera confrontación que se perfila en el horizonte más o menos inmediato es otra.

2021 en delante: un periodo abierto

Si se confirma la victoria electoral del profesor Castillo y recibe el reconocimiento oficial como Presidente del Bicentenario, su eventual gobierno podría significar un punto de quiebre, o el inicio de un proceso de bifurcación, pero que dependerá de lo que haga desde el cargo que ocupará a partir del 28 de julio. De él mismo, de sus colaboradores más cercanos, de los ministros que elija, de sus alianzas y relaciones con el Congreso, pero (y esto no es lo menos importante) también desde una ciudadanía movilizada, activa y vigilante, desde las organizaciones del campo y la ciudad, desde las regiones, pueblos, comunidades así como desde las territorialidades.

Transitar por un periodo de transición histórica, de cambios y transformaciones, pasa necesariamente por librarse (pasar de un capítulo a otro de la historia peruana) del corsé del “modelo”, aprendiendo asimismo a perder el miedo ante los chantajes fantasmagóricos del “comunismo”, pues se trata de otra forma de conspiración por parte de quienes detentan el poder económico. Las grandes soluciones a los problemas de un país como el Perú, de aquí en adelante, tienen que venir principalmente de los pueblos, los trabajadores, las mujeres y jóvenes que se movilizan y se organizan para actuar colectivamente, desde los territorios, barrios, comunidades y todo espacio que sea susceptible de convertir en escenario de disputa por derechos, necesidades desatendidas, recursos públicos; pues esa ha sido siempre la historia del Perú: la que han hecho los pueblos con sus rebeliones, movilizaciones y capacidad de presión. El poder no radica únicamente en la formalidad del voto, que las elites convierten en ilusión y hasta un engaño; el poder tampoco descansa exclusivamente en la investidura presidencial, ni en las atribuciones de ministros, congresistas, o funcionarios públicos. El Poder es una construcción social.

Son los poderes fácticos en el Perú los que verdaderamente le tienen miedo al futuro. En el Perú del siglo XXI el poder económico y sus expresiones políticas como el fujimorismo, necesita invocar fantasmas y espectros como el "comunismo" para mantener los privilegios, ventajas económicas y capitales que logró acumular a lo largo de las tres últimas décadas.

Sin agitar permanentemente los fantasmas del pasado las élites en el Perú no pueden vivir ni continuar haciendo sus fortunas. Por eso necesitan asociar forzosamente cualquier idea, pensamiento, o propuesta que no encaje con su "modelo" con el populismo, el chavismo, estatismo y "comunismo", para poder conjurar sus propios miedos a lo nuevo que se vislumbre en el horizonte. La derecha en el Perú tiene miedo al cambio, y necesita alienar masificando sus miedos al resto de la sociedad. Quieren tener a las mayorías sociales aprisionadas y encerradas en una jaula de hierro weberiana, en una prisión mental eurocéntrica.

El Perú es uno de los países (si es que no el único) de América Latina que se destaca no solamente por los mayores indicadores de desigualdad social, económica y de destrucción ambiental. También destaca en lo político por algunas cosas más:

• El Estado más corrupto de su caótica historia republicana, cerca de cumplir 200 años.
• La "clase política" más ladrona y facinerosa que haya gobernado nunca jamás.
• Un sistema y régimen político que favorece la aparición y manutención de organizaciones como Fuerza Popular (la "número 1").
• Una derecha que es posiblemente la más "bruta y achorada"[12] de la región sudamericana, incapaz de pensar porque solamente sabe vociferar[13].
• Una lideresa fujimorista (la “señora K”) ególatra y enferma de poder, que pretendió entre 2016 y 2019 gobernar el país desde la mayoría sumisa, obediente y corrompida de Fuerza Popular en el “Kongreso” de esos años. Este personaje pernicioso y dañino está dispuesto a hundir más al Perú en la crisis política que atraviesa[14], con tal de librarse de las acusaciones fiscales por la recepción de fondos ilegales y lavado de dinero.

La verdadera lucha debe apuntar contra todo eso, para poder avizorar un horizonte de sentido diferente para el país, lo que Aníbal Quijano sintetizaba de manera magistral como la descolonialidad del poder. Como afirmaba una destacada psicoterapeuta en una entrevista: “En este país nunca nos han enseñado a pensar, a razonar, porque era peligroso"[15]; tan peligroso sigue siéndolo que ya tiene una historia de 500 años, porque vino con la conquista y se instauró como parte de la colonialidad del poder en el Perú. Recuperar la política, lo público, lo estatal, para reducir la desigualdad, o utilizarla para otros propósitos loables, implica –coincidiendo con la opinión de la citada doctora— "empezar a pensar" con sentido crítico, pero también recuperar la política y el hacer político sobre nuevas bases, radicalmente diferentes a las harto conocidas (las que implantó la modernidad/colonialidad eurocentrada), sin perder de vista que el Perú forma parte de un sistema-mundo en descomposición.

Junto a lo anterior, es necesario decir que las ciudadanías y las mayorías sociales han demostrado tener no solamente un poder de movilización sino también un poder en el voto; pero tiene además otro poder del que no es plenamente consciente: la capacidad y el poder de organizarse para empezar a contrapesar todo ejercicio de la autoridad que viene y se impone desde arriba. Organización desde los barrios, en los distritos, por sectores, para defenderse frente los abusos y cobros excesivos, para exigir reformas o normativas más equitativas. Esta dinámica desde la sociedad, o lo social, desde las ciudadanías que se organizan para hacer respetar sus derechos, para impedir o al menos neutralizar el poder de los monopolios sobre la vida cotidiana, para generar poderes desde los territorios y localidades, puede contribuir a generar cambios significativos en la política, el ejercicio democrático, en la renovación de la "clase política". No es solamente con reforma constitucional que cambiará el Perú. Lo más importante y estratégico es potenciar y articular a las nuevas e insurgentes formas sociales, así como de poder popular, que van apareciendo como resultado de las luchas de resistencia o de oposición contra el capitalismo y sus agentes neoliberales. Allí descansa el germen de un verdadero poder constituyente.