En medio de las tensiones que vive Colombia en sus relaciones internacionales con las hermanas repúblicas de Ecuador y Venezuela, luego de acusaciones de relaciones de los gobiernos de ambos países con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el anuncio de la instalación de 7 nuevas bases militares de los Estados Unidos en el país, el presidente Alvaro Uribe inició una gira por Sudamérica, llegando este miércoles a las 16h00 a Paraguay.

 

Uribe inicia así una ofensiva internacional de intentar legitimar una política claudicante con EE.UU y violatoria de los derechos humanos al interior de su país, y la comenzó en Perú, donde dialogó con Alan García, y fue bajando la cordillera de los Andes.

 

El día de hoy se traslada a Paraguay, donde se encuentra con uno de sus últimos aliados en la región y con quien desarrolla una cooperación en términos de Seguridad, que se encuentra encuadra dentro de la ampliación del Plan Colombia.

 

El presidente Uribe, uno de los lideres de derechas más resistido por los movimientos sociales del continente y criticado por los gobiernos de izquierda de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y observado por gobiernos progresistas como los de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, devuelve la gentileza a su par paraguayo, Fernando Lugo, quien en octubre pasado fue a reafirmar en Bogotá el pacto de seguridad firmado en el 2005 con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

 

Uribe, busca que el Paraguay apoye la instalación de las bases militares estadounidenses en Colombia, o por lo menos, que durante la próxima Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), no tome una posición dura contra el país, pues se prevé una Cumbre muy tensa debido a los últimos acontecimientos que se viven en la región.

 

Uribe teme que la UNASUR tome una posición de condena o de rechazo al convenio con Washington, para fortalecer los enclaves militares en el continente, y así minar los procesos revolucionarios que se viven en Venezuela, Ecuador, Bolivia, por medio de operaciones de guerra de baja intensidad, apoyando golpes, como el ocurrido en Honduras.

 

 

La política bilateral entre los gobiernos de Paraguay y Colombia se ha fortalecido en términos de seguridad en los últimos 4 años, en la formación de fiscales, policías y militares, dentro de la lógica de la Seguridad Democrática desarrollada por el gobierno uribista.

 

Es justo, en este sector, del área de seguridad, en que el nuevo gobierno nacional no tiene posibilidad de incidencia, y donde la derecha sigue fuertemente arraigada, y es desde allí donde se aplican las medidas de represión y criminalización de la protesta social.

 

Es en el área de seguridad, donde elementos del partido colorado y la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, el partido del golpista Lino Oviedo, siguen teniendo elementos claves en la dirección de la política represiva, el presidente no ha podido controlar por lo menos a los cuerpos de seguridad de la Policía y las Fuerzas Armadas.

 

En momentos de la llegada del presidente Uribe al país, se ha desarrollado toda una campaña mediática, relacionada con  la existencia del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), encontrando el fin de semana un supuesto campamento de miembros de este grupo armado, en el terreno de un dirigente campesino Alejandro Ramos , de la Articulación Rural y Urbana de Concepción (ARUC),  vinculada a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).

 

En el citado campamento encuentran el día de ayer -enterrados supuestamente- unos 28 mil dólares, que serían parte del rescate pagado por la liberación de un secuestrado, o bien dinero que provendría, según los medios de comunicación y los investigadores, del Gobierno venezolano.

 

La investigación del caso, muy llamativamente se encuentra en manos de una fiscal, que fuera formada y especializada en delitos de secuestro, antiterrorismo, entre otros, por el gobierno colombiano y los Estados Unidos, Sandra Quiñónez, quien en sus manifestaciones no descarta cooperación guerrillera internacional, entiéndase las FARC.

 

Es decir, aprovechando la visita del señor Uribe, se vuelve a montar todo el escenario de una supuesta relación entre los movimientos sociales, grupos guerrilleros locales y las FARC, y ahora con la financiación del Gobierno venezolano, pues desde Colombia se sostiene que el Presidente Chávez estaría financiando a las FARC.

 

Todos los elementos y condimentos necesarios para que la cooperación en términos de seguridad entre Colombia y Paraguay continúe, además de tener como moneda de cambio el apoyo del Paraguay a la soberanía colombiana de determinar si instala o no bases militares de  Estados Unidos en el país sudamericano.

 

De hecho, el presidente Lugo, en declaraciones a la prensa realizadas esta mañana al abandonar el domicilio de un referente del teatro nacional, al ser consultado sobre la instalación de bases militares de los Estados Unidos en Colombia manifestó “cada país es soberano de decidir” y se retiró raudamente del lugar.

 

Demás esta decir, que en la reunión que mantendrán esta tarde Uribe y Lugo, Paraguay manifiesta su respeto a la soberanía colombiana con respecto a las bases militares en ese país, además de un posible anuncio de continuar y ampliar la cooperación en términos de seguridad entre ambos países, pues el lunes el Canciller Nacional,  Héctor Lacognata, realizó una visita oficial a Colombia con una agenda de variados temas.

 

De tomar el Paraguay una posición neutra ante la instalación del enclave militar de Washington en Colombia, se toma una clara posición con respecto a los riesgos que corren los gobiernos de la región, de seguir la misma suerte de Honduras, pues Colombia se convertirá en el portaaviones de la desestabilización en la región.

 

El presidente Lugo debe terminar de una vez con la cooperación en términos de seguridad con el Gobierno colombiano, pues ante la imposibilidad de que el mismo pueda tener influencia en el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad, no se puede seguir enviando a estos a ser formados dentro de la lógica de la guerra interna contra los movimientos sociales.

 

Los 6 campesinos muertos en menos de un año, los 577 procesos judiciales abiertos a lideres campesinos, los más de 500 desalojos violentos, las masivas represiones que se llevan adelante, deben ser tenidos muy en cuenta por el Ejecutivo para terminar con la formación de represores que lo único que hacen es debilitar su gobierno, restándole el apoyo social.

 

 Es claro que el Presidente Lugo no controla el sector seguridad, pero también es claro que tiene la posibilidad de terminar con cooperaciones que atentan contra su propia base social, y para ello deberá distanciarse del Gobierno colombiano, y sentar una posición clara contra el intento de desestabilización que Washington busca por medio de la instalación de las bases en Colombia.

 

- Orlando Castillo Caballero es Abogado de Derechos Humanos, objetor de  conciencia, antimilitarista y miembro a titulo personal de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas.